La Gaceta Jurídica

Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico

Transcurrido el plazo de tres meses desde el dictado de la sentencia, cualquier parte podrá solicitar la remisión de la cuestión a la Gran Sala, integrada por 17 jueces del Tribunal, la que se pronunciará de manera definitiva.

Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico

Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico FOTO: teachdontpreach.ie

La Razón (Edición Impresa) / Ruth María Ivonne Balderrama*

00:00 / 23 de diciembre de 2015

(Parte II)

Regionalización de los derechos humanos

Cuando culminó la Segunda Guerra mundial los Estados del continente Europeo perdieron el liderazgo hegemónico del mundo, las nuevas potencias triunfadoras de esa gran conflagración mundial dividieron al mundo en dos bloques, uno occidental con la hegemonía estadounidense y otro oriental con la hegemonía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Frente a este nuevo mapa político las naciones europeas trataron de recuperar el poder perdido, para ello establecieron mecanismos regionales de integración, tanto en lo económico como en lo político, hasta llegar a la conformación de la Unión Europea (ue). Paralelamente a este proceso se fue gestando un sistema de cooperación que se concretó con la creación del Consejo de Europa (ce) por medio del Estatuto de Londres de 1949.

El Estatuto prevé la estructura orgánica del Consejo: la Secretaría General, el Comité de Ministros y la Asamblea Consultiva o Asamblea Parlamentaria. Tanto el Consejo de Europa como los órganos creados para la protección de los derechos humanos tienen sede en Estrasburgo.

Del ce surgió el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, consagrados mediante la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950, en vigor desde 1953. Esta Convención fue complementada primero con cinco protocolos adicionales, que luego fueron once, y la Carta Social Europea firmada en Turín en 1961, en vigor en 1965 y que contempla los derechos económicos y sociales.

La Convención posee varias secciones. En la primera están contenidos los derechos amparados originalmente por ella y su protección está garantizada no solo a los ciudadanos, sino a todos los habitantes del territorio de las partes contratantes (Estados miembros (em) de la Convención).

Las secciones segunda, tercera y cuarta establecen el  mecanismo a través de cual se garantiza la vigencia de los derechos enumerados en la primera sección. Para ello se creó dos órganos:

1. La Comisión Europea de Derechos Humanos (CEDH).

2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

CEDH

Composición. La cedh está integrada por un número de miembros igual al de los Estados parte (ep)  de la Convención, esto significa que la integran los em de la Carta Social Europea, que son Austria, Chipre, Dinamarca, Francia, República Federal Alemana, Irlanda, Italia, Noruega, Suecia, Gran Bretaña más Bélgica, Grecia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Suiza, Malta y Turquía.

Los magistrados son electos por el Comité de Ministros por mayoría absoluta de votos. Duran en sus funciones seis años y pueden ser reelectos. Ejercen sus funciones a título individual. Las decisiones son tomadas por mayoría de los magistrados presentes y votantes.

Competencia. Comprende las violaciones a la convención y sus protocolos adicionales efectuados por los ep.

Legitimación activa. Los ep pueden formular reclamos contra otros ep y contra individuos, grupos de individuos u organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidos por algún em de la Convención.

Las denuncias son interpuestas a través del Secretario General del Consejo de Europa, debiendo agotarse previamente los recursos de jurisdicción interna y ser entablados dentro de los seis meses de la resolución definitiva del proceso interno del Estado. No se admite demandas anónimas, mal fundadas, abusivas o que ya fueron analizadas por la Comisión o las que están pendientes de resolución en otro procedimiento internacional (litispendencia).

Si la Convención admite la demanda, procede a un contradictorio sobre las posturas de las partes en litigio, ordenando la realización de una Investigación cuando fuere necesario a fin de determinar la veracidad de los hechos invocados.

Concluida esta etapa, la Comisión podrá llamar a los interesados a un arreglo amistoso sobre la base del respeto a los derechos humanos. Si la propuesta es aceptada, se elabora un informe que contenga una breve exposición de los hechos y de la solución aceptada. Este informe se transmitirá  al Comité de Ministros, al Secretario General y a los ep para su publicación.

