La Gaceta Jurídica

La descolonización y poder punitivo1

(Parte I)

Foto:  www.libertarios.info

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Eugenio Raúl Zaffaroni

00:00 / 08 de julio de 2014

Nuestros gobernantes no pueden ignorar que a mayor ciudadanía corresponde menos violencia. Es menester que las fuerzas populares de nuestra región tomen urgente conciencia de que el camino más corto hacia el desastre es el de la concesión al reclamo mediático de mayor poder punitivo, un recurso del tardo colonialismo para destruir nuestros lazos comunitarios locales, nuestra solidaridad social, nuestro sentimiento de pertenencia y, en lo más inmediato, para desestabilizar a los gobiernos populares.

Siento el enorme peso de la historia en esta cuna del pensamiento revolucionario emancipador, en el centro difusor de las ideas de nuestras Revoluciones, del 25 de mayo de 1809 y de 1810, siendo esta última la que dio lugar al primer gobierno patrio de la Argentina, por cierto, encabezado por un potosino.

Me conmueve pensar en los próceres que pasaron por los claustros de esta Universidad y que recibieron las luces de los destellos ideológicos y jurídicos de la Academia Carolina de Charcas. Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Juan José Castelli, José Ignacio Gorriti, José Mariano Serrano, Manuel Rodríguez de Quiroga, Mariano Alejo Álvarez, Jaime de Zudáñez, por nombrar algunos, redactores de Constituciones, revolucionarios, firmantes de actas de independencia, magistrados, ministros, soñadores de nuestra América del Sur.

El tema con que me permito recibir esta altísima distinción no se halla separado de la tradición iniciada en este centro irradiador de luces. Tratar una cuestión de política criminal implica ocuparse de un capítulo de la política, pues el viejo concepto supuestamente aséptico de Franz von Liszt está hoy superado. En tanto que la dogmática jurídico-penal es un proyecto técnico de política judicial, es decir, de la operatividad de un sector del sistema penal, la política criminal abarca el total sentido del ejercicio de poder de ese aparato y, por ende, la implica. A su vez, el ejercicio de poder del sistema penal forma parte de la totalidad de la política o ejercicio del poder del estado.

Es indiscutible, pues, que el poder punitivo está imbricado en el eje de la política en el sentido amplio de gobierno de la polis, pero en un mundo cada vez más comunicado las sociedades no están aisladas, su poder interno está inserto en una red de poderes planetarios y, en el caso de nuestra región latinoamericana, el poder en nuestras sociedades no puede desvincularse del proceso de descolonización, que no culminó con la independencia del siglo XIX, sino que comenzó con ella y perdura hasta el presente.

Su culminación sólo tendrá lugar cuando realicemos el ideal de nuestros libertadores y concretemos la Patria Grande, en la que ninguno de nuestros conciudadanos carezca de lo elemental para una existencia digna. Este objetivo aún no se ha logrado, por lo cual no podemos en modo alguno regodearnos con discursos fúnebres destinados al colonialismo, que goza de buena salud.

Son tres hasta ahora las etapas del colonialismo en nuestra región, insertadas en los momentos de poder mundial e indisolublemente unidas a diferentes modalidades de ejercicio del poder punitivo. La primera fue (a) el colonialismo en sentido estricto practicado por las potencias ibéricas hasta el siglo XIX; (b) la segunda fue lo que Darcy Ribeiro y otros pensadores llaman el neocolonialismo, ejercido por la nueva hegemonía mundial a la caída de los decadentes imperios ibéricos, en especial Gran Bretaña; (c) la tercera etapa es la actual, de tardo colonialismo o etapa superior del colonialismo.

Este proceso ­–como dijimos– no es independiente del poder punitivo, sino que a éste le incumbe un papel central, pues, por un lado, es el instrumento que verticaliza a las sociedades en forma de ejército para condicionarle su carácter colonizador y, por otro, es el que permite hacer del territorio conquistado un inmenso campo de concentración.

Me explico mejor: en toda sociedad se ejerce poder; hay dos formas de ejercicio del poder social que siempre existieron: el que resuelve los conflictos en forma reparadora (más o menos el esquema del derecho privado) y el que lo hace deteniendo un proceso lesivo en curso o inminente (la coerción directa del derecho administrativo, antes llamada poder de policía).

En pequeña medida también siempre existe un poder del soberano o gobernante (individual o asamblea) para eliminar a los que ponen en peligro al conjunto, pero cuando este poder se extiende a otros conflictos y el soberano se declara lesionado único, se produce la confiscación de los conflictos y el poder punitivo se vale de la venganza colectiva para legitimar su creciente poder, aunque en realidad lo ejerce para verticalizar jerárquicamente a la sociedad.

De este modo, a medida que avanza el poder punitivo con su confiscación de conflictos, las sociedades van perdiendo los lazos horizontales que hacen a la comunidad, al sentido de pertenencia simpática a algo común, para ser reemplazados por vínculos verticales corporativos de subordinación. La sociedad toda tiende a convertirse en un ejército y cuando este proceso alcanza su coronación, si la debilidad de las sociedades a su alcance se lo permite, se lanza a su conquista. Eso es lo que hizo Roma con toda Europa y luego Europa con todo el planeta.

Pero la fuerza vertical corporativa acaba petrificando a la sociedad colonizadora, la inmoviliza impidiéndole adaptarse a las cambiantes situaciones de la dinámica del poder y la propia jerarquización obtenida mediante el poder punitivo como condición colonizadora o imperial es la que determina su ocaso y caída. Esto ha sucedido claramente con Roma y siglos después con el imperio ibérico.

Comunidad y sociedad jerarquizada son dos modelos que en sus extremos son incompatibles. El poder punitivo es destructor de los vínculos comunitarios, porque es poder vertical, en tanto que aquéllos son horizontales. Para desarrollar la comunidad es menester limitar o reducir el poder punitivo. Precisamente por eso, la comunidad del pueblo nazista, la Volksgemeinschaft, fue una caricatura de comunidad, porque jamás se puede organizar ésta en base a la exacerbación máxima del poder punitivo, que es precisamente lo que la destruye; la Volksgemeinschaft no fue otra cosa que un intento de extrema verticalización social corporativa disfrazado de comunidad.

En nuestro continente el poder punitivo era mínimo a la llegada del colonizador. Si bien en algunos puntos se ejercía limitadamente por el gobernante para mantener el poder e incluso para extenderlo a los pueblos vecinos, la confiscación indiscriminada de conflictos era extraña a nuestras culturas originarias y los procedimientos de incorporación no parecían responder a los métodos que trajeron los ibéricos (el respeto a las deidades del pueblo incorporado, por ejemplo). Es posible que sin la colonización se hubiese extendido el poder punitivo en algunos puntos de nuestra región, pero, como es sabido, la historia no se escribe con potenciales y este proceso, si existió, fue violentamente interrumpido.

El poder punitivo que trajeron los colonizadores consistió en una formidable ocupación policial de territorio, que lo convirtió en un inmenso campo de concentración (una colonia no es más que eso), situación que perduró hasta que los imperios ibéricos decayeron por efecto de su propia estructura jerárquica, que le impidió adaptarse a las condiciones que le imponía la Revolución Industrial y, por ende, perdieron la hegemonía central, que pasó a las potencias del centro y norte europeos.

En ese momento de debilidad imperial fue cuando nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre y los juristas formados en esta Casa, concibieron la Patria Grande y la liberación de nuestros pueblos. Soñaron y establecieron el objetivo final de la descolonización. Para ello se les imponía desbaratar el poder punitivo del gran campo de concentración que liberaban. Por eso tomaron los modelos legislativos y la ideas disponibles en su tiempo: la Constitución norteamericana era el modelo de república, único en ese momento; el Código Español de 1822 era el producto del relámpago liberal de la península, que a la vez sirvió para impedir que un ejército de reconquista colonial se lanzase sobre nosotros para ahogar en sangre nuestra independencia. San Martín y Bolívar llevaban en sus mochilas el pequeño librito liberal de Manuel de Lardizábal y Uribe, llamado el Beccaria español.

