La Gaceta Jurídica

Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico

Fue adoptada por la Liga de los Estados Árabes el 14 de septiembre de 1994, entró en vigor a partir de 1997. Consta de un preámbulo y se encuentra dividida en cuatro partes.

La Razón (Edición Impresa) / Ruth María Ivonne Balderrama*

00:00 / 27 de diciembre de 2015

(Parte final)

Carta Árabe de Derechos Humanos (1)

Fue adoptada por la Liga de los Estados Árabes el 14 de septiembre de 1994, entró en vigor a partir de 1997. Consta de un preámbulo y se encuentra dividida en cuatro partes.

Se puede resaltar desde el Preámbulo cuál es la idiosincrasia de esos pueblos: “Dado la creencia de la Nación Árabe en la dignidad humana desde que Dios la honró haciendo del mundo Árabe la cuna de las religiones y el lugar de nacimiento de las civilizaciones que confirmaron su derecho a una vida de dignidad basada en la libertad, la justicia y la paz” (2).

“Siendo orgullosos de los valores y de los principios humanitarios que se estableció firmemente en el curso de la historia y que desempeñaron un rol importante en la diseminación de los centros de aprender entre el este y el oeste, de tal modo que constituyeron un punto focal internacional para los buscadores del conocimiento, cultura y sabiduría”.

“Conscientes del hecho de que el mundo Árabe entero ha trabajado siempre junto para preservar su fe, creyendo en su unidad, luchando para proteger su libertad, defendiendo los derechos de las naciones a la autodeterminación y salvaguardando sus recursos, creyendo en la regla de la ley y que el disfrute de cada individuo de la libertad, de la justicia y de la igualdad de oportunidades es el criterio por el cual los méritos de cualquier sociedad son medidos”.

“Rechazando el racismo y el sionismo que constituyen una violación de derechos humanos y plantean una amenaza a la paz del mundo”.

Estos son algunos de los puntos establecidos en el preámbulo y que constituyen, sin duda, el pensamiento de una cultura distinta a la nuestra y que junto a otras integran el mundo actual.

La primera y segunda parte están referidas a los derechos humanos reconocidos en el Tratado y la tercera y cuarta partes establecen la estructura orgánica y funcional para resolver en materia de derechos humanos:

Parte I

Artículo 1.a) “Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y al control de sus riquezas y recursos naturales y, por consiguiente, el de determinar libremente la forma de su estructura política y de perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Artículo 1.b)  “El racismo, el sionismo, la ocupación y la dominación extranjera plantean el desafío a la dignidad humana y constituyen un obstáculo fundamental a la realización de los derechos fundamentales de los pueblos. Hay una necesidad de condenar y esforzarse para eliminar dichas prácticas”.

Parte II

En los primeros artículos se menciona que “no se admitirá restricción alguna o derogación de cualquiera de los derechos humanos fundamentales reconocidos o que existen en el tratado con el pretexto de que la actual Carta no reconoce tales derechos o que los reconoce en un grado inferior”. 

Se prevé la irretroactividad de la presente Convención, la regla del indubio pro reo (ante la duda, a favor del reo) y la igualdad ante la ley. Se establece la pena de muerte para crímenes más serios, según reza su texto en el artículo 10. Cualquier persona condenada a la muerte tiene derecho a buscar perdón o la conmutación de la sentencia. Se establece que nadie puede ser condenado por deudas y también que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Se instituye también que toda persona tiene derecho a un proceso justo en un plazo razonable o a exigir su libertad.

El tratado original se encuentra en inglés, fue incorporado luego de una ardua traducción por la autora para lo cual fue necesario adaptar el texto de la Liga Árabe a la terminología jurídica de los tratados internacionales.

Partes III y IV

Composición. Existe un Comité de Expertos. Está integrado por siete miembros de la Liga Árabe elegidos por los Estados miembros y el Secretario General de la Liga Árabe. Duran tres años en sus cargos y se renuevan por ternas cada tres años. No puede haber más de dos nacionales de un mismo Estado. Tienen un presidente quien determina las reglas del procedimiento.

Sesionan por medio de reuniones periódicas convocadas por el Secretario General  en la Sede de la Liga Árabe o el país que el Comité determina, según las exigencias que se dicten en cada caso.

Requisitos para ser candidatos. Deben ser personas altamente experimentadas y competentes en el ámbito del Comité. Desempeñan sus funciones con imparcialidad e integridad completas. No representan al Estado del cual son nacionales.

