La Gaceta Jurídica

La descolonización y poder punitivo1

(Parte final)

Foto:  www.usfx.info

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Eugenio Raúl Zaffaroni

00:00 / 15 de julio de 2014

Esta potenciación formidable del poder punitivo requiere un fuerte apoyo o consenso público, que se logra con la creación de una realidad mediática destinada a mostrar al delito común como el único y mayor riesgo social, al tiempo que atribuye su responsabilidad a un grupo étnico individualizado, elevándolo a la condición de enemigo. La fabricación de enemigos es el método usado por todos los genocidas y recomendado como esencia de la política por el siniestro Carl Schmitt. Mucho podríamos hablar sobre esto, pero prefiero no extenderme, remitiéndome a lo que escribí muchas veces.

Lo cierto es que si bien no podemos copiar el modelo que surge de este extraño giro norteamericano de las últimas tres décadas, recibimos su publicidad y su metodología y, además, cabe tener en cuenta que el gran empresariado mediático también forma parte de la red de grandes corporaciones, pues sus inversiones se hallan inextricablemente entreveradas con ellas. No resulta, pues, nada extraño que nuestros medios masivos también se dediquen a crear pánico moral, a fabricarnos enemigos y víctimas héroes y, en definitiva, a tratar de movilizar los peores sentimientos de venganza en nuestras poblaciones con bombardeos continuos de noticias rojas y demandas de mayor represión punitiva.

Por su parte, directamente importada del centro, la comunicación de entretenimientos nos reitera las interminables series policiales dobladas a todas las lenguas y vendidas a bajísimo costo, concebidas en base a una estructura simplista en que el supuesto héroe (un psicópata por lo general) triunfa porque emplea la violencia, viola los límites legales, burla a algún funcionario prudente (detrás del cual se halla el consabido odio al juez) y de este modo mata al villano y salva a la mujer, por lo general mostrada como inferior, débil y hasta tonta. En una hora de zapping televisivo vemos más homicidios que los cometidos en un año en toda nuestra ciudad y con un grado de crueldad que muy rara vez se presenta en la realidad. El corolario infalible es que no hay otra solución para cualquier conflicto que la violenta y punitiva.

Conforme al viejo y archiconocido teorema de Thomas, poco importa que algo sea verdadero o falso, pues si se lo da por verdadero, producirá efectos reales y, como es natural, estos efectos se producen, la general creencia de que la violencia aumenta se instala y la demanda de venganza también, disfrazada de demanda de seguridad, sin que nadie repare en que la represión siempre es posterior al hecho y nada se hace por prevenirlo: después del homicidio es posible matar al asesino, pero con eso no se evita otro homicidio.

Fuera del grupo de los llamados formadores de opinión televisivos y radiales, en el plano científico nadie sostiene hoy el pretendido efecto disuasivo de la pena en delitos graves y violentos. Cuanto más grave es un delito, la sanción jurídica –cualquiera sea- tiene menor efecto disuasivo, hasta llegar al terrorista que se carga de dinamita y estalla en medio de una multitud porque cree que alcanzará el paraíso. En verdad, si alguien quisiese disuadirlo, por su propia seguridad lo último que le aconsejaría es que le alcance un código penal.

Pero por irracional que sea, los políticos se hallan presos de los medios masivos, sea por oportunismo, por mala fe o, incluso los honestos, por miedo ante la agresión mediática. Los jueces son amenazados por la misma agresión y por el oportunismo de los políticos. Los legisladores destruyen los códigos penales y los jueces dictan sentencias con temor. El miedo de la población y el movimiento vindicativo promueve el de los políticos y jueces. Las corporaciones procuran gobernarnos a través del miedo paranoico.

Los medios masivos construyen una realidad mediática que pretende mostrar a gobiernos populares como caóticos, precisamente en el momento en que no pueden hallar otras motivaciones para desconcertar a la opinión pública, pero con esto provocan un caos real en el sistema penal, lo desequilibran, condicionan una pena de muerte por azar en las prisiones precarias y superpobladas por presos provisorios, en su mayoría en prisión preventiva, llevan adelante campañas de hostigamiento a los jueces, los desprestigian, los insultan impunemente aprovechando la ancestral y notoria incapacidad judicial para la comunicación masiva, siempre en situación de inferioridad, indefensión y alta vulnerabilidad frente a ésta.

No obstante, no conformes con esto, los medios masivos, mediante los comunicadores y formadores, postulan una ampliación siempre creciente del arbitrio policial, lo que se traduce en una ampliación de la autonomía de las policías respecto de los controles políticos y judiciales y, por consiguiente, un mayor ámbito de arbitrariedad para la formación de cajas de recaudación autónoma.

A esto contribuye claramente la carencia de un modelo propio de policía en la región. Copiamos la Constitución norteamericana, pero no su policía comunitaria. Además, nos instigan a centralizar y tener policías únicas, que se vuelven inmanejables y ponen sitio al poder político y judicial, cuando los Estados Unidos tienen miles de policías.