Nuestros libertadores comandaban ejércitos pluriétnicos y, por tanto, no eran racistas. Castelli, egresado de esta Alta Casa, abolió las instituciones coloniales de servidumbre de los indios en esta región. El pensamiento de los fundadores fue igualitario y liberal, conscientes de la necesidad de limitar y controlar al poder punitivo para estimular el sentimiento comunitario.

Pero nuestros libertadores fueron víctimas de un robo a mano armada. El nuevo poder hegemónico mundial no podía permitir el éxito inmediato de su empresa. Bolívar murió un poco antes de que un nuevo atentado le diese muerte; San Martín se percató de la momentánea imposibilidad y eligió el exilio; Sucre fue cobardemente asesinado; Monteagudo fue apuñalado por un sicario en Lima; Mariano Moreno murió misteriosamente a bordo de un navío británico; Artigas fue obligado a exiliarse en Paraguay; etc.

Nuestra región se balcanizó empeñada en sangrientas luchas fratricidas, hasta que minorías corruptas montaron pseudofeudalismos criollos mediante el ejercicio de un poder punitivo de ocupación territorial adecuado a las nuevas condiciones, o sea, al servicio de gamonales y capataces serviles a las oligarquías terratenientes o extractivas. Este fue el panorama desde el porfiriato mexicano hasta la República Vehla brasileña, desde la oligarquía de la carne enfriada argentina hasta el patriciado peruano.

Pero lo más valioso que esas oligarquías robaron a nuestros libertadores fue el discurso liberal: lo bastardearon, lo pasaron por el fango de sus intereses corruptos, lo consagraron en leyes y constituciones con garantías que jamás se respetaron. La soberanía del pueblo quedó sólo por escrito, relegada a un lejano futuro en que, merced a la supuesta tutela de estas oligarquías proconsulares de la nueva hegemonía mundial, nuestros pueblos alcanzarían el desarrollo biológico que les permitiese ejercerla, pues de momento su inferioridad racial no lo hacía viable.

El discurso del grosero ingeniero ferroviario Spencer campeaban en nuestras universidades y legitimaban a las minorías de las repúblicas oligárquicas y a su poder policial punitivo. Las razas inferiores eran peligrosas y mucho más los mestizos, teorizados como desequilibrados productos de mezclas raciales incompatibles.

Nuestros pueblos aprendieron a desconfiar de las leyes y de las instituciones que eran invocadas por sus opresores y explotadores. Esta carga de desconfianza institucional se arrastró a lo largo de la etapa de lucha contra el neocolonialismo, que comenzó con la Revolución Mexicana de 1910, la guerra civil más sangrienta del siglo pasado, en medio de la cual nació al mundo el constitucionalismo social con la Carta de Querétaro (Constitución de 1917), impuesta por los diputados campesinos y obreros.

Esta resistencia al neocolonialismo se prolongó a lo largo de la mayor parte del siglo pasado y fue llevada adelante por movimientos populares que ampliaron la base de la ciudadanía real, o sea, de un protagonismo político que presuponía la satisfacción de elementales necesidades de vida digna. Fueron los llamados populismos, tan denostados por muchos de nuestros intelectuales, en particular cuando la realidad no se aviene con las formas y circunstancias lineales que ellos imaginaron. Esto obedece a que una parte de nuestra intelectualidad cree que cuando los hechos no coinciden con la idea, corresponde declarar errados los hechos en lugar de rectificar la idea.

Tales populismos fueron los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México, de Getúlio Vargas en Brasil, de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón en la Argentina, de José María Velasco Ibarra en Ecuador, del mnr boliviano, así como el apra y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, etc. El más superficial análisis histórico demuestra que fueron diferentes, como correspondía a la disparidad de realidades, pero todos tuvieron en común la considerable y a veces abrupta ampliación de la ciudadanía real.

