La Gaceta Jurídica

Los enfermos se reúnen para curar sus males

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 21 de febrero de 2014

Hace poco se ha realizado en la ciudad de Sucre una otra reunión cupular con el propósito anunciado de encontrar remedios a los males (muchos ya crónicos y gravísimos) que muestra la tarea de administrar justicia en el país. O sea, otra reunión de los que están enfermos para encontrar la cura de sus propios males.

Por otra parte, una reunión sólo entre ellos, pues los representantes del resto de la sociedad no participan. Sobre todo aquellos sectores que hasta se podría decir que están obligados a hacerlo, por ejemplo, los Colegios de abogados y las facultades de Derecho.

Por eso, entre otras causas, volvió a pasar desapercibida. Apenas se decidió la creación de una especie de comité de ética, dizque para combatir la corrupción en el Órgano Judicial. Es decir, un añadió más a su excesiva burocracia. Ni siquiera un estudio del fenómeno de la corrupción en cuanto a su verdadera magnitud, sus alcances, sus efectos reales, pero, sobre todo, sus causas.

Al margen de todo ello, destacan dos declaraciones, una que correspondió a la nueva Ministra de Justicia y otra al propio Presidente del Estado.

La Ministra, creemos que con una especie de voz que sigue sonando en el desierto, se animó a decir que fue un grave desacierto la elección popular de magistrados del Órgano Judicial. Algo así como peor el remedio que la enfermedad.

Lo grave es que esa modalidad fue incorporada en el texto de la actual Constitución Política, artículo 182, y, mientras no se reforme aquella, seguirá vigente. El desacierto, por lo tanto, fue de los constituyentes que cometieron un gravísimo error.

Peor todavía, los que fueron elegidos lograron unos ridículos porcentajes sobre el total de votos válidos, deslegitimando su elección. Aun así, el Ejecutivo y el propio Legislativo se empeñaron en darles validez y en posesionarlos. Estos hechos constituyen una prueba evidente de que tal sistema fue producto de una decisión política por conveniencias partidistas. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? 

Vamos ahora a las expresiones de nada menos que el Presidente del Estado. Durante la sesión de clausura de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), el Presidente dijo que había que descolonizar los sistemas de justicia a través de sus constituciones políticas y sus códigos jurídicos. O sea, descolonizar para nacionalizar la justicia.

El Primer Mandatario y altos funcionarios del Gobierno han estado insistiendo en que la creación del actual Estado Plurinacional mediante la Asamblea Constituyente ha significado la refundación de Bolivia.

Los conceptos que se manejan nos colocan frente a un panorama demasiado complejo y, además, discutible en el plano jurídico. ¿Hasta qué punto es admisible afirmar que se ha concretado una “refundación”, lo que obviamente supondría cambiar prácticamente todo lo que estuvo vigente, casi para comenzar de cero?  ¿Qué debe entenderse en definitiva por “descolonizar”?

También se ha insistido en que Bolivia, desde su fundación, se limitó a COPIAR constituciones, códigos y leyes de todas partes, pero, fundamentalmente, de la normativa española y anglosajona. El Presidente afirmó que mucho se ha ponderado el Derecho Romano y el Derecho Anglosajón, pero me pregunto, ¿dónde está el “Derecho de la Patria Grande”?

En este campo se está saliendo de un marco que no puede ser desconocido. El Derecho, cualquiera sea la definición del mismo que acabemos aceptando, tiene características y principios en concreto que adquieren carácter UNIVERSAL. Es posible que la normativa vigente, lo que se llama el DERECHO POSITIVO, trate de regular aspectos que tienen que ver con la realidad muy propia de cada país, pero, de ahí a afirmar que solo éstas valen, hay distancia.

El Derecho Romano se ha mantenido en múltiples casos, sobre todo correspondientes a la rama del Derecho Civil, como una especie de normas originarias, como el antecedente más remoto, pero el más importante del que no existen razones para prescindir o eliminarlo echándolo al basurero de la historia.

Nos preguntamos, ¿por qué motivos, entonces, el pensum de las facultades de Derecho mantiene la enseñanza del Derecho Romano?

No se trata, en consecuencia, de utilizar frases o conceptos muy débiles de sostener con argumentos sólidos. Lo mismo puede decirse del concepto del “Derecho de la Patria Grande”. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué debería entenderse específicamente por “Patria Grande”? ¿Cuál debería ser “su Derecho” o sea la normativa en concreto que debería aplicarse dentro del territorio de la misma?

El Presidente del Estado vuelve a aparecer para afirmar que la incorporación de “profesionales de poncho, pollