La Gaceta Jurídica

El desacato va y viene

…funcionarios de Estado, quienes suelen ser calificados en todo momento de la historia con diferentes epítetos, apelativos y adjetivos de diferente calibre, más aún en este tiempo en que existen muevas tecnologías de comunicación de acceso masivo.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 26 de octubre de 2012

En respuesta a un recurso de inconstitucionalidad sobre el delito de desacato, presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) por miembros opositores al gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), esa instancia del Órgano Judicial declaró inconstitucional al artículo 162 del Código Penal, que establecía que quien calumnie, injurie o difame a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones “será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”, agravándose la pena si la persona afectada era el Presidente o Vicepresidente y ministros del Estado, magistrados de la Corte Suprema o parlamentarios.

Con este anuncio, gran parte de los entendidos en la materia consideraron que se trata de una determinación que favorece en mayor medida al derecho de libertad de expresión que se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 y que ha merecido mayor importancia gracias a convenios, tratados y normativa internacional que busca velar esta prerrogativa de la población. Sin embargo, los representantes del partido de gobierno en el Legislativo y el propio vicepresidente, Álvaro García Linera, han anunciado que sus militantes trabajan para que una figura similar sea incluida en el proyecto de Reforma del Código Penal.

Del mismo modo, el presidente del tcp, Ruddy Flores, durante la presentación de la Sentencia Constitucional 1250/2012, recordó que en el país permanece vigente la normativa sobre difamación, injurias y calumnias, tipificaciones que vendrían a suplir las acusaciones de desacato para ser incluidas en los procesos que tengan que ver con esta temática que afecta a la dignidad e integridad moral de las personas.

Si bien el tema ha derivado en que se trata de una forma para mejorar las condiciones y garantías en las que se desenvuelve la libertad de expresión, la preocupación de los miembros del gobierno y los asambleístas oficialistas se encuentra en que la falta de un mecanismo como ese dejaría en indefensión a los mandatarios y altos funcionarios de Estado, quienes suelen ser calificados en todo momento de la historia con diferentes epítetos, apelativos y adjetivos de diferente calibre, más aún en este tiempo en que existen muevas tecnologías de comunicación de acceso masivo.

Por otra parte, se encuentra la dificultad de un control político como otrora era posible, cuando, por ejemplo, un titular de portada en el Semanario Aquí provocó en 1989 disgusto del “Acuerdo Patriótico” (mir-adn) y la detención del entonces director de ese medio, Antonio Peredo, ex parlamentario y ex candidato a la Vicepresidencia del mas y recientemente fallecido. Similar situación ocurrió en contra del abogado Manuel Morales Dávila cuando se oponía a las políticas de Gonzalo Sánchez de Lozada. A la par existen intentos de registrar la protesta como lo hacía el ministro mirista Mario Rueda Peña, “contando” y reconociendo manifestantes, o como anunció que lo hace el actual vicepresidente, anotando nombres de los usuarios de las redes sociales de internet que insultan a los miembros de gobierno.

En todo caso, lo que aquí queda claro es que la forma de utilizar la libertad de expresión presenta diferentes niveles, desde los reprochables con poca capacidad creativa y que rajan en el insulto hasta los más elaborados e inteligentes, así fue desde siempre, incluyendo los libelos de Pedro Domingo Murillo pegados en las paredes. Entre tanto, las leyes seguirán variando.

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