La Gaceta Jurídica

Los derechos fundamentales y su protección a través del bloque de constitucionalidad

El término “Constitución” denota no ya una organización política cualquiera, sino una organización política liberal y garantista. La Constitución es concebida aquí como límite al poder político

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Derecho FOTO: eurocles.com

La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima*

00:00 / 20 de enero de 2015

La Constitución de Bolivia y la protección de los derechos

Se ha cumplido el quinto aniversario de la Constitución boliviana; tiempo suficiente para perfilar algunos de los ejes temáticos que requieren un indispensable análisis y evaluación objetiva. Así, se puede destacar: Estado Plurinacional, Carta de Derechos, Organización Estatal, Constitución Autonómica, Constitución Económica, Sistema Político, Reforma Constitucional, etc.; sin embargo, en esta oportunidad nos ocuparemos de delinear algunas ideas respecto a la Carta de Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución.

Conviene precisar que, según Riccardo Guastini, para la filosofía política el término “Constitución” es comúnmente utilizado, en su sentido originario, para denotar cualquier ordenamiento estatal de tipo liberal-garantista; un ordenamiento en el que la libertad de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado esté protegida mediante oportunas técnicas de división del poder político.

Es así que el originario concepto liberal de Constitución fue puesto en claro por el artículo 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Declaración de los Derechos Humanos y Ciudadanos) de 1789, que estableció lo siguiente: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene Constitución”.

En este contexto, evidentemente, el término “Constitución” denota no ya una organización política cualquiera, sino una organización política liberal y garantista. La Constitución es concebida aquí como límite al poder político (precisamente porque establece los derechos de las personas y las formas idóneas de garantizarlos).

En este sentido, el ámbito de los derechos fundamentales se perfila como uno de gran interés, más aún si se considera el enorme catálogo que prevé la Constitución boliviana, cuya importancia radica en que constituye un parámetro para asegurar los límites al ejercicio del poder político para así lograr una pacífica convivencia en sociedad, es decir, en una sociedad donde se tenga seguridad y certeza sobre los derechos que debe respetar y proteger el Estado.

La naturaleza jurídica de los derechos fundamentales

De acuerdo a lo expuesto por el jurista peruano Víctor García Toma en su obra “Derechos Fundamentales”, se puede señalar que, históricamente, el término “derecho fundamental” (Grundrechte) es una invención alemana del siglo XIX, habiendo sido empleado por primera vez en la Constitución Alemana de 1849, aprobada por la Asamblea Nacional de Frankfurt (2), la cual incorporó un título especial denominado “Los Derechos Fundamentales del Pueblo Alemán”.

Desde aquel tiempo hasta la actualidad, el término ha sido acogido con gran aceptación, habiendo pasado a formar parte del lenguaje común.

En el caso de Bolivia, la Constitución de 1967, sancionada por la autodenominada “Asamblea Constituyente” de ese año, ya comenzó a emplear la nomenclatura de “Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona” para desarrollar la sección dogmática de su texto constitucional.

En este contexto, los derechos fundamentales pueden ser definidos como aquella porción de los derechos humanos que se encuentran garantizados y tutelados de manera expresa o implícita por el ordenamiento constitucional de un Estado y su denominación responde al carácter básico o esencial que tienen dentro de todo el ordenamiento jurídico, más aún si se considera que “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene Constitución”.

En otras palabras, los derechos fundamentales son todos aquellos reconocidos y organizados por el Estado, por medio de los cuales la persona, en los diversos ámbitos de su vida, realiza y desarrolla su comportamiento dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico estatal.

En consecuencia, su incorporación en la normativa vigente, conlleva ciertas consecuencias, como ser: a) Que sean observados como derechos subjetivos o facultades que garantizan a sus titulares el status de humanidad.

b) Que se conviertan en una responsabilidad del Estado y su preservación sea una de las finalidades esenciales para su subsistencia.

c) Que se constituyan en componentes básicos e indispensables del ordenamiento jurídico, por lo que no pueden ser inobservados en ninguna de las relaciones jurídicas que se suscitan entre particulares o de éstos con el Estado.

Por otro lado, es notable que en la actualidad las fuentes del Derecho muestren una diversidad conceptual entre las expresiones “derechos humanos”, “derechos fundamentales”, y “derechos constitucionales”, aunque en muchos casos dichos términos son utilizados con carácter equivalente.

Sin embargo, es posible precisar que los derechos humanos aparecen como expresión de reconocimiento y compromiso de los Estados para su respeto, promoción y vigencia en los tratados internacionales suscritos para ese efecto.

