La Gaceta Jurídica

El derecho a la libertad de sindicalización

Cada 1 de mayo el presidente Evo Morales estila realizar sendos actos políticos tendientes a reafirmar su condición de gobierno de “cambio”, fecha simbólica que en los últimos años sirvió no solo para promover el incremento del salario mínimo nacional, sino también para decretar “nacionalizaciones”.

La constitución garantiza la sindicalización solo con el requisito de que los trabajadores y trabajadoras se organicen.

La constitución garantiza la sindicalización solo con el requisito de que los trabajadores y trabajadoras se organicen. Foto: capinota.wordpress.com

Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 26 de mayo de 2015

El 1 de mayo es una suerte de fecha emblemática, pues es una costumbre que los trabajadores del país esperen ansiosos las medidas y “regalos” que el Gobierno asigna en este aniversario, tal como sucedió este año, cuando el Ejecutivo emitió una serie de decretos supremos, entre los que se encuentra el DS 2349, referido a la personería de los sindicatos.

En efecto, revisado en detalle, uno se da cuenta de que la citada norma (compuesta por un artículo único y una disposición transitoria), lejos de promover la independencia sindical y fortalecer la lucha del movimiento obrero boliviano, lo que hace es subordinarlo de modo abiertamente arbitrario al Gobierno y, por ende, el partido de turno.

El mismo establece que todas las “personalidades jurídicas” de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras –para tener validez– deben ser tramitados ante el Ministerio de Trabajo y, posteriormente, obtener la respectiva resolución suprema emitida por el mismo presidente Evo Morales. Es decir, que solo podrán existir aquellos sindicatos y organizaciones que sean autorizadas y aprobadas por el Presidente del Estado.

Al respecto, cabe recordar a los personeros del Gobierno que la Nueva Constitución, aquella emergente de las luchas y movilizaciones sociales, establece directrices contrarias a lo estipulado en la norma citada, puesto que se consagra el derecho a la libertad de sindicalización, previsto en el artículo 51.IV.

Este acápite constitucional se afirma que “los sindicatos gozan de personalidad jurídica por el sólo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices”, de esto se debe subrayar que la misma Constitución establece que un sindicato o federación goza de personería jurídica solo por el hecho de organizarse, sin necesidad de autorización previa ni especial, tal como se pretende imponer mediante el irregular Decreto Supremo 2349.

A su turno, el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), en la Sentencia Constitucional N° 0638/2013 de 28 de mayo, ha desarrollado los alcances del derecho a la libertad de sindicalización con una pulcritud destacable, apuntando que este derecho “contiene una profunda significación histórica y cultural”, ya que se encuentra previsto en el mismo Preámbulo de la Constitución que reconoce las luchas sindicales como parte de los movimientos que forjaron la construcción del Estado boliviano.

De esta forma, “el Estado (debe) respetar la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos”; es más, el mismo tcp, entre las tesis jurídicas concluyentes en la ratio decidendi (razón para decidir o razón suficiente) del fallo referido, concluye que “las y los trabajadores sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes” (tcp dixit).

De esa manera queda reafirmado el artículo 51 constitucional, que no limita ni condiciona el ejercicio del derecho a la libertad de sindicalización a una autorización o aprobación previa del Presidente del Estado.

Al presente, si partimos de la premisa contenida en el artículo 203 constitucional y el artículo 15 del Código Procesal Constitucional que establecen que la sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio y tienen efecto vinculante, pues habría que concluir que el citado DS 2349 es groseramente lesivo a la Constitución Política del Estado cuanto a la misma jurisprudencia constitucional.

Resta ahora saber si ese alto tribunal de justicia hará respetar sus fallos como en Derecho corresponde o, en su caso, sucumbirá ante las presiones.

Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional (UMSS) en Cochabamba.

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