Si no se llega a una solución en los términos señalados, la Comisión elabora igualmente un informe que, debe determinar en forma de dictamen si los hechos comprobados constituyen una violación a la Convención. Este Informe  podrá contener las propuestas de la Comisión que estime adecuadas, será luego remitido al Comité de Ministros, a los Estados interesados y al demandante, quienes no tendrán la facultad de publicarlo. Esta restricción tiende a evitar que las conclusiones de la Comisión puedan ser utilizadas como argumento político entre los ep.

Luego de la remisión al Comité de Ministros y si habiendo transcurrido tres meses sin que las partes interesadas hayan sometido la cuestión al Tribunal, el Comité debe decidir, por mayoría absoluta de sus miembros, si hubo o no violación de la Convención.

En caso positivo dispondrá la adopción de medidas al Estado responsable de la violación y establecerá un plazo para su efectiva ejecución. Si las medidas no fueran adoptadas en el plazo establecido, el Comité decidirá, con la misma votación, cuáles serán las consecuencias por el incumplimiento y procederá a publicar el informe.

TEDH

Composición. El tedh está compuesto por un número de magistrados igual al del Consejo de Europa. Duran nueve años en sus funciones y no puede haber dos magistrados de un mismo  Estado.  

Cuando deba resolverse un asunto, el Tribunal se constituirá en una sala de nueve magistrados, entre los cuales deben estar los magistrados de la nacionalidad de los Estados interesados completándose el número requerido por sorteo.

Competencia. Ésta se extiende a la interpretación y aplicación de los alcances de la Convención, pero solo podrá ser requerida si el ep ha declarado oportunamente la competencia del Tribunal. La declaración debe ser remitida al Secretario General para su publicidad, puede ser efectuada en cualquier momento, no se requiere convenio especial, inclusive se puede formalizar bajo condición de reciprocidad o por un periodo determinado. Para el caso de que un Estado no haya formulado su declaración podrá someterse a la competencia del Tribunal en un caso particular si presta su consentimiento.

La competencia del Tribunal se extiende a la facultad de emitir opiniones consultivas, esta competencia le viene del Protocolo Adicional N° “2”.

Cuando la cuestión fuere planteada por un individuo, grupos de individuos u organizaciones no gubernamentales será sometida previamente a un comité integrado por tres magistrados, el que decidirá por votación unánime si la cuestión debe ser sometida al Tribunal o al Comité de Ministros para que éste tome intervención tal como lo prevé el artículo 32.

En cualquier caso, para que el Tribunal se avoque deberá comprobarse que ha fracasado el arreglo amistoso previsto en el procedimiento ante la Comisión y que el plazo de los tres meses no se encuentre vencido. Cumplido el plazo, el trámite continúa ante el Comité de Ministros, de conformidad a lo establecido en el artículo 32.

Los ep podrán someter una cuestión ante el Tribunal cuando la víctima sea un nacional de dicho Estado o cuando el Estado haya iniciado el caso o cuando haya sido demandado ante la Comisión.

Sentencia. La misma será definitiva y motivada, existiendo la posibilidad de que los integrantes del Tribunal puedan expresar  su disidencia. Cuando la sentencia implique para un ep la imposición de una obligación de cumplimiento imposible en su mecanismo legal interno o cuando no garantiza una reparación integral, la obligación puede ser reemplazada por una satisfacción equitativa que puede consistir en una indemnización de carácter económico. La ejecución de la sentencia está a cargo del Comité de Ministros.

Procedimiento actualizado. Con la necesidad de adaptar el procedimiento al control establecido en el Convenio de Roma por el aumento del número de miembros al Consejo de Europa, fue creado el Protocolo N° 11, que sustituye a la Comisión y al Tribunal de Derechos Humanos por un nuevo Tribunal Permanente.

Este Tribunal está integrado por un número igual de magistrados de los ep del Convenio, poseen mandato por seis años, pueden ser reelectos y tienen competencia para conocer demandas interestatales, individuales y opiniones consultivas. Para resolver cuestiones que le son planteadas el Tribunal se reúne en salas de siete jueces cada una.

Cuando la cuestión fuere planteada por un individuo, grupo de particulares u organización no gubernamental, antes de que el Tribunal se reúna en salas la cuestión, será sometida a un comité de tres jueces, quienes podrán por voto unánime y de manara definitiva declarar la inadmisibilidad de la misma si fuere manifiesta.