En tanto, los derechos fundamentales fluyen del contenido de los textos constitucionales que rigen la vida de los Estados democráticos y, asimismo, los derechos constitucionales se entienden como aquellos insertos y reconocidos en la misma Constitución como Ley Fundamental y sujetos a distintos mecanismos de protección interna.

Ahora bien, en la doctrina constitucional contemporánea, Robert Alexy ha determinado algunas características de los derechos fundamentales que pueden ser entendidas de la siguiente manera:

a) Gozan de máximo rango no solo por ser producto de la jurisprudencia constitucional de carácter vinculante, sino porque, en muchos casos, se encuentran consignados ampliamente en los textos constitucionales (Bolivia, Colombia, Ecuador) y rigen como normas generales y superiores sobre el resto de las disposiciones normativas.

b) Poseen máxima fuerza jurídica, lo que implica descartar la lectura simbólicamente programática de estos derechos, dado que los distintos niveles de organización del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral en el caso de Bolivia), así como en los diversos actos del ámbito privado, deben observarlos, promoverlos y tutelarlos.

c) Poseen máximo grado de importancia e indeterminación, dado que no regulan cuestiones intrascendentes, sino que rigen para los elementos estructurales de la sociedad y de la persona humana (vida, dignidad, libertad, propiedad, seguridad, etc.). Asimismo, su configuración normativa es bastante escueta respecto a los supuestos de hecho sobre los cuales han de aplicarse; en consecuencia, los derechos se realizan y materializan en virtud a las técnicas de interpretación que utilice el órgano encargado de su protección, lo que les otorga la ductibilidad necesaria para adaptarse a todo tiempo y circunstancia.

Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional

Entonces, un Estado puede llamarse Constitucional, o provisto de Constitución, solo si cumple dos condiciones (necesarias y suficientes):

1. Que estén garantizados los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado (lo que se refleja en las distintas Acciones de Defensa que prevé la Constitución boliviana).

2. Que los “poderes” del Estado (en realidad, los órganos de poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y, en nuestro caso, Electoral) estén divididos y separados, es decir, que se ejerzan por órganos diversos (esto, en relación al Principio de Separación de Funciones previsto en el artículo 12 constitucional).

En el caso de Bolivia, que ahora pretende distinguirse como un Estado Constitucional, los rasgos principales de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política del Estado están contenidos en el artículo 109, que expresa la esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir:

a) Con igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos.

b) Con directa aplicabilidad de todos los derechos (3).

c) Con directa justiciabilidad de todos ellos, a través de las acciones y mecanismos defensa.

La igualdad jerárquica de los derechos supone básicamente que ninguno está por encima de otro, sino que todos son fundamentales y se encuentran tan estrechamente relacionados en un plano de igualdad que no pueden ser perjudicados en su libre ejercicio.

Así, en caso de conflicto se deberá efectuar una ponderación suficientemente justa y equilibrada, de tal forma que no se llegue a desnaturalizar la esencia de ninguno de ellos. Actuar en sentido contrario sería consentir una injusticia y significaría una afrenta a la misma Constitución.

La directa aplicación de los derechos significa que estos no requieren necesariamente de un desarrollo legislativo para su cumplimiento, dado que, por su reconocimiento constitucional y la fuerza expansiva de las normas de la misma Constitución, éstos se sitúan en un plano preferente de aplicación, considerando que la Constitución es una norma jurídica cualitativamente distinta de las demás y situada por encima de ellas, por lo que, la observancia de la carta de derechos es ineludible para todos y todas, gobernantes y gobernados, ello con el propósito de vivir libres de arbitrariedades.

La directa justiciabilidad de los derechos está vinculada a que éstos no son simplemente postulados líricos sin mayor resonancia, sino que poseen mecanismos eficaces e idóneos de defensa que la misma Constitución prevé a fin de asegurar la protección integral e inmediata de los derechos de cualquier persona, en caso de amenaza o vulneración directa e ilegítima, lo que también supone una forma de defensa de la Constitución.

A este efecto, la misma Constitución establece las Acciones de Defensa, que, prácticamente, constituyen las acciones procesales destinadas a tutelar en forma efectiva, pronta y oportuna la vulneración de los derechos, en caso de amenaza, restricción o supresión directa e injustificada por parte de cualquier persona, se encuentre o no en situación de autoridad.

