La Gaceta Jurídica

Los derechos laborales de los docentes universitarios

La parte considerativa de la Resolución Nº 31/2011 del XIII Congreso Nacional de Docentes Universitarios señala que la lucha gremial ha impedido que los docentes sean considerados funcionarios públicos; además, la Sentencia Constitucional Nº 16/200 establece para los docentes universitarios el carácter de asalariados y la Resolución Nº 10/11 de ese congreso señala que el DS 28699 de 1 de mayo de 2006 reconoce la estabilidad laboral para todos los trabajadores asalariados.

Los docentes universitarios están dentro del marco de una ley que abarca a todos los servidores públicos.

Los docentes universitarios están dentro del marco de una ley que abarca a todos los servidores públicos. Foto: luchadeclases.org.bo

Carlos Peñaranda Pinto

00:00 / 09 de junio de 2015

Al respecto, señalemos que la Sentencia Constitucional N° 016/2000 de 3 de abril de 2000 dio lugar a la Ley N° 2104 de 21 de junio de 2000 (Ley Modificatoria a la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público) que en su art. 1 modifica los parágrafos III y IV del art. 3 de la Ley 2027.

Con las modificaciones respectivas, el parágrafo III señala: “Las carreras administrativas en los gobiernos municipales, UNIVERSIDADES PÚBLICAS, Escalafón Judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público se regularán por su legislación especial aplicable (adaptable, ajustable) en el marco establecido en el presente estatuto” (1).

La Aclaración de la Sentencia 16/00 señala que la norma contenida en el art. 3.III de la Ley Nº 2027 (Estatuto del Funcionario Público), como se indica en la Sentencia Nº 16/00 de 3 de abril de 2000, faculta a las Universidades Públicas a regirse por su propia legislación, sirviendo de marco de dicha legislación especial los artículos 1, 2, 3, 4, 7.I, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 53, 54 y 55 del Estatuto del Funcionario Púbico.

Los artículos 5, 6, 7.II y III, 8, 9, 11 y 17 del Título II y los títulos III, IV, VI y VII del Estatuto del Funcionario Público no forman parte del marco de aplicación de la legislación especial que rige a la universidad boliviana en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 2027.

La aclaración señala que tampoco el art. 7 parágrafo III forma parte del marco de aplicación de la legislación especial que rige a la universidad boliviana (2), por lo tanto, se puede colegir que no están excluidos otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo (lgt) y otras disposiciones del régimen laboral.

En base a lo expuesto, los docentes universitarios están dentro del marco de la Ley del Funcionario Púbico porque está vigente el parágrafo I del art. 3 de esa norma y señala que el ámbito de aplicación del Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración; el parágrafo II aclara que igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta norma los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas.

Los docentes universitarios son servidores públicos que prestan servicios en relación de dependencia con el Estado, SE REGULAN POR SU LEGISLACIÓN ESPECIAL acomodada o ajustada a la Ley del Funcionario Público, es decir, dentro el marco de esta norma. Sus derechos los tienen consagrados en el art. 7 parágrafo I de esta ley; sin embargo, ello no significa que estén excluidos otros derechos establecidos en la lgt y otras disposiciones del régimen laboral.

El art. 92 de la Constitución Política del Estado (cpe) reconoce la Autonomía Universitaria; ésta le da la facultad a la universidad para gobernarse de acuerdo con sus propias normas e instituciones, obviamente integrada a instancias superiores como el sistema universitario y el Estado.

Para la carrera docente, la normativa específica que rige la docencia se llama REGLAMENTO GENERAL DE DOCENCIA y está en consonancia con el Estatuto Orgánico.

El Reglamento General de Docencia señala cuál es el mecanismo para entrar la carrera docente, al escalafón; en otras palabras establece el procedimiento para ser docente titular (ordinario); en esa medida, siempre que se haya cumplido lo determinado en dicha norma, todo docente tiene el derecho de demandar derechos establecidos en la lgt y otras disposiciones del régimen laboral.

Los docentes extraordinarios, según el art. 8 de la norma, son los nombrados para colaborar en la docencia y la investigación por un tiempo definido, habitualmente un semestre o un año.

Todo docente extraordinario sabe que desde 2007 en la Universidad Mayor de San Simón (umss) no hay procesos de selección evaluación y admisión de docentes tal como establece el Capítulo VI del Reglamento General de la Docencia de la umss y que las convocatorias por las cuales ingresan señalan el periodo para el cual son contratados.

El Reglamento General de la Docencia es una norma especial. El principio jurídico de especialidad señala que la norma específica predomina o prevalece sobre la norma general; suponiendo que la norma especial no se contradice con la general.

Con relación a los derechos de otras normas superiores, las autoridades y la Federación Universitaria de Docentes de San Simón han señalado en reiteradas ocasiones que el Reglamento General de la Docencia es caduco, anacrónico; a su vez, señalan que las Resoluciones del XII Congreso Nacional de Universidades y de la II Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades son inconstitucionales.

Bajo ese argumento, en Cochabamba el rectorado ha emitido la Resolución Rectoral RR 155/2015, la cual ha sido refrendada por la rcu Nº 01i/15, para subsanar (en palabras de las autoridades) una deuda histórica con los docentes.

