La Gaceta Jurídica

¿Cómo se desarrolló la reforma del sistema procesal civil en Uruguay?

El Señor Justicia

Carlos Conde Calle

00:00 / 22 de noviembre de 2015

Empecemos con una interrogante. ¿Qué importancia puede te- ner analizar la reforma del sistema procesal civil en Uruguay? La primera razón es que esta reforma to- mó como fuente de inspiración el Código Modelo sobre el Proceso Civil para Iberoamérica. Por otro lado, debemos destacar la honestidad intelectual de los proyectistas del instrumento uruguayo.

Está claro que los procedimientos civiles en América Latina, después de la independencia política, adoptaron la legislación española. El Código de Pro- cedimiento Civil de Bolivia, de 1975, entró en esa dinámica.

Por tanto, era necesidad apremiante dotarnos de un nuevo sistema procesal. Pues bien, tengo en mi poder el libro Primer seminario de reforma judicial, que contó con los auspicios de Naciones Unidas, la Corte Suprema de Justicia y, fundamentalmente, de Usaid (órgano que hoy asusta por ser la expresión del imperialismo estadounidense).

Entre varios exponentes en septiembre de 1993, está el texto de Leslie Van Rompaey, ministra del Tribunal de Ape- laciones en lo Civil del Quinto Turno, Montevideo, Uruguay, y el comentario de Marcel Toro Wayar, presidente de la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca.

La autora sostiene que para abordar al tema es necesario remitirse a los antecedentes del Código Procesal uruguayo de 1989. Ella dice que primaba “el proceso escritural, desesperadamente escrito, al decir de Couture, insumía una atención temporal desmesurada (...), el número de jueces era insuficiente. La duración de los procesos, por demás dilatada, deterioraba la imagen del sistema judicial ante la opinión pública (...).

Nuestro maestro Couture decía en 1945, en la exposición de motivos de su Anteproyecto de Código de Procedimiento Civil, que es menester recordar que aquí el tiempo, más que otro, es justicia” (sic).

En la hermana República hubo un diagnóstico. La autora afirma que “en el sentir de la comunidad, según concluyera el diagnóstico de la justicia en Uruguay, efectuado por un equipo multidisciplinario de sociólogos y abogados, en 1989, la tardanza era el factor más negativo. Las expresiones más frecuentes de justiciables encuestados eran que la justicia que tarda no llega, vale más un mal arreglo que un buen pleito”.

Conviene precisar que similar estudio previo también hubo en Bolivia con auspicios de Usaid. Pero, con honestidad intelectual, la autora de este ensayo dice que “los doctores Vescovi, Gelsi y Torrelio son autores del An- teproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, aprobado en el Congreso celebrado en Río de Janeiro en 1980 por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (…).

En este proyecto se encuentran las fuentes inmediatas del código general del Proceso Civil de Uruguay, por cuanto sus autores son, a la vez, los proyectistas del código que entró en vigencia el 20 de noviembre de 1989 en nuestro país”.

La exponente magistral, sostiene que Uruguay es “el primer país latinoamericano que concretó la reforma del proceso civil sobre la base del anteproyecto del Código Procesal Modelo para Iberoamérica”. Posteriormente, la ma- gistrada Uruguaya señala que, “el doctor Torrelio, en ponencia presentada al Seminario Internacional sobre Refor- mas Procesales en América Latina (…), afirma (…) que la reforma se encaró bajo la égida de tres directivas principales: simplicidad, probidad y eficacia”.

¿Y quién es Luis Torrelio Giordano? Es el consultor externo de Bolivia que fue contratado en los años 90, es decir que con Cordero Miranda y Enrique Díaz Romero elaboró el proyecto de Código Procesal Civil cuando René Blattmann era ministro de Justicia de Bolivia.

¿Qué pasó en Bolivia? Como en todo proceso social político, después de muchos años de dictadura debíamos crear un nuevo sistema jurídico que responda a los movimientos de democratización en todo el continente. Llegó 1992 y el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada acometió la dura tarea de mudar las leyes.