Procedimiento. Los Estados miembros pueden presentar informes al Comité de Expertos sobre temas de Derechos Humanos. Pueden presentar informes periódicos cada tres años. El Comité puede formular preguntas a los Estados Parte, las que deben ser contestadas. El Comité considerará los informes que le son sometidos. Presenta un informe con las vistas y las respuestas de los em a la Comisión de Derechos Humanos de la Liga Árabe.

Los Estados miembros, son Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Barhein, Túnez, Argelia, Djibouti, Comoro, Kuwait, Libano, Libia, Egipto, Marruecos, Mauritania y Yemen.

Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (3)

Fue adoptada el 27 de junio de 1981, en vigor a partir de 1986. Consta de un Preámbulo y dos partes con varios capítulos. En puntos del preámbulo “se reafirma el compromiso asumido solemnemente para suprimir todas las formas de colonialismo de África, coordinar y intensificar su cooperación y esfuerzos para alcanzar una vida mejor para los pueblos de África y promover la cooperación internacional con el respeto debido a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“Consientes de su deber de alcanzar la liberación total de África, los pueblos que todavía están luchando por su dignidad e independencia genuina, y habiendo asumido la empresa de eliminar el colonialismo, neocolonialismo, apartheid, sionismo y de demostrar que las bases militares extranjeras son agresivas, como todas las formas de discriminación particularmente basadas en la raza, la religión, el grupo étnico, el color, la lengua, el sexo y las opiniones políticas”.

“Convencidos firmemente de su deber para promover y para proteger al ser humano en sus derechos y libertades que consideran fundamentales para los pueblos de áfrica”.

Estos puntos demuestran claramente la idiosincrasia de los pueblos africanos.

Parte I

Se refiere a los deberes y derechos de los pueblos y establece una enumeración de los mismos en el reconocimiento de la igualdad ante la ley y que los derechos humanos son inviolables. Cada individuo tendrá derecho al respeto de su dignidad y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todas las formas de explotación y de degradación, la esclavitud, el comercio de esclavos, el castigo por medio de torturas crueles inhumanas o degradar, quedan prohibidas.

El derecho que cada individuo tiene de ser oído.

El derecho a que se presuma su inocencia hasta que sea probada su culpabilidad por un tribunal competente.

El derecho a defenderse y a ser defendido, el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable por una corte o tribunal imparcial, entre otros.

Parte II

El artículo 30 prevé que “una Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, llamada en adelante la Comisión, será establecida dentro de la Organización de Unidad Africana para promover los derechos humanos y de los pueblos y de asegurar su protección en África”.

El artículo 31.1 prevé: “La Comisión se compondrá de 11 miembros elegidos de entre las personalidades africanas de alta reputación, conocidos por su moralidad e integridad, imparcialidad y competencia en materia de derechos humanos y de los pueblos, con particular consideración en materia jurídica” Artículo 31.2. “Los miembros de la Comisión servirán de acuerdo a su capacidad personal”.

El artículo 41 establece: “El Secretario General de la Organización de Unidad Africana designará al secretario de la Comisión y al personal necesario para el efectivo cumplimiento de sus deberes en la Comisión”. La Organización soportará los costos del personal  y los servicios.

El artículo 45 establece las funciones de la Comisión, entre otras, la “promoción de los derechos humanos y de los pueblos” y, en particular, recopilar documentos; tomar a su cargo estudios sobre problemas africanos en el campo de los derechos humanos; organizar seminarios y fomentar instituciones locales y nacionales concernientes a los derechos humanos.

También debe formular y establecer principios y reglas que apunten a resolver problemas legales relacionados a derechos humanos y de los pueblos y libertades fundamentales sobre los cuales los gobiernos podrán basar sus legislaciones y cooperar con otras instituciones africanas e internacionales en lo concerniente a la protección de los derechos humanos y de los pueblos.

El artículo 46 establece el procedimiento: Pueden peticionar ante la Comisión los Estados por violación de otro Estado a la Carta Africana.

La Comisión es competente solo cuando una cuestión sometida a ella ha agotado las instancias de jurisdicción local. La Comisión puede recurrir a cualquier método apropiado de investigación y puede oír al secretario de la Organización de Unidad Africana o a cualquier persona capaz de aclarar la cuestión planteada.

El artículo 47 establece: “Si un ep de la actual Carta tiene buenas razones de creer que otro ep de esta Carta ha violado sus previsiones, puede peticionar en forma escrita. Esta petición será presentada al Secretario General De la Unidad Africana y al Presidente de la Comisión. En el Plazo de tres meses de recibida la comunicación realizará una investigación y podrá recibir del Estado explicación o aclaración sobre la petición planteada. Vencido dicho plazo se elabora un informe que contiene una breve exposición de los hechos y la solución adoptada, estableciéndose una compensación o la conducta que debe cumplir el Estado en caso de comprobarse la violación.