Cuando la cuestión radica ante la sala respectiva, la misma será pronunciada en forma separada sobre la cuestión de fondo y sobre la admisibilidad, con respecto a este último, el pronunciamiento podrá efectuarse en cualquier etapa del proceso.

En lo que hace a la cuestión de fondo, una vez declarada admisible la cuestión, se procederá a realizar un examen contradictorio con la intervención de los representantes de las partes. El Tribunal se pondrá a disposición de las partes para lograr un arreglo amistoso basado en el respeto a los derechos humanos, si se llega a una solución se procede a dictar resolución con una breve exposición de los hechos y la solución adoptada.

En caso contrario, la sala declarará la existencia de una  violación a la Convención o a sus protocolos y se dictará sentencia con el fin de reparar las consecuencias de la misma. Cuando lo considere procedente, podrá disponer una satisfacción pecuniaria.

Transcurrido el plazo de tres meses desde el dictado de la sentencia, cualquier parte podrá solicitar la remisión de la cuestión a la Gran Sala, integrada por 17 jueces del Tribunal, la que se pronunciará de manera definitiva.

Antes del pronunciamiento es conformado un colegio de cinco jueces que tendrán a su cargo determinar si existe una cuestión grave de interpretación o aplicación del Convenio o sus protocolos o si existe una cuestión grave de carácter general que justifique la revisión del asunto. Si el Colegio entiende que existe una cuestión grave pasa la cuestión a la Gran Sala y ella resuelve.

Pacto de San José de Costa Rica (2)

Cuando en 1948 los Estados del continente americano se reunieron en Bogotá, Colombia, crearon la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta Carta confeccionada para los Estados americanos prevé una estructura orgánica y funcional. Entre los órganos que establecidos se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH).

El artículo 112 del tratado original, con la reforma del Protocolo de Managua de 1993 en vigor desde 1997, se transformó en el artículo 106 de la oea y prevé que habrá una cidh con la función primordial de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Para ello, reza el artículo, una CONVENCIÓN Interamericana sobre Derechos Humanos determinará su estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión. Este mandato establecido en la Carta se materializó en el año 1969 cuando en San José de Costa Rica se sancionó la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh) conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, en vigor desde 1978.

Todo lo relativo a los derechos humanos en el continente americano es competencia de la Comisión y para ello el Tratado establece medios de protección que no son otra cosa que los órganos del Pacto.

El Pacto está dividido en dos partes: la Parte I se refiere a los deberes de los Estados y derechos protegidos. La Parte II se refiere a los medios de protección.

La parte I establece una enumeración de deberes y derechos como:

1. Derechos civiles y políticos

2. Derechos económicos sociales y políticos

3. Suspensión de garantías, interpretación y aplicación

4. Deberes de las personas

En cuanto a la Parte II, la cidh es el órgano principal de la oea que tiene como función primordial promover el respeto de los derechos humanos y sirve de órgano consultivo a la Organización (artículo 106 de la oea). Tiene sede en Washington.

Composición. Está compuesta por siete magistrados a título personal, elegidos por la Asamblea General, duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos por un periodo igual. No pueden participar en las votaciones sobre las cuestiones de las que sean nacionales. 

Competencia. Posee doble competencia, una es obtenida de los artículos 41 y 44 de la Comisón; la otra del artículo 19 del Estatuto de la Comisión. En virtud de ello puede recibir:

1. Reclamos o quejas de personas, grupos de personas o entidades no gubernamentales legalmente reconocidas por algún Estado miembro de la orga- nización (OEA)

2. Denuncias de los Estados.

Para que una petición sea admitida se requiere que se haya agotado los recursos de jurisdicción interna y que sea presentada dentro de los seis meses a partir de que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva.

No puede peticionarse ante la Comisión cuando la cuestión ya fue resuelta por otro procedimiento internacional y cuando  exista litispendencia o cosa juzgada.

Se exige una debida identificación del denunciante, para ello se debe determinar su nombre, su nacionalidad, profesión y domicilio. La petición deberá ser suscripta por el o los denunciantes o por el representante legal.  

Excepciones. La competencia es directa ante el órgano cuando no exista en el Estado el debido proceso legal, no se haya permitido el acceso a los recursos de jurisdicción interna, se haya impedido de agotarlos o haya retardo o denegación de justicia.