En este sentido, la Constitución aprobada en 2009 establece un mecanismo de control tutelar de los derechos fundamentales, con la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, operando como límites naturales al ejercicio del poder público del Estado.

De ahí que, el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), según lo dispuesto por el artículo 202 numeral 6 constitucional, debe ejercer este control a través de la revisión de las resoluciones emitidas a la conclusión de los procesos constitucionales emergentes de las siguientes Acciones de Defensa:

Acción de Libertad (artículos 125 al 127), Acción de Amparo Constitucional (artículos 128 al 129), Acción de Protección de Privacidad (artículos 130 al 131), Acción de Cumplimiento (artículo 134 constitucional) y Acción Popular (artículos 135 al 136 constitucionales).

El análisis, revisión y resolución de los conflictos tutelares supone una evaluación integral del estado de situación del derecho vulnerado, para analizar el grado de su afectación y las posibilidades de su restitución inmediata, que también debe ser oportuna en caso de que el derecho hubiese sido dañado por una acción de hecho ejecutada en forma ilegal, a cuyo efecto deberá analizarse también la conveniencia de aplicación de una medida cautelar, en el caso concreto, para salvaguardar a la persona.

En todo caso, la protección de los derechos no se agota con la utilización de las vías procesales que se encuentren previstas en nuestro sistema constitucional, sino que, además, las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran abiertas y accesibles para denunciar la vulneración de nuestros derechos.

Este no es un dato menor, sino más bien uno de mucha importancia en tiempos en que algunos países deciden privar a sus ciudadanos de este medio de defensa, cuando renuncian a la jurisdicción de esta Corte que, con sus bemoles y tropiezos, es una garantía de no impunidad frente al eventual ataque de los detentadores del poder.

Continuará

Notas

1. Algunas de las ideas desarrolladas en este trabajo fueron brevemente expuestas en el Seminario “Consideraciones necesarias para el inicio de la gestión legislativa 2015”, organizado por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz y que se llevó a cabo el 8 de enero del presente en dependencias de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. La Constitución de Fráncfort de 1849, conocida en alemán como Paulskirchenverfassung (“Constitución de la Paulskirche“), fue la primera constitución de un imperio alemán (nótese que el término “Imperio Alemán” se asocia generalmente con el fundado en 1871 por Otto von Bismarck, pero que éste no fue el primero). El título real del documento era Verfassung des Deutschen Reiches (“Constitución del Imperio Alemán”). Fue proclamada por el parlamento reunido en la Paulskirche de Fráncfort, el 27 de marzo de 1849 y entró en vigor el 28 de ese mes, cuando fue publicada en el boletín del estado Reichs-Gesetz-Blatt 1849, páginas 101 a 147. Mayor información y detalles sobre esta Constitución, pueden verse en: http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Fr%C3%A1ncfort_de_1849

3. El principio de aplicación directa y eficaz de derechos fundamentales en el orden constitucional vigente.- El régimen constitucional vigente a partir del referendo constitucional de 2009 diseña un nuevo modelo de Estado, cuyo sustento estructural encuentra razón de ser en el respeto a los derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad, reconocido por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

En ese contexto, este pilar esencial del Estado Plurinacional de Bolivia encuentra validez material en el reconocimiento expreso del principio de aplicación directa de derechos fundamentales, el cual se encuentra taxativamente reconocido por el artículo 109.I de la CPE, cuyo tenor señala: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”.

El principio de aplicación directa de la Ley Fundamental, que además por antonomasia comprende a la aplicación eficaz de derechos, está íntimamente ligado con el valor axiomático de la Constitución, postulado a partir del cual el fenómeno de constitucionalización o de irradiación del contenido de la Constitución en el orden jurídico y social no se realizará solamente en cuanto a las normas positivas de rango constitucional, sino también en relación a las directrices axiomáticas rectoras del orden jurídico e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, como ser los valores justicia e igualdad, razón por la cual solamente a partir de esta concepción puede sustentarse la eficacia del valor normativo de la Constitución.

En el marco de lo señalado, el valor normativo de la Constitución axiomática, como es el caso del texto aprobado en 2009, asegura la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las autoridades jurisdiccionales, cuyas decisiones deben enmarcarse en los valores justicia e igualdad, como postulados esenciales del principio de razonabilidad de las decisiones, el que, a su vez, irradiará el contenido esencial de los derechos fundamentales y consolidará la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0121/2012, de 2 de mayo de 2012).

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) y responsable del blog jurídico: Tren Fugitivo Boliviano (http://alanvargas4784.blogspot.com/), [email protected]

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