Actuó en todos los frentes; v. gr, cambió el proceso penal que, como no es mi especialidad, dejo que los penalistas lo estudien. En el campo civil debemos tocar un par de dispositivos, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Respecto al primero, en 1999, cuando era ministro de Justicia Juan Antonio Chaín, se produjo el anteproyecto encomendado a Oscar Frenking Salas, Pastor Ortiz Mattos, Mario Cordero Miranda y Enrique Díaz Romero.

Finalmente fue presentado el Pro- yecto de Código Civil que fue remitido al parlamento. Hasta hoy no hay nada. Es un proyecto con muchas debilidades; vivimos en el siglo XXI y habría que reestudiarlo.

Le informo a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, que tengo en mi poder el anteproyecto original. Espero que no suceda lo que pasó con el Código Procesal Civil, que fue copiado por el nuevo sistema político. La Ministra de Justicia debiera visitar la biblioteca especializada del mismo Ministerio (planta baja). Allí encontrará el informe de gestión de René Blattmann (93-97).

Posteriormente, que visite el piso seis de su Ministerio, en el Departamento de Comunicación encontrará el informe de labores de su antecesora Cecilia Ayllón. Ulteriormente, que coteje los dos informes. El informe de Blattman, desde la página 93 hasta la 193 y la 326, y el informe gestión de Ayllón (2009-2013), de la página 93 a la 121. Luego exclamará: ¡se parecen mucho!

El proceso como tal, es decir, la creación del Nuevo Código Procesal Civil, comenzó en los años 90. Precisamente, uno de los autores, Cordero Miranda, en el libro colectivo El nuevo proceso civil, publicado por la editorial Kipus, aduce que fue copiado y dice: “como se puede apreciar, el NUEVO CÓDIGO es copia del Proyecto y, POR TANTO, SUS REDACTORES NO PUEDEN ATRIBUIRSE LA AUTORÍA DE UN trabajo...” (sic).

Los consultores del nuevo Código Procesal Civil, José César Villarroel y Andrés Valdivia, no respondieron a Cordero. ¿Por qué? No lo sabemos. El nuevo Código Procesal Civil tiene historia y antecedentes, solo había que citar las fuentes de inspiración, como lo hicieron los uruguayos.

No obstante, en nuestro afán de investigar, nos encontramos con el libro Proyecto de Código Procesal Civil, publicado por el Ministerio de Justicia en septiembre de 2013, en él cursa una presentación a cargo de César Villarroel: “el 25 de abril de 2010 se llevó la primera reunión del sector Justicia en la ciudad de Sucre con el fin de empezar un trabajo coordinado para la construcción de la nueva normativa procesal (...) la entidad coordinadora del anteproyecto de códigos fue  inicialmente la Unidad de Desarrollo Constitucional, dependiente de la Vice- presidencia del Estado Plurinacional”.

No dice nada sobre la historia y antecedentes del Código Procesal Civil y no alude, por ejemplo, al Anteproyecto Blattmann. Villarroel escribe luego que “el Código se sustenta en la oralidad con amplificación de procedimientos, bajo la premisa de menor formalidad y mayor celeridad, sin descuidar el debido proceso y el derecho de defensa como garantías constitucionales con el fin de otorgar una tutela efectiva y eficiente al ciudadano que acude en demanda de justicia.

También se destaca, de manera trascedente, los sistemas de resolución alternativa de conflictos, con preponderancia en la conciliación...”.

El autor confunde simplificación con desformalización (el Derecho por definición es formal: su desformalización es una abdicación del mismo Derecho). Una línea sobre el anteproyecto de Blattmann, producido por su maestro Cordero Miranda. Por otro lado, el texto nos muestra un manejo muy desprolijo de los signos (significante y significado). Claro, en la Facultad de Derecho no existe la materia de Redacción Jurídica.

El presidente Evo Morales podría pasar a la historia como el autor de un nuevo sistema jurídico alejado de la cultura occidental. La pregunta es ¿el nuevo Código Procesal Civil es descolonizador? Por supuesto que no. Es una copia del anteproyecto diseñado por Cordero Miranda y otros en la época del neoliberalismo.

*    Es experto en Derecho Privado.

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