Procedimiento. La Comisión procederá al recibir una petición. Si reconoce la admisibilidad solicitará informes al gobierno al que corresponde la violación.

La información del gobierno respectivo debe efectuarse dentro de un plazo razonable fijado por el órgano. Recibidos los informes o vencido el plazo sin que sean recibidos los mismos, se verifica si existen o subsisten los motivos. Si no existen se archiva el expediente y se puede declarar la inadmisibilidad de la petición

Si existen motivos la Comisión realizará un examen del asunto con conocimiento de las partes. Podrá realizar una investigación, si fuere necesario, y solicitar a los Estados todas las facilidades que fueren necesarias. Puede requerir cualquier información y recibir exposiciones verbales o escritas.

Conclusión. Si se llega a una solución amistosa del asunto basado en el respeto a los derechos humanos, la Comisión redactará un informe que será remitido a las partes interesadas y al Secretario General  de la oea para su publicación con una breve exposición de los hechos y la solución lograda. Si no se llega a una solución, en el plazo que fije el Estatuto el órgano redactará un informe, exponiendo los hechos y sus conclusiones, si existe disidencia o una opinión diferente se incluye al informe por separado. El informe es transmitido a los Estados interesados y no pueden publicarlo (ver informe de la Comisión Europea).

Si en el plazo de tres meses a partir de la remisión no se  arriba a una solución, no fue sometido a la Corte por el órgano o por un Estado, la Comisión por mayoría absoluta  de votos de sus miembros puede emitir su opinión y conclusiones.

Hará las recomendaciones pertinentes e impondrá medidas que deben ser cumplidas dentro de un plazo para que el Estado modifique la situación. Transcurrido dicho término, la Comisión decidirá por mayoría absoluta de votos si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y dispondrá la publicación del informe.

Si bien es cierto que las decisiones de la Comisión poseen el alcance de una recomendación, de cualquier modo no debe subestimarse el profundo alcance que estas medidas tienen  sobre la opinión pública, como también la presión política que ésta produce sobre los respectivos gobiernos considerados responsables por violaciones a los derechos humanos y que obliga casi con frecuencia a los Estados a revisar su accionar en esta materia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Composición. Está compuesta de siete jueces, juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. Son elegidos por la Asamblea General de la oea por mayoría absoluta de votos. El quórum para las deliberaciones es de cinco jueces.

Pueden peticionar ante ella: 1. Solo los Estados parte y 2. la Comisión. Deben declarar la competencia del órgano al momento de obligarse por la Convención

Competencia. Tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido

Procedimiento. Cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, dispondrá que se reparen los daños ocasionados con el pago de una justa indemnización.

Podrá actuar a solicitud de la Comisión si la cuestión se encuentra dentro de la competencia de aquella. La Corte someterá a consideración de la Asamblea en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor del año anterior. 

Sentencia. El fallo de la Corte será motivado; si existe disidencia, cualquiera de los jueces tiene derecho a que se incorpore dicha disidencia. El fallo será definitivo e inapelable y los Estados parte se comprometen a cumplir la decisión.

La indemnización compensatoria puede ser ejecutada en el país respectivo por el procedimiento interno del Estado. El fallo será notificado a las partes y a los Estados parte.

Garantías judiciales. La Corte, en base a los precedentes de la Convención Europea y a la Sentencia de 1997 en el caso Genie Lacayo (3), considera que el concepto de plazo razonable no es de sencilla definición. Utiliza los argumentos de la sentencia de la Comisión Europea en los casos “Motta-Vernillo y Unión Alimentaria Sanders SA (4).

Para determinar el “plazo razonable” se debe tener en cuenta tres elementos: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.

En conclusión, la Comisión Europea considera que se debe acudir al “Análisis Global del Procedimiento”.

Continuará

Notas

1. http://w.unizar.es/derechshumanos/instrumentos.html,  Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, texto original.

2. Texto original. García Ghirelli, José, Tratados y Documentos Internacionales. Edición 2003, Editorial Zavalía.

3. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: Susana Alabnese, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales. Pág. 249, Edición 1997, Editorial Centro de Estudios Legales y sociales.

4. Susana Albanese, ob.cit.

*    Es abogada y escribana (Universidad Nacional del Nordeste en Argentina) y profesora adjunta de Derecho Internacional Público (Cátedra B).

Tomado de: robertexto.com

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