En la región parecen ser ahora las policías las que llevan a cabo los golpes de estado y no ya los militares; su poder autónomo está en condiciones de desestabilizar a muchos gobiernos y de repartir parte de su recaudación con caciques políticos locales, en especial cuando de financiar campañas de elección interna de los partidos se trata. La institución policial se deteriora y pierde capacidad preventiva.

Se olvida que las policías son fundamentales, que hay países sin fuerzas armadas, pero sin policía ninguno, por lo cual es prioritario el cuidado de la institución policial y la planificación de un modelo acorde a nuestras necesidades y características, adecuadamente dimensionada, con inserción comunitaria y con controles políticos y judiciales eficaces.

En cuanto a los enemigos, cuando hay mejores candidatos se deja de lado a los delincuentes comunes, pero cuando no hay terroristas ni otras organizaciones con caracteres conspirativos, se elige a éstos y, en particular, a nuestros adolescentes de barrios precarios. Ellos son los enemigos mediáticamente construidos en nuestra región, aunque con frecuencia tampoco se ahorran asignar ese papel a los conciudadanos inmigrantes de nuestros países vecinos.

Es bastante claro el objetivo de destrucción comunitaria que se persigue con esta creación de realidad: generar violencia social, verticalizar nuestras sociedades, jerarquizarlas para mejor someter a nuestros sectores sociales más pobres y vulnerables, sembrar la desconfianza entre nosotros, romper todo vínculo o lazo de comunicación interclasista, hacer retroceder las garantías penales y procesales, impedir que los segmentos excluidos puedan coaligarse mediante la selección criminalizante, victimizante y policizante de los mismos sectores, etc.

En definitiva, se trata de destruir al máximo las relaciones horizontales de cooperación, diálogo y solución pacífica de los conflictos, desprestigiando y ridiculizando cualquier intento en ese sentido. La razón de este flanco de ataque es conocida desde siempre; el Martín Fierro lo dice: si se matan los de adentro los devoran los de afuera.

¿Pero en realidad aumenta la violencia en nuestras sociedades? Esta es una buena pregunta, porque lo revelador es que Latinoamérica muestra un panorama muy diferencia de niveles de violencia social. En este momento en México se vive una terrible tragedia con muchos miles de muertos en una masacre sin precedentes, que responde a una división internacional del trabajo muy particular. En Centroamérica el problema no parece ser menor, con alta frecuencia homicida, las maras, etc. Pero en el sur la cuestión parece ser diferente: tenemos bajos índices de homicidio y al menos en Uruguay, Argentina y Chile parecen estar en baja. Argentina ha bajado su tasa un tercio en los últimos diez años; en Brasil, si bien es alta, también ha logrado bajarla en un tercio. En síntesis: siendo muy diferente el grado de violencia social en la región, lo llamativo es que la publicidad vindicativa y la creación de pánico moral es idéntica en toda ella, o sea, que se trata de una metodología a la que le es indiferente al grado de violencia real de cada sociedad.

En cuanto a los países del sur de la región, cabe pensar que no somos países patológicos y, por ende, no constituimos un fenómeno inédito y contrario a toda la experiencia mundial, en que todos los criminólogos saben que cuando un país sube su renta per cápita, aumenta el empleo y reduce la inequidad distributiva, la curva de homicidios tiende a descender, y estos son precisamente los datos económicos que nos informa la CEPAL en los últimos años. Sin embargo, el pánico moral cunde y los políticos honestos se asustan y los deshonestos y corruptos se aprovechan del miedo para sembrar el caos y debilitar a los gobiernos populares.

Si alguna prueba faltase acerca de que la construcción mediática de una realidad violenta y caótica es un instrumento del que se vale la reacción antipopular, recomiendo dar un vistazo a todas las proclamas de las dictaduras militares de nuestra historia y verificar que en todas ellas se demanda mayor represión ante el supuesto avance incontenible de la delincuencia común.

Pero los políticos honestos se asustan, no saben cómo responder a la agresión mediática, cuando en realidad tienen a la mano la respuesta, tan cerca que no la ven, como su propia nariz. Perón parafraseaba a algún filósofo y repetía con frecuencia que la única verdad es la realidad y, en efecto, esa es la mejor defensa, pero no la ven, permanecen hipnotizados por la televisión y tiemblan ante ella en lugar de responder, se paralizan ante el riesgo de ser satanizados televisivamente.

Esto se debe, sencillamente, a que nadie sabe exactamente lo que sucede en la realidad y, pese a que es facilísimo averiguarlo, nadie lo hace. En algunos momentos depresivos estoy tentado de creer que a nadie le interesa prevenir la muerte de sus semejantes, pero este pensamiento me parece horroroso. Si la única verdad es la realidad, pero se opta por no averiguarla, no se puede decir ninguna verdad.