El artículo 48 prevé: “si en el plazo de tres meses de recibida la comunicación original los Estados no arriban a una solución amistosa o no es sometido el caso a un arreglo pacífico, cualquier Estado tendrá derecho a someter la cuestión a la Comisión y esta notificará a los Estados interesados.

El artículo 52 prevé: “En caso de ser aceptada la propuesta  y después de llamar a los interesados a un arreglo amistoso basado en el respeto a los derechos humanos, la Comisión elaborará un informe dentro de un plazo razonable que contenga una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada. Este informe será enviado a los Estados interesados y comunicado a la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno.

Por el artículo 54 se determina que la Comisión someterá en cada Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno un informe sobre sus actividades.

Es importante aclarar que la Convención Americana sobre derechos Humanos, la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Carta de la Liga Árabe y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establecen en forma unívoca el principio general de las garantías judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída”, éste comprende:

1. El derecho a recurrir ante los órganos nacionales competentes.

2. El derecho a que se presuma su inocencia.

3. El derecho a defenderse y ser defendido por abogado de su elección.

4. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable por una corte o tribunal imparcial

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (4)

Es importante hacer mención que, en el ámbito del Derecho de la Integración, la Unión Europea (ue) ha sancionado la  Carta de los Derechos Fundamentales de la ue, el 7 de diciembre de 2000, en Niza, Francia.

Esta Carta consta de un preámbulo y de siete capítulos. 

El capítulo 1 se refiere a la dignidad:

1. Dignidad humana.

2. Derecho a la vida.

3. Derecho a la integridad de la persona.

4. Prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.

5. Prohibición de la esclavitud y del trato forzado

El capítulo 2 se refiere a las libertades:

1. Derecho a la libertad y a la seguridad.

2. Respeto de la vida privada y familiar.

3. Protección de datos de carácter personal.

4. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia.

5. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

6. Libertad de expresión y de información.

7. Libertad de reunión y de asociación.

8. Libertad de las artes y de las ciencias.

9. Derecho a la educación.

10. Libertad profesional y derecho a trabajar.

11. Libertad de empresa.

12. Derecho a la propiedad.

13. Derecho de asilo.

14. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición.

El capítulo 3 se refiere a la igualdad:

1. Igualdad ante la ley.

2. Diversidad cultural, religiosa y lingüística.

3. Igualdad entre hombres y mujeres.

4. Derechos del menor.

5. Derecho de las personas mayores.

6. Integración de las personas discapacitadas.

El capítulo 4 se refiere a la solidaridad:

1. Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa.

2. Derecho de negociación y de acción colectiva.

3. Derecho de acceso a los servicios de colocación.

4. Protección en caso de despido injustificado.

5. Condiciones de trabajo justas y equitativas.

6. Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo.

7. Vida familiar y vida profesional.

8. Seguridad social y ayuda social.

9. Protección de la salud.

10. Acceso a los servicios de interés económico general.

11. Protección del medio ambiente.

12. Protección de los consumidores.

El capítulo 5 se refiere a la ciudadanía:

1. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo.

2. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales.

3. Derecho a la buena administración.

4. Derecho de acceso a los documentos.

5. El defensor del pueblo.

6. Derecho de petición.

7. Libertad de circulación y de residencia.

8. Protección diplomática y consular.

El capitulo 6 se refiere a la justicia:

1. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

2. Presunción de inocencia y derechos de la defensa.

3. Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas.

4. Derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito.

El capitulo 7 se refiere a las disposiciones generales:

1. Ámbito de aplicación.

2. Alcance de los derechos garantizados.

3. Nivel de protección.

4. Prohibición del abuso de derecho.

Jurisdicción supraestatal

Son “los sistemas que, por sobre los estados, erigen una instancia en la que uno a más organismos tienen competencia en cuestiones de promoción y tutela de los derechos humanos en la jurisdicción interna de los estados que están sometidos a la correspondiente jurisdicción supraestatal” (ámbito intergubernamental) (5).

Se entiende por Derecho Comunitario al “conjunto de normas emanadas de los tratados por los cuales los Estados constituyen organismos de integración supranacionales (tratado como fruto o derecho originario). Así como el conjunto de normas dictadas por los órganos supraestatales en el marco de las atribuciones concedidas en los tratados fundacionales (tratado como fuente o derecho derivado) (6).

Es importante establecer la diferencia que existe entre ambas definiciones ya que nos van a permitir establecer la ubicación de los tratados sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico. Esto significa determinar la pertenencia de ellos al ámbito internacional o comunitario.

