La Gaceta Jurídica

Los derechos de los policías

La Defensora del Litigante

La Gaceta Jurídica / Ximena Guzmán Pinilla

00:00 / 17 de mayo de 2013

La Policía ha asumido errores políticos a título institucional. A cambio, aparentemente, las cúpulas policiales se beneficiaron con designaciones fuera de norma, como nombramientos de coroneles en el cargo de Comandante General o el mantenimiento en ejercicio de graduaciones que debieron pasar a la reserva.Mientras eso sucede con los jefes de alta graduación, el resto de los uniformados corre una especie de “blanca sin suerte”, invirtiendo aquella tradicional frase. Siendo una Institución vertical que no delibera y que, además, está subordinada, paga con su desprestigio acciones contra de los movimientos sociales.

La Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, refiriéndose al caso “Chaparina”, ha dicho que “las autoridades se enteraron de los sucesos tal como lo indicó el Vicepresidente, por información periodística. Después del operativo, ¿qué podía haber hecho el Gobierno, si ya pasó?, si estas fueron acciones y decisiones que ellos mismos (los policías) tomaron y (luego) precipitaron una acción que no debía haberse llevado a cabo”. Cabe preguntarse si esa represión hubiese sido posible por iniciativa de los mismos efectivos, rompiendo la cadena de mando. El general Oscar Muñoz Colodro declaró en reiteradas oportunidades que recibió órdenes directas del Ministro de Gobierno Sacha  Llorenti para reprimir la marcha indígena.

Si a esta falta de respaldo se suma las condiciones en las que trabajan los policías, se puede vislumbrar la crisis en el sector. El descontento de las clases es generalizado y se conoce que, esta vez, gozan del apoyo de oficiales y jefes hasta el grado de coronel. Algunos de ellos, incluso, presentaron recursos de Amparo Constitucional por no haber sido convocados para los ascensos a General.

En su artículo 55, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana señala que esta Institución debe, entre otras obligaciones, “proteger y respetar los Derechos Humanos y la dignidad de las personas contra toda forma de prepotencia, abuso de autoridad y extorsión”. En el mismo apartado dice que la policía debe “saber y practicar que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general”.

¿Será lógico que los policías, responsables de proteger y respetar los Derechos Humanos, sean vulnerados en sus propios Derechos? Al referirnos a Derechos Humanos, la supremacía de la Constitución es indiscutible, pues el Estado garantiza los derechos fundamentales de las personas, entre ellas los policías.

Hace pocos días, el secretario de Hacienda de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Ansclapol), Javier Quispe, lamentó que los efectivos de bajo rango hayan sido destinados a operativos en conflictos sociales sin las mínimas condiciones de trabajo y subsistencia. Cientos de policías fueron trasladados de un sitio a otro en provincias de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz para contrarrestar bloqueos de la Central Obrera Boliviana (cob). Durante días los policías no recibieron víveres, no se les proporcionó duchas ni lugares para descansar. Tratándose de salidas de emergencia, no portaron ropa ni efectos personales.

El 13 mayo, un “día de franco” evitó en La Paz el motín de un grupo policial que estuvo cuatro días en servicio en condiciones lamentables. Fueron enviados a Caihuasi, luego a instalaciones de Tránsito de El Alto, posteriormente les instruyeron controlar la seguridad a la altura del peaje de la Autopista y finalmente los mandaron a “La Apacheta”. Entonces, en protesta, los policías se negaron a bajar de los buses, la tensión fue tal que la orden de descanso llegó de manera inmediata desde el Comando General.

La demanda de Ansclapol será ante Derechos Humanos “por malos tratos, por privar la alimentación, por explotación laboral, y otras instancias como correspondan, porque para los policías no existen derechos humanos, no existen; somos atropellados, ultrajados, maltratados, definitivamente marginados, discriminados en todo sentido”, dijo Quispe.

El artículo 54 de la Ley Orgánica señala en una de sus partes que uno de los derechos fundamentales de los policías es “ser dotado de los medios necesarios para el cumplimiento de sus específicas funciones”. ¿Cómo puede ser que los policías no sean provistos mínimamente de equipos antidisturbios para estas y otras ocasiones? En el Aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, por ejemplo, la oficina de Policía tiene sólo dos miembros, a quienes la actual administración de Sabsa Nacionalizada, al mando de un militar de la Fuerza Aérea, decidió suprimir el beneficio del transporte y alimentación.

Quien ha visitado aeropuertos conoce que el precio de la comida y el transporte triplican uno corriente. ¿Cómo puede mantenerse un uniformado policial en esas instalaciones con un ingreso mensual por debajo de los 1.200 bolivianos? Al contrario, allí la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (felcn) goza de mejores condiciones, se verificó que tiene servicio de teléfono, internet, fax y radio, a diferencia de sus camaradas en la oficina policial.

Otro ejemplo, por instructiva del Comando Departamental de Santa Cruz y desde la gestión de la entonces coronela Lily Cortés Avalos, las instalaciones de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) son resguardadas por unos 12 policías. Brindar seguridad a los sindicatos no es una función policial, a no ser que se solicite el servicio y se pague por él.

Si una persona o entidad solicita ese servicio se convencerá de que no hay personal, ¿cómo es que se envía a diez policías a cuidar esas instalaciones? En el lugar no existe cocina ni dormitorios para descansar. En época de altas temperaturas los efectivos permanecen a la intemperie. ¿No será éste un trato inhumano?

En la capital oriental el incremento de hechos delictivos  derivó en el arribo de por lo menos 100 uniformados para reforzar el Plan de Seguridad Ciudadana. Se los veía por las calles a toda hora, ¿se habrá debido a un buen plan de operaciones? Los policías denunciaron que no se tomó previsión de un sitio para hospedaje. Las unidades no tienen dormitorios para su personal, mucho menos para visitantes.

¿Cómo reclamar los abusos contra los uniformados? La ley dice que debe ser por conducto regular, en tanto los uniformados se ven privados, bajo sanción de baja definitiva, de acudir a medios de comunicación o promover acciones desestabilizadoras al interior de su institución.

Durante el último conflicto entre gobierno y policías, junio de 2012, las unidades se acuartelaron por varios días. No se hizo ninguna acción de prevención o auxilio, incluso se suspendió el festejo por el día del Policía, 24 de junio. Tras la firma de un acuerdo, nada ha cambiado porque los policías continúan en su demanda salarial, de correcta dotación de equipos, entrega de víveres, correcta distribución de uniformes en tallas y números apropiados y una nueva norma disciplinaria, entre otros.

Al respecto, el Ministro de Gobierno aclaró que no recibió ninguna comunicación de emergencia, movilización o plazos por parte de la entidad policial. Recordó, sin embargo, un proyecto de ley de Régimen Disciplinario que reemplazará a la cuestionada Ley 101, por la que los policías son sometidos a procesos a la mínima desobediencia.

La administración estatal debería preocuparse por mantener en mejores condiciones a más de veinte mil personas, quienes por ley dependen del Presidente del Estado Plurinacional, a través de su Ministro de Gobierno.

Es periodista (facebook.com/ladefensora.dellitigante).

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