La Gaceta Jurídica

El “descongestionamiento” del sistema procesal penal

Apunte legal - (Parte I)

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 18 de noviembre de 2014

Dicen que “el tiempo vale oro”, porque cuando se va nunca más vuelve, es inexorable; sin embargo, a nosotros los abogados el maestro Eduardo J. Couture nos enseñó que, “en el proceso, el tiempo no solo es oro, sino algo más: justicia”.

Lamentablemente, en los procesos penales que se tramitan en Bolivia el tiempo ha sido y es, prácticamente, un enemigo de la justicia, porque tiene que pasar mucho tiempo (calculable en meses y años) para que culminen en legal forma las investigaciones, se aperture el juicio penal de acuerdo a Ley y se emita una sentencia que, además de dilucidar la situación jurídica de una persona sometida a proceso, sea justa, equitativa y proporcional a la gravedad del delito que se juzga.

Esto es solo una consecuencia de uno de los males que más aquejan al sistema de justicia penal: la retardación de justicia.

Y es que –como ya sostuve anteriormente en esta misma columna respecto a la crisis judicial (1)– la retardación de justicia, en muchos casos, provoca una mora procesal insostenible por la falta de personal calificado y/o por no tener los recursos humanos suficientes para alivianar la sobrecarga procesal en los Juzgados.

Esto no solamente es responsabilidad del juez o jueza, sino también del procesado o procesada y de su abogado o abogada, quienes muchas veces apelan a la mala costumbre de la “chicanería”, utilizando todos los medios ilícitos a su alcance para obstaculizar la averiguación de la verdad, lo que indudablemente deriva en la existencia de procesos judiciales inacabables y eternos, por la temeridad y malicia con que muchas veces actúan las partes, cuando les conviene provocar la innecesaria dilatación del proceso.

Precisamente, ante este panorama, es que ahora se ha tomado la decisión de implementar medidas legales para enfrentar el congestionamiento de causas pendientes en el sistema de justicia penal. Es así que se ha puesto en vigencia la Ley Nº 586 de Descongestiona- miento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, de 30 de octubre de 2014, que básicamente tiene por objeto implementar procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia.

Así se busca garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz en el marco de la Constitución Política del Estado (cpe), que en el artículo 115, parágrafo II, establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, un caro anhelo del constituyente, que ahora comienza a verse materializado en una nueva Ley.

Esta reciente norma contiene muchas disposiciones interesantes, como el archivo de causas que se encuentren todavía en investigación preliminar y que hubieran permanecido inactivas durante más de un año para su publicación y posterior archivo, excepto en causas por delitos contra la vida, la libertad sexual, trata y tráfico de personas, violencia política, violencia familiar o doméstica, contra la seguridad y economía del Estado, corrupción, criminalidad transnacional o criminalidad organizada.

Asimismo, se prevé la conversión extraordinaria de la acción penal en la etapa de investigación preliminar, aplicable en los casos de delitos que requieran instancia de parte; delitos en que sea previsible la aplicación de un Criterio de Oportunidad Reglada, conciliación, suspensión condicional del proceso, y delitos de contenido patrimonial y culposos, excepto los de corrupción y vinculados a ellos.

Sin embargo, una de las disposiciones que llama poderosamente la atención es la referida a la constitución de los Tribunales de Sentencia, dado que la nueva Ley dispone que en los procesos cuyos Tribunales de Sentencia no se hayan constituido dentro de la etapa del juicio oral, a momento de la publicación de esta Ley, se constituirán por tres (3) jueces técnicos; a cuyo efecto, la Presidencia del Tribunal se ejercerá de forma alternada (la primera vez por sorteo y posteriormente por turno).

Esta disposición supone, prácticamente, la eliminación de los jueces ciudadanos dentro de la administración de justicia penal, ello se confirma con las modificaciones que se introducen al Código de Procedimiento Penal y a la Ley del Órgano Judicial. Así, se ha modificado el artículo 52 del Código, referido a los Tribunales de Sentencia, en el siguiente sentido:

“I. Los Tribunales de Sentencia estarán integrados por tres (3) Jueces Técnicos, quienes serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública, con las excepciones señaladas en el artículo 53 del presente Código. II. La Presidencia del Tribunal se ejercerá de forma alternada, la primera vez por sorteo, y posteriormente por turno”.

Similar disposición se ha incorporado al artículo 60 de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial, referente a la composición de los Tribunales de Sentencia en materia penal.

Esta determinación –anunciada hace un año– constituye a todas luces un retroceso en la configuración del sistema de administración de justicia en materia penal, en desmedro de la participación ciudadana (2) y el control social, establecidos por la propia Constitución.

Conviene recordar –como también ya sostuve anteriormente en este mismo espacio respecto a la importancia de los jueces ciudadanos (3)– que uno de los aspectos que era necesario superar en la administración de justicia boliviana era, precisamente, la exclusión de la población o su nula participación en los procesos judiciales, que implicaban la comisión de delitos graves y que, muchas veces, provocaban un enorme repudio y protesta social generalizada, como fueron los casos de asesinatos de mujeres (lo que ahora se conoce como feminicidio), violaciones a menores de edad, seguidas de muerte inclusive.

Entonces, para ampliar la participación de la ciudadanía en la administración de justicia sobre estos casos y establecer un mecanismo de control social al accionar de los jueces, en la reforma procesal penal de 1999 se incluyó la figura de los jueces ciudadanos y las juezas ciudadanas, para que coadyuven en esta labor de acuerdo a las condiciones establecidas por ley y sin mayor requisito que la idoneidad y el mínimo sentido de justicia que cada persona capaz de diferenciar lo bueno de lo malo posee.

Continuará

Notas

1. Mi artículo de opinión sobre las causas determinantes de la crisis en la administración de justicia en Bolivia puede leerse en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/la_gaceta_juridica/Causas-determinantes-crisis-administracion-justicia_0_2004399632.html

2. Sobre la participación popular en la administración de Justicia, es recomendable el artículo de Arturo Yáñez, disponible en: http://www.arturoyanezcortes.com/pdf/artper013.pdf

3. Mi artículo de opinión sobre la importancia de los jueces ciudadanos en la administración de justicia penal puede leerse en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/la_gaceta_juridica/importancia-jueces-ciudadanos-administracion-justicia-gaceta_0_1941405943.html

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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