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Los derechos de la personas con discapacidad

Una vez más la Constitución, como en la época colonial, “se acata pero no se cumple”; pues los derechos fundamentales en ella consagrados se constituyen en un listado de buenas intenciones, sin posibilidad alguna de concreción y realización material…

La Gaceta Jurídica / José Antonio Rivera Santiváñez

00:00 / 07 de febrero de 2012

En reiteradas ocasiones hemos señalado que un aspecto positivo de la Constitución vigente es que efectúa un extraordinario desarrollo de los derechos fundamentales, superando el catálogo resumido de la anterior Constitución.

Así, con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, hace énfasis sobre aquellos grupos sociales altamente vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, consagrando sus derechos y definiendo las obligaciones positivas del Estado para garantizar el goce pleno y ejercicio efectivo de esos derechos.

Si bien ése es el escenario constitucional ideal, la realidad concreta es otra, pues se caracteriza por una sistemática y permanente violación de los derechos fundamentales, tanto por acción como por omisión de quienes detentan el poder político y el poder económico. Una muestra de ello es lo que acontece con las personas con discapacidad, cuyos derechos fundamentales consagrados en la Constitución son violados sistemáticamente por el Gobierno.

Según dispone el artículo 70 de la Constitución, toda persona con discapacidad goza, entre otros, del derecho a ser protegido por su familia y por el Estado; se entiende que esa protección es a su vida, a su integridad física, psicológica y moral, a su salud, a su seguridad económica y seguridad social; en suma, es a su dignidad humana. Para la plena realización de ese derecho, el Estado tiene que adoptar un conjunto de medidas legislativas y administrativas.

Es de conocimiento público que las personas con discapacidad han solicitado al Gobierno nacional la atención de sus requerimientos más primordiales, entre ellos, la aprobación de una Ley que disponga la satisfacción de sus necesidades, como la asignación de un bono anual de 3.000 bolivianos para las personas que padecen discapacidad grave y muy grave; sin embargo, el Gobierno no tiene, cuando menos no ha demostrado, ningún interés en atender las peticiones.

Ante las justas y legítimas peticiones de las personas con discapacidad, los gobernantes, particularmente el Presidente, simplemente se han limitado a decir que la suma que demande el posible pago del bono reclamado está fuera de las posibilidades económicas del país; ese argumento no es razonable ni expresa la realidad de los hechos, además refleja la falta de sensibilidad y de humanismo en los gobernantes; ello por las siguientes razones:

Primero, porque los bonos son parte de la política del actual Gobierno y, especialmente del Presidente; así, se tiene el bono “Dignidad”, el bono “Juan- cito Pinto”, el bono “Juana Azurduy”; cabe advertir que el primero se paga no solamente a los más necesitados.

Segundo, los bolivianos y bolivianas somos testigos de gastos dispendiosos e innecesarios que se realizan en esta gestión gubernamental, tales como comprar un avión presidencial de lujo sin licitación; la realización de viajes internacionales del Presidente y su comitiva, en algunos casos innecesarios, como aquel realizado para presenciar un partido de fútbol; la realización de elecciones judiciales con resultados contrarios a los objetivos trazados; y muchos otros que sería largo enumerarlos.

Tercero, porque el bono que demandan las personas con discapacidad es anual y estará solamente destinado a las personas con discapacidad grave o muy grave; no es de asignación generalizada.

Ante la falta de atención a sus pedidos, las personas con discapacidad han iniciado un conjunto de movilizaciones, entre ellas una marcha desde la ciudad de Santa Cruz hasta la sede de gobierno para hacer escuchar sus demandas y lograr la atención por las autoridades; en ese cometido han recorrido cientos de kilómetros en condiciones absolutamente adversas, no solo por las inclemencias del tiempo y de su propia condición de personas con discapacidad, sino por el menosprecio y la insensibilidad gubernamental.

A diferencia de lo acontecido con la marcha del Conisur (Consejo Indígena del Sur), que ha merecido todo el apoyo gubernamental, al grado que las autoridades se extrañaron porque la Defensoría del Pueblo no se preocupe por ellos y que los efectivos de la Policía boliviana colaboren en la preparación de la comida; la marcha de las personas con discapacidad no ha logrado sensibilizar a las autoridades del Gobierno, particularmente al Presidente, no ha recibido el apoyo de las autoridades, al contrario, ha sido simplemente ignorada; lo más grave del caso es que las movilizaciones complementarias a la marcha, realizadas por las personas con discapacidad, han sido objeto de represiones policiales.

El caso de las personas con discapacidad demuestra una vez más que la Constitución, como en la época colonial “se acata pero no se cumple”; pues los derechos fundamentales en ella consagrados se constituyen en un listado de buenas intenciones, sin posibilidad alguna de concreción y realización material; y el principio del suma qamaña (vivir bien), que proclama el artículo 8 de la Constitución, se ha quedado en un simple eslogan; al parecer, en este nuevo Estado Pluri- nacional Comunitario la racionalidad, la sensibilidad y el humanismo lamentablemente se han extinguido.

Es catedrático de Derecho Constitucional y ex magistrado. [email protected]

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