La Gaceta Jurídica

El embrollo de Fancesa

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 04 de mayo de 2012

Fábrica Nacional de Cemento Sucre Sociedad Anónima (Fancesa) es el nombre completo de la casi única industria que puede llamarse tal en el departamento de Chuquisaca y, particularmente, en la ciudad capital del Estado.

Como si se tratara de un maleficio, aquella industria, durante mucho tiempo y en circunstancias diversas, ha sido origen de múltiples polémicas, de innumerables denuncias, de conflictos, de procesos; en fin, de una larga serie de hechos que lamentablemente se siguen repitiendo. La cadena es sin fin.

El detalle que anotábamos, en sentido de que se trata de una SOCIEDAD ANÓNIMA, nos coloca frente a una institución de carácter privado; regida, como toda Sociedad de ese tipo, fundamentalmente por el Código de Comercio. Y así ha sido entretanto se mantuvieron los copropietarios, por decirlo, tradicionales.

Sin embargo, aquí vale la pena comenzar anotando que la figura jurídica más exacta tampoco era la de Sociedad Anónima a secas porque los accionistas mayoritarios (sumadas sus acciones) siempre fueron entidades del Estado. Este solo hecho, que nunca fue aceptado formalmente por aquella industria, colocaba a la misma dentro de las previsiones del artículo 424 del Código de Comercio, que dispone: “Son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, em- presas públicas u otras dependientes del Estado y el capital privado, etc.…”

O sea, Fancesa ya hace varios años que dejó de ser una Sociedad Anónima para convertirse en Sociedad Anónima Mixta o Sociedad de Economía Mixta, detalle que, reiteramos, la entidad nunca aceptó formalmente.

El detalle que acabamos de analizar no tuvo demasiada importancia, entretanto los copropietarios o los “accionistas” fueron de un lado dos entidades públicas o del Estado y, del otro, una institución privada. La última, que tenía esa calidad acabó siendo Soboce (Sociedad Boliviana del Cemento), otra importante industria del rubro.

Y aquí existen otras dos paradojas para anotarlas sólo de pasada en este embrollo. Resulta ser socio privado de la fábrica otra cementera, o sea, la competencia. Pero, además, ese socio minoritario frente a los accionistas del Estado acaba “comprando” la Presidencia del Directorio de la Sociedad mediante un pago a favor de la Universidad.

Y sigue el enredo. El otro accionista estatal, la Municipalidad de Sucre, demanda judicialmente ese hecho al considerarlo irregular y gana el pleito en todas sus instancias. Sin embargo, no consigue hasta hoy cobrar los daños y perjuicios aceptados en la Sentencia, sencillamente porque, a su vez, la Comuna entra en otro juicio con la consultora que contratara para cuantificar aquellos. O sea, más embrollo, “¡Imposible!”

El tema que abordamos, tuvo una nueva faceta cuando el actual Gobierno, mediante un Decreto Supremo, decide la “transferencia forzosa” de las acciones del único ente privado (Soboce) a favor de la Gobernación de Chuquisaca.

Ese mismo Decreto dispone que mediante una evaluación posterior se determinaría el monto de esa transferencia para realizar el correspondiente pago a favor de Soboce. Hace ya casi dos años que ese pago tampoco se ha cumplido a pesar de los múltiples reclamos de la empresa afectada. Este detalle supone su embargo, la posibilidad de otro conflicto en el futuro para añadirse a los muchos que ya existen.

A ese detalle se ha sumado la elección de un nuevo Alcalde de Sucre, este aspecto aparentemente inocuo ha acabado por influir también en las actividades normales de la factoría. De esta forma, aparece otro elemento, o sea la militancia político partidaria de las cabezas de aquellas instituciones que forman la parte “accionaria” del Estado. Como ese detalle, en la Municipalidad de Sucre ha supuesto marginar a la Alcaldesa interina que pertenecía al MAS, este aspecto, a su vez, acabó determinando la sustitución del Presidente del Directorio y el cambio de los vocales y síndicos de la Municipalidad. Pero, además, como consecuencia de las mismas pugnas políticas, comenzó a hacerse evidente una serie de divergencias con la Gobernación, cuyo titular responde al partido de Gobierno.

De esta manera, una vez más, la fábrica de cemento, que debiera exhibir una dirección estrictamente técnica, acaba envuelta en prácticamente los mismos problemas, las mismas taras que todas las entidades estatales. Ninguna se salva.

Pero volvemos de nuevo a los textos del Código de Comercio para ver de qué manera aquellos pueden tener aplicación a partir del hecho que habíamos señalado, es decir, la transferencia de acciones de Soboce a favor de la Gobernación de Chuquisaca. No debe olvidarse que este detalle ha supuesto la desaparición del único socio accionario privado de esta singular Sociedad.

O sea, la ahora denominada Sociedad Anónima (sa) ha terminado (sin querer queriendo) en una entidad donde los accionistas son entidades públicas.

El artículo 434 del Código de Comercio, en una de sus partes, dice en forma textual: “…Transferidas las acciones a favor del sector estatal, la sociedad se convierte en EMPRESA PÚBLICA…”

Esto último, es lo que ha ocurrido en relación a Fancesa, que en este momento, y respecto del relato que hemos realizado, ha dejado de ser una Sociedad Anónima y tampoco resulta ser una Sociedad Anónima Mixta, al haber desaparecido el único copropietario privado que quedaba que era Soboce.

Por lo tanto, lo que debería suceder es que los copropietarios actuales, todos entes del Estado, contando con resoluciones expresas de sus entes máximos de decisión (Consejo Universitario, Concejo Municipal y Asamblea Legislativa Departamental), procedan a la adecuación de sus Estatutos (los de Fancesa) a esta nueva situación que, en forma específica, escapa a nuestra normativa.

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