La Gaceta Jurídica

El ejercicio del periodismo, ¿es profesión u oficio?

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 03 de agosto de 2012

Abordamos uno de los temas más trascendentales dentro del DERECHO DE LA INFORMACIÓN: el sujeto con capacidad de hecho y derecho que ha decidido trabajar en medios de comunicación social. Sobre esto hay acuerdo de que se trata de un oficio, aunque, dentro de las libertades democráticas, reconocemos y aceptamos tesis en sentido contrario.

El país cuenta con la Ley 494 de 29 de diciembre de 1979, que dice: “reconócese e institúyese la profesión de periodista en provisión nacional a los ciudadanos que hayan obtenido el respectivo título académico, otorgado por la Universidad Boliviana…”. La Ley es complementada por el Decreto Supremo (ds) 20225 del 9 de mayo de 1984, que establece quiénes son considerados periodistas.

El artículo 27 del Decreto norma: “ningún medio de comunicación social, sea diario, periódico, semanario, revista de circulación permanente, radioemisoras, canales de televisión y corresponsalías de agencias periodísticas, nacionales y extranjeras, podrá contar en sus tareas específicamente periodísticas CON PERSONAL QUE NO POSEA TÍTULO PROFESIONAL y que no esté inscrito en el Registro Nacional de Periodistas” (sic.). Los artículos 31 y 32 del mencionado decreto establecen que cualquier persona que realice tareas periodísticas sin título ejerce ilegalmente la profesión.

Citemos como paradigmas un par de casos. Dos notables intelectuales ejercieron por años –y con éxito– el oficio periodístico. Nos referimos a Carlos Mesa Gisbert y Cayetano Llovet. Nunca se les inicio acción penal alguna ¿Por qué?

Porque la Ley 494 y el DS 20225 son de difícil, cuando no imposible, aplicación empírica. No por razones políticas, sino eminentemente legales. Las normas en cuestión son inconstitucionales y van en contra de los Derechos Humanos.

Vamos a recurrir al matutino La Prensa, del 12 de diciembre de 2004, un título alude: “Periodistas en apuros”. Luego, en los subtítulos se lee: “El Tribunal Constitucional declaró hace dos meses que para ejercer el periodismo no hace falta ser profesional colegiado. La argumentación se basa en que la libertad de expresión no debe ser privativa de los periodistas profesionales”.

La noticia causó inquietud en la dirigencia del gremio. Sólo el ejecutivo del Sindicato de Periodistas de La Paz celebró la noticia. Hay muchos colegas que no tienen título dijo. Se abre el debate, ¿sólo los periodistas pueden hacer comunicación masiva?

En 1983, el Gobierno de Costa Rica sancionó a un periodista extranjero por hacer periodismo sin contar con la matrícula en el Colegio de Periodistas de Costa Rica. El interesado acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y ésta emitió su opinión consultiva.

El argumento es que “…en su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a utilizar cualquier medio apropiado (…), la expresión y la emisión del pensamiento y de la información son indivisibles de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la misma medida, UN LÍMITE AL DERECHO DE EXPRESARSE LIBREMENTE. (…) en su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones (…) Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, son los medios de comunicación los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión”.

Pues bien, el Tribunal Constitucio- nal de Bolivia (tc) emitió la Sentencia Constitucional Nº 011, el 11 de octubre de 2004, que señala que “la colegiación obligatoria limita de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer pleno uso de la libertad de expresión”. Dicho de otro modo, el TC coincide con la CoIDH.

Esto significa que uno de los valores fundamentales de todo sistema democrático es la LIBERTAD DE EXPRESIÓN. A nadie se le puede ni debe coartar esta libertad. En ese matutino se lee: “El ejercicio del periodismo y la Libertad de expresión dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se excluyen. El periodista es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”.

Desde entonces hasta la fecha ningún gremio acudió nuevamente a la CoIDH. Tampoco interpuso algún recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), en la medida en que hay una sentencia constitucional firme que resolvió el tema.

El país cuenta con nueva Constitución Política del Estado (cpe) que en los artículos 106 y 107 garantiza la LIBERTAD DE EXPRESIÓN. En algún momento dijimos que son normas que gozan de una mayor cualificación. Para los fines de éste ensayo, es menester citar el artículo 410 de la cpe: “… La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza DE PRIMACÍA FRENTE A CUALQUIER DISPOSICIÓN NORMATIVA. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD ESTÁ INTEGRADO POR LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS y las normas de Derecho Comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía… Constitución Política. Tratados Internacionales…” (sic.).

Esto quiere decir que, en el marco del bloque de constitucionalidad, gozan del mismo rango la cpe y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Por otro lado tenemos la Declaración de Chapultepec, que dice: “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación social a cámaras empresariales deben ser estrictamente VOLUNTARIOS”.

Simultáneamente, la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manda: “Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión” (sic).

Desde el punto de vista legal no creemos que esto vaya a cambiar. Sin embargo, el Sistema universitario cumple un rol importante de cualificación profesional. Si proponemos que a todos los trabajadores actuales sin título profesional se les otorgue cinco años para la obtención del mismo, volveríamos al principio, esto es que la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Continente cambie de opinión y una sentencia constitucional en Bolivia revoque y deje sin efecto la sentencia 011 del 11 de octubre de 2004. Es muy difícil que esto ocurra.

En definitiva, profesionales y empíricos deben cualificar su trabajo. Congruente con un anterior artículo, deben propender a especializarse; un periodismo de calidad se vincula a estudiar otras áreas del conocimiento científico, v. gr, Ciencias Políticas, Economía o Derecho.

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