Estos populismos también compartieron defectos en diferente medida: personalismo, contradicciones, vacilaciones, excesos, paternalismo, algún grado de autoritarismo y hasta de poder punitivo innecesario. En cuanto a corrupción, su nivel fue siempre muy inferior al de las repúblicas oligárquicas, que se permitieron alardear de moralidad cuando en realidad operaban legalmente dentro de un sistema de explotación y corrupción legalizadas. Además, no faltan quienes pretenden considerarlos fascistas, cuando es sabido que el fascismo requiere un mito imperial, inconcebible en una lucha anticolonial.

No es menester ignorar ni minimizar los defectos de nuestros populismos del siglo pasado para verificar que en el balance histórico salen altamente beneficiados en dos sentidos. El primero de ellos es demasiado obvio: sin los populismos es probable que muchos o la mayoría de nosotros no estaríamos hoy aquí y quizá ni siquiera hubiésemos aprendido a leer y escribir.

El segundo es que todos los abusos cometidos por los populismos resultan insignificantes en comparación con las atrocidades, violencias, masacres y crueldades de todo orden, llevadas a cabo por quienes usurparon el adjetivo liberal y opusieron resistencia a la ampliación de ciudadanía o procuraron desmontar de raíz la obra de extensión de los populismos.

Pero cuando incorporamos al platillo de la resistencia a la ampliación ciudadana la última batalla del neocolonialismo, que fueron las llamadas dictaduras de seguridad nacional, los posibles o reales abusos populistas resultan directamente insignificantes.

En este capítulo de nuestra historia regional, el poder mundial y las fuerzas regresivas locales pervirtieron a nuestros oficiales militares y convirtieron a nuestras propias fuerzas armadas –fundadas por los libertadores– en policías de ocupación, dando lugar a un fenómeno de auto-colonialismo de increíble crueldad. El descaro auto-colonial llegó al grado de asumir sin reparo un discurso colonialista europeo, como era la idea de seguridad nacional importada de las tesis francesas de ocupación de Argelia y Vietnam y del terrorismo de la oas, cuya cabeza visible fue discursivamente defendida por el ideólogo nazista Carl Schmitt en su famosa conferencia sobre la teoría del partisano, pronunciada en la Universidad de Pamplona en plena dictadura franquista.

El saldo de este último coletazo del neocolonialismo en Latinoamérica es atroz: cientos de miles de muertos, torturados y desaparecidos, terrorismo e intimidación pública sin límites, persecuciones ideológicas absurdas, exilios masivos, generaciones decapitadas intelectualmente, avasallamiento de todas las instituciones como nunca antes se había conocido, todo en el marco de una incalificable empresa de auto-colonización.

El poder punitivo de seguridad nacional triplicó el sistema penal, como bien lo señaló hace años la criminóloga venezolana Lola Aniyar de Castro. Junto al sistema penal oficial se montó otro paralelo, valido de estados de excepción, con miles de prisioneros sin proceso ni imputación alguna, y junto a éste un sistema penal subterráneo, totalmente arbitrario y encargado de las ejecuciones, torturas y desapariciones, que entre otras atrocidades arrojó a personas vivas desde aviones, secuestró y privó de identidad a niños y hasta empaló a algún adolescente.

Acabó trágicamente la etapa del neocolonialismo a partir de la empresa bélica llevada a cabo en Malvinas por la dictadura argentina en descomposición económica, que sumó otra incalculable cuota de dolor y muerte de adolescentes comandados por irresponsables. Cruentamente se cerró la segunda etapa del colonialismo en la región, igual que como había comenzado, vertiendo sangre de los más carenciados de nuestros pueblos.

Cabe preguntar, ante este balance, quién fue más liberal o, si se prefiere, quién fue menos antiliberal. ¿Los populismos o sus detractores? La respuesta no deja ningún lugar a dudas: los más liberales –o los menos antiliberales– fueron siempre los movimientos populares. El poder punitivo fue en ellos mucho más limitado y prudente que el terrorismo sembrado por sus opositores. Sus excesos punitivos fueron juegos de niños, comparados con la atrocidad programada.

Continuará

Nota

1 Discurso pronunciado en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre-Bolivia, 25 de marzo de 2012.

Es abogado, profesor titular y director del departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

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