Si el Reglamento de Docencia es caduco, corresponde al Congreso Ordinario y no al Consejo reformar dicho reglamento. Si la norma especial se contradice con los derechos laborales consagrados en la cpe el órgano competente es el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) y no el Consejo Universitario; además que, de acuerdo al art. 4 del Código Procesal Constitucional, se presume la constitucionalidad de toda norma en tanto el tcp no declare su inconstitucionalidad.

Al respecto, el constitucionalista José Antonio Rivera (exmagistrado del Tribunal Constitucional y docente Titular de la Carrera de Derecho de la umss) señala que, si bien es cierto que todas las personas tienen derechos fundamentales y garantías constitucionales; no es menos cierto que el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto; pues según lo previsto por el art. 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el art. 28 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el art. 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”.

Los fines de la universidad, establecidos en el art. 16 inciso b del Estatuto Orgánico, son que San Simón debe formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento científico, tecnológico y cultural, que respondan a las necesidades del desarrollo nacional, regional y estén dotados de conciencia crítica (derecho colectivo).

La idoneidad de la formación de profesionales de seguro está vinculada a la idoneidad de los docentes; ergo, para acceder al cargo se tiene que demostrar conocimientos, capacidades, experiencia, didáctica, habilidades y destrezas en el proceso de selección, evaluación y admisión docente regido por el Reglamento General de Docencia.

La justa exigencia del bien común estriba en que a los estudiantes, padres de familia y población en general les asiste el derecho y la obligación de precautelar la calidad de la formación de los futuros profesionales, más si se quiere que esos profesionales posean conciencia crítica.

El art. 91 de la cpe en su parágrafo I avala lo dicho, ya que prescribe que la educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social”.

Esa misión constituye una restricción al ejercicio del derecho al trabajo del profesional que aspira a la docencia universitaria; ya que debe y tiene que demostrar sus conocimientos, capacidades, experiencia, habilidades y destrezas, sometiéndose al proceso de selección, evaluación y admisión; superado esto se adquiere la calidad de docente titular e ingresa a la carrera docente, donde su permanencia está condicionada al rendimiento profesional verificado mediante la evaluación de desempeño.

Argumentar que los docentes extraordinarios son igual o mejores que los titulares y que el laboratorio de cibernética de España avala eso es hacer consentir a la comunidad universitaria y a la ciudadanía que este ranquin es de la Unes- co –cuánto no quisiéramos que fuera así–. Es necesario aclarar que no dudamos de que muchos docentes extraordinarios son muy buenos.

Lo señalado no significa que no nos interesen los derechos laborales de los docentes extraordinarios, que de seguro de no estar garantizados en una buena proporción incide en su entorno familiar; sin embargo, será cada vez más difícil resolver el problema si solo nos quedamos en los efectos y no miramos las causas.

Para el sentido común, lo extraordinario es lo inusual y lo ordinario lo común, paradójicamente en San Simón 1.220 docentes son extraordinarios (interinos e invitados) y solo 666 son ordinarios (titulares). Ante esta realidad es necesario formular preguntas en tres niveles.

A nivel local, ¿porque hemos llegado a esta situación? ¿Quiénes han incidido para ello? ¿Qué intereses subyacen? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Es un cálculo político la titularización de 900 docentes extraordinarios a pocos meses para la elección de rector?

A nivel del Sistema de la Universidad Boliviana, ¿el nuevo Reglamento de Régimen Académico docente aprobado por Resolución Nº 097/2014 del XII Congreso Nacional de Universidades ha dejado de lado la categoría de docente extraordinario? ¿Qué garantías laborales se ofrece a los docentes extraordinarios ahora y para el futuro? ¿Qué pretensiones de fondo tiene la llamada acreditación?

A nivel nacional, ¿cuál es la capacidad de aparato productivo del país? ¿A cuántos profesionales universitarios puede absorber este aparato? ¿Qué va a pasar con la subvención a la universidad pública ahora que el precio de las materias primas baja? ¿Ahora, con menor crecimiento económico, el gobierno impulsará la educación superior en lo referente al aumento del presupuesto que cubra el crecimiento vegetativo? ¿Cuál es la política del gobierno respecto al capital y el trabajo? ¿A qué intereses responden las leyes?

Los problemas son multicaules, multidimensionales y están vinculados unos con otros; en un intento de coadyuvar con su solución, sería bueno que intentemos identificar sus causas principales y secundarias, sus relaciones internas como externas, sus contradicciones fundamentales, etc.

Los problemas no están solo vinculados con la normativa, quizá eso se haya destacado en el actual conflicto; los problemas deben ser abordados en su totalidad concreta.

Notas

1. Están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas. El paréntesis es nuestro.

2. El art. 7 parágrafo III de la ley de funcionario Público señalaba: Los derechos reconocidos para los servidores públicos en el presente Estatuto y su régimen jurídico excluyen otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral que rigen únicamente para los trabajadores.

Es delegado titular al II Congreso Estudiantil Universitario de la UMSS por la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).

Tomado de: bolpress.com

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