Bastaría con confeccionar un protocolo muy simple, con unas veinte preguntas acerca de cada homicidio y mirar cada expediente unos minutos para responderlo, centralizar la información y con un pequeñísimo equipo de sociólogos o incluso estudiantes de ciencias sociales trazar las curvas y cruzar los datos.

Este procedimiento exploratorio casi no tiene costo operativo y seguramente va a demostrar que los homicidios se concentran en algunos puntos geográficos de las ciudades y en algunas capas de población, verificará que no salen los pobres a matar ricos, sino que se matan entre ellos, demostrará que el grupo estigmatizado no es el que protagoniza el mayor número, casi siempre verificará que predominan los homicidios entre conocidos sobre los que tienen lugar entre desconocidos, etc.

Pero, además, nos indicará quiénes son las víctimas, cuál es el riesgo de victimización a neutralizar, cómo prevenir los resultados, dónde concentrar la vigilancia, etc. En síntesis: como no se sabe nada, no se puede responder nada y, lo que es más grave aún, de este modo tampoco se puede prevenir nada.

Nuestros gobernantes no pueden ignorar que a mayor ciudadanía corresponde menos violencia y, si en realidad, están cumpliendo con la función de ampliación de la ciudadanía, no deben temer a la realidad, sino enfrentarla y, para eso, antes deben estudiarla de modo sencillo, sin métodos sofisticados ni caros, como la simpleza que acabo de proponer, una investigación absolutamente grosera, meramente exploratoria, pero que nadie se ha tomado la molestia de llevar a cabo en ninguno de nuestros países.

El camino más corto hacia el desastre es el de la concesión al reclamo mediático de mayor poder punitivo. Se trata de una extorsión y nunca se debe ceder ante el extorsionador, porque siempre volverá por más, hasta que sea imposible satisfacer la atrocidad que reclame o hasta que las policías autonomizadas incurran en la primera violencia y, en ese momento, los mismos medios que reclamaron su autonomización se rasgarán las vestiduras y acusarán de totalitarios y fascistas a los políticos y gobiernos que cedieron a sus precedentes presiones.

Es menester que las fuerzas populares de nuestra región tomen urgente conciencia de que el reclamo de mayor poder punitivo es un recurso del tardo colonialismo para destruir nuestros lazos comunitarios locales, nuestra solidaridad social, nuestro sentimiento de pertenencia y, en lo más inmediato, para desestabilizar a los gobiernos populares.

Los pueblos pueden desconcertarse un rato, pero siempre saben que en el fondo las únicas víctimas del poder punitivo en la región siempre fueron los más vulnerables.

Desde los albores del proceso descolonizador sabemos que debe contenerse el poder punitivo, porque es el instrumento preferido de dominación, el que usó para convertirnos primero en un inmenso campo de concentración, luego para mantener la disciplina de los capataces de las oligarquías terratenientes y extractivas, más tarde para decapitar a nuestras generaciones jóvenes y, ahora, para desestabilizar a todo gobierno popular y para destruirnos como comunidades.

Las garantías liberales, las auténticas, las que fueron bastardeadas en leyes declamatorias por nuestros racistas, restablecidas en su sentido auténtico, siempre fueron un instrumento de liberación que nos permitió espacios sociales en los cuales desarrollarnos o consolidarnos como comunidad, en tanto que el poder punitivo siempre fue el medio racista y esclavizante para someternos más fácilmente.

Nadie puede llamarse a engaño en esta etapa del tardo colonialismo: los intereses colonialistas que se mueven detrás de las corporaciones mediáticas no piden más porque saben que carecen de espacio, pero si pudiesen ampliarían el poder punitivo hasta volvernos a la condición de campo de concentración. San Martín y Bolívar lo sabían y los egresados de esta Casa también, y por eso fueron perseguidos, exiliados y asesinados.

El derecho penal de garantías, los límites al poder punitivo, son indispensables para la ampliación de la ciudadanía, en tanto que el poder punitivo es necesario a quienes procuran su contención regresiva. Esto es en síntesis lo que nos enseña la historia, nuestra propia historia, la de nuestro incompleto proceso de descolonización.

En esta etapa es menester usar la inteligencia con gran habilidad y, para ello, no está de más releer de vez en cuando los libros que Bolívar y San Martín llevaban en sus mochilas.

Prueba de las profundas convicciones de nuestros próceres al respecto fue su preocupación por los códigos que fijaban límites al poder punitivo como lo testimonian las elocuentes palabras con que el Mariscal Santa Cruz proclamaba el código penal boliviano de 1831 y con las que me permito cerrar esta exposición: “Las leyes claras y positivas son la base de la buena administración de justicia, y la buena administración de justicia es la sola capaz de asegurar los derechos del ciudadano, e inspirarle esa tranquilidad en que consiste la libertad, y el goce de cuanto es más caro para el hombre constituido en sociedad”.

Nota

1. Discurso pronunciado en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 25 de marzo de 2012.

Es abogado, profesor titular y director del departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

Tomado de: bolpress.com

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