La Gaceta Jurídica

Entre desinformación y ejercicio de los derechos humanos

La energía nuclear debe ser analizada y se necesita debatir sobre ella; para esto, el Estado debe garantizar el derecho a información sustentada, documentada, sin contradicciones que lleven a la desinformación. Además, es preciso conocer la actividad existente en el país sobre el tema.

La vecindad de Mallasilla en La Paz se movilizó difundiendo su percepción sobre el proyecto.

La vecindad de Mallasilla en La Paz se movilizó difundiendo su percepción sobre el proyecto. Foto: APG

Patricia Molina

00:00 / 18 de octubre de 2015

El 30 de septiembre último, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, señaló que se estaría difundiendo información falsa sobre el centro de investigación nuclear, proyectado para que funcione entre el barrio de Mallasilla del Municipio de La Paz y el Municipio ecológico de Achocalla, en sentido de que sería un proyecto para elaborar bombas atómicas.

El domingo 4 de octubre, una masiva marcha recorrió la zona sur de La Paz para rechazar el proyecto, alegando, entre otras razones, la desinformación por parte de las autoridades, quienes insisten en que el proyecto tendría “la finalidad de mejorar los niveles de servicio en salud para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades terminales”.

García Linera, además, señaló que “Bolivia es el único país de la región que no tiene un instituto de energía atómica a diferencia de Argentina, Chile, entre otros, que cuentan con un centro nuclear a pocas cuadras de su palacio de gobierno”.

Instancias existentes

Sin embargo, el director general ejecutivo del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (Ibten), Luis Romero Bolaños, sostuvo que la tecnología nuclear se utiliza en Bolivia hace más de 20 años, enfocada para la salud y la actividad agropecuaria. Indicó, asimismo, que el Ibten maneja, entre otros, tres proyectos con tecnología nuclear: el desarrollo de tratamiento oncológico a partir de radiaciones de cobalto 60, el uso del Cesio 137 para identificar grados de erosión y la aplicación de berilio 7 para la medición de la erosión hídrica.

Romero explicó que con los dos últimos proyectos se busca establecer un sistema de uso de suelos combinado con la aplicación de fertilizantes marcados, producidos con isótopos como el nitrógeno 14 y 15, para incrementar la productividad, sobre todo de quinua en el área del intersalar.

Sobre la investigación en el área de salud, explicó que también se busca producir radiofármacos para eliminar células cancerosas sobre la base de ciclotrones y aplicando aceleradores lineales.

Bolivia es país miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea) y el Ibten es la institución descentralizada dependiente del Ministerio de Educación, responsable de la investigación con técnicas nucleares.

Sus objetivos generales son promover la utilización de la ciencia y tecnología nuclear coadyuvando al proceso de transformación de estructuras económico-pro- ductivas y socio-comunitarias del país, utilizar técnicas nucleares y convencionales en la evaluación de la calidad ambiental, precautelando el vivir bien de la población y coadyuvar en la gestión de proyectos regionales financiados por el oiea.

El Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (cian) es uno de los dos centros pertenecientes al Ibten, está ubicado en el municipio de Viacha, comunidad Surusaya, aproximadamente a 3 km fuera de la ciudad viacheña.

Falta de información 

Evidentemente, el vicepresidente está desinformado. En realidad las prospecciones en búsqueda de uranio en Bolivia se iniciaron en la década del 60, cuando fue creada la Comisión Boliviana de Energía Nuclear (Coboen), mediante Decreto Supremo 5389 del 14 de enero de 1960.

Posteriormente, Bolivia ingresó como país miembro al oiea, con cuya asistencia Coboen inició sus trabajos.

Su misión, era la realización de estudios y trabajos de preparación, prospección, evaluación, explotación, refinación, control y comercialización de minerales radioactivos, complejos y subproductos existentes en el territorio.

En 1983, el área de Materias Primas (prospección, exploración y explotación) de Coboen pasó al Servicio Geológico de Bolivia (Geobol) y el resto de las áreas dieron lugar a la creación del Ibten.

Romero señaló también que el Ibten –como miembro de la – oiea– planteó ante este organismo el proyecto para un Reactor Nuclear de Investigación que permitirá sentar las bases para la instalación del Reactor de Potencia que generará la energía nuclear (febrero 2015, Ibten promueve tres proyectos para salud y el agro a partir de tecnología nuclear).

Una de las manifestantes de la marcha contra el centro nuclear dijo que causa mucha susceptibilidad que el gobierno se niegue a dar a conocer por escrito cuál es el plan preciso del centro nuclear.

El derecho a la información en materia ambiental

El derecho a la información se encuentra consagrado como uno de los derechos indispensables de los humanos. Su importancia descansa en un concepto de igualdad y justicia, porque todos los seres humanos necesitan tener información precisa para la toma de decisiones y para su desarrollo pleno.

Mientras que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a la in- formación como uno de los derechos indispensables del ser humano y el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre lo consagra desde 1948, es el Estado, como ente jurídico principal al servicio de los ciudadanos, el que debe garantizarlo.

En materia ambiental, el derecho a la información es uno de los principales pilares del proceso de evaluación. Como se desprende de este principio, es necesario que en todas las cuestiones que posean contenido ambiental se haga partícipe a la comunidad en general, sin distinguir ni siquiera entre los que poseen un interés especial y los que no.

Toda persona tiene derecho a opinar, proponer enmiendas, solicitar información, oponerse, apoyar, brindar y demandar en materia ambiental.

El Principio 10 de la Declaración de Río, emergente de la Cumbre de la Tierra realizada en 1992, afirma que:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las acti- vidades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) realizada en Río de Janeiro en junio de 2012, un grupo de países de América Latina y del Caribe firmaron la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Por medio de esta Declaración, los países firmantes se comprometieron a avanzar con el apoyo de la Comisión Eco- nómica para América Latina y el Caribe (Cepal), como secretaría técnica, en la consecución de un acuerdo regional que facilite la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.

Entre 2012 y 2014 se realizó cuatro reuniones de puntos focales de los países firmantes y 14 reuniones de grupos de trabajo. En noviembre de 2014 fue creado un Comité de Negociación y se dio inicio a la fase de negociación que debe ser concluida hasta diciembre de 2016 (http://www.cepal.org/pt-br/historico-principio-10). Bolivia se encuentra entre los países firmantes de esta Declaración.

Los proyectos de energía nuclear deben ser analizados y debatidos. Para ello, el Estado debe garantizar el derecho a información sustentada, ampliamente documentada y sin contradicciones que lleven a la desinformación.

Es ingeniera agrónoma e investigadora medioambientalista.

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