La Gaceta Jurídica

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La destitución de altos funcionarios públicos

Gabriel Peláez G.

00:00 / 13 de diciembre de 2015

El año que termina se ha caracterizado por el despido, hasta intempestivo, de una cantidad muy notoria de altos funcionarios públicos. Ya se trata de magistrados del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional, de jueces, fiscales e, incluso, la suspensión de la totalidad de vocales de una de las cortes electorales (la de Chuquisaca), que acabó con la renuncia de todos sus integrantes.

De ninguna manera vamos a tratar de encontrar explicaciones o justificativos a los casos de abierta corrupción o de irregularidades que fueron cometidas en diversas instancias y organismos del Estado, solo nos preguntamos, ¿por qué en muchos casos y, últimamente, se ha hecho posible la suspensión o destitución como figuras convertidas a última hora en habituales cuando, hasta hace muy poco, nunca lo habían sido?

Tengamos en cuenta que entre los funcionarios detenidos por órdenes judiciales se hallan, inclusive, exministros de Estado, senadores y diputados en actual ejercicio de funciones.

El análisis, por lo tanto, de los muchos casos referidos, sobre todo al tema del Fondo Indígena, tiene que merecer un detalle por separado en razón de la jerarquía de los imputados.

El artículo 116 de la Constitución Política del Estado (cpe) dice: “Se garantiza la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

A su turno, el artículo 117 de la misma ley fundamental anota: “NINGUNA PERSONA PUEDE SER CONDENADA SIN HABER SIDO JUZGADA EN UN DEBIDO PROCESO...”

Y el artículo 120 establece: “Toda persona TIENE DERECHO A SER OÍDA POR UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL Y NO PODRÁ SER JUZGADA POR COMISIONES ESPECIALES...”

Estos principios constitucionales resultan básicos respecto del tema de funcionarios públicos, delitos cometidos y su juzgamiento.Tenemos que comenzar, consiguientemente, a preguntarnos si en los abundantes casos que han ocurrido este año respecto del Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Fondo Indígena, principalmente, los principios básicos han sido respetados. Y, tenemos que decir que, lamentablemente, NO.

Reiteramos. Cuidado que lo que estamos afirmando se vaya a entender como una defensa de los muchos corruptos que en este país han sido; pero, insistimos, hay la obligación de seguir el juicio penal correspondiente dentro del marco que la misma normativa señala, aunque esta última aparezca, en cierto modo, como protegiendo a quienes surjan como responsables de las irregularidades.

Es que, por el contrario, estaríamos borrando de un plomazo la presunción de inocencia y la convertiríamos en una presunción de culpabilidad.En el Ministerio Público y en otras reparticiones del Estado se ha concretado decenas de despidos sin mayor trámite. O sea, decisión de la máxima autoridad para que el o los funcionarios subsalternos sean echados de sus cargos.

De nada valen aquí los principios señalados en los artículos 117 y 120 de la cpe citados arriba. Es que se trata de despidos sin ningún tipo de proceso. Otra vez aparece la “presunción de culpabilidad”, lo viola el artículo 116 de la misma Constitución.En estos casos no hubo siquiera un proceso penal formal, ni siquiera un proceso disciplinario. En el caso que abordamos, el Régimen Disciplinario está previsto en el Título VI, desde el artículo 114, de la Ley del Ministerio Público de 11 de julio del 2012.

En cuanto al Órgano Judicial, el artículo 195, inciso 2, de la actual cpe, entre las atribuciones del Consejo de la Magistratura, establece:“Ejercer el control disciplinario de los vocales, jueces y personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. El ejercicio de esta facultad, comprenderá la posibilidad de CESACIÓN DEL CARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVÍSIMAS, EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY”.

Hay algunos casos en los que se puede hablar de “juicios especiales”, que son aquellos procesos de responsabilidad penal contra altos dignatarios de Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Es el caso del Presidente y Vicepresidente del Estado, competencia que corresponde a ambas cámaras reunidas en Asam- blea (artículo 161, inciso 7, de la cpe).

Es el caso de ministros del Tribunal Supremo de Justicia y de magistrados del Tribunal Constitucional (acusación ante la Cámara de Senadores y enjuiciamiento de esta Cámara), artículos 159 (11) y 160 (6) de la cpe.

Nos queda el caso que justamente acaba de presentarse a raíz del tema del Fondo Indígena, el referido a los propios asambleístas, es decir, integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, individualmente considerados en el caso de una acusación por delitos cometidos.Digamos primero que aquí la Constitución no hace una referencia concreta a “delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones” o podemos decir, más bien, que tuviesen una relación directa con ese ejercicio.

El artículo 152 de la cpe dice: “Las asambleístas y los asambleístas no GOZARÁN DE INMUNIDAD. Durante su mandato, en los PROCESOS PENALES no se les aplicará medida cautelar de la detención preventiva, SALVO DELITO FLAGRANTE”.

Sería muy bueno aclarar si el depósito de fondos públicos en cuentas privadas (caso Fondo Indígena) debería considerarse en esa calidad solo para justificar legalmente la detención preventiva que se ha dispuesto en varios casos para asambleístas en ejercicio.De otra forma, sería un proceder contrario al texto constitucional citado.

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