Cuando se hace referencia a la jurisdicción supraestatal, German Bidart Campos (7) expresa que “cobra relieve de alta valiosidad todo sistema que habilita el acceso a una jurisdicción supraestatal a favor de personas o grupos de particulares y no solo a Estados”.

Bidart dice que “mientras la Corte Internacional de Justicia (cij) que integra la estructura de las Naciones Unidas, interviene en cuestiones referentes a Estados, encontramos en América la Comisión Inter- americana de Derechos Humanos (cidh) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como en Europa la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, con una Comisión y una Corte, ante la Comisión en las dos convenciones tienen acceso demandas individuales, de grupos particulares y de entidades no gubernamentales, reconociéndosele la legitimación para peticionar a los particulares” (8).

También funciona, dice el autor, una Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos de los Hombres.

“Este brevísimo panorama exhibe el sesgo de la internacionalización de los derechos con un propósito de eficacia: añadir a las normas internacionales que vinculan contractualmente, alguna jurisdicción supraestatal que, con multiplicidad de alcances y variantes, pueda intervenir activamente para vigilar, defender y restaurar los derechos consagrados en los tratados o pactos en que son partes los Estados” (9).

En definitiva, y como surge de las consideraciones del autor, hablar de supraestatalidad en materia de Derechos Humanos importa circunscribir a ciertos tratados de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh), la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, la Carta de la Liga Árabe, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que crean órganos con competencia internacional para resolver demandas por violaciones de Derechos Humanos y que las mismas pueden ser planteadas por particulares.

Esta no es una regla propia del Derecho Internacional que solo regula a Estados, pero no es menos cierto que, la competencia que poseen esos órganos se halla en total conformidad con sus constituciones, lo que significa que no está en la voluntad de los estados soberanos ceder competencia y jurisdicción en esta materia.

Jurisdicción supraestatal en derechos humanos significa que los tratados que son creados salen de sus fronteras nacionales y se ubican en el ámbito del Derecho Internacional con órganos propios a los que los Estados les reconocen sus competencias para resolver en este campo; pero, de ninguna manera se ubican por encima de la norma fundamental.

Sin embargo, cuando hablamos de Derecho Comunitario, lo hacemos diciendo que la voluntad de los Estados, cuando crean un tratado, consiste en delegar competencia y jurisdicción en una entidad distinta de ellos y que los va a regir.

Esa entidad dictará normas en el marco de la competencia delegada y será obligatoria tanto para los Estados como para los individuos de esos Estados de los cuales son nacionales. Esta entidad se ubica por encima de la Constitución de los Estados que le dieron nacimiento.

Los caracteres del Derecho Comunitario son distintos a los del Derecho Internacional. El Derecho Comunitario posee:

1. Carácter inmediato o automático. Esto significa que la norma comunitaria no requiere de un acto de recepción al Derecho interno para ser obligatoria.

2. Aplicabilidad directa. Esto significa que la norma comunitaria tiene capacidad para generar derechos y obligaciones tanto para los Estados como para los particulares. Están obligados por ella y pueden exigir su aplicación ante sus jueces nacionales.

3. Aplicada por los jueces nacionales. La norma comunitaria es aplicada primero por los jueces nacionales de cada Estado y después por los tribunales comunitarios (en la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas (tjce)). Esto significa que todo juez nacional de los países miembros es juez comunitario y, por lo tanto, está obligado a conocer y aplicar la norma comunitaria.

Ninguno de estos caracteres pertenece al Derecho Internacional, ámbito en el que se encuentran los tratados  internacionales sobre derechos humanos.

Notas

1. Human Rights law journal, vol. 18 N° 1-4. Arab Charter on Human Rights. Págs. 151 a 153. Edición 1997. Carta de derechos humanos de la Liga Árabe. Texto en inglés traducido por la autora.

2. Ob cit.

3. http://www1.unn.edu/humanrts/intree/razt1afrchr.htm  Carta Africana de derechos humanos y de los pueblos. Texto original en inglés traducido por la autora.

4. Texto original: “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Parlamento Europeo,  http://www.europarl.eu.int/charter, Edición 2000

5. Bidart Campos, Germán, “Teoría General de los Derechos Humanos”, Edición 1997, editorial Astrea, Pág. 426.

6. Definición de la Cátedra “B” de Derecho Internacional Público, UNNE, autor José Ernesto Meixner.

7. Bidart Campos, Germán, ob. Cit.

8. Ídem.

9. Ídem.

*    Es abogada y escribana (Universidad Nacional del Nordeste en Argentina) y profesora adjunta de Derecho Internacional Público (Cátedra B).

Tomado de: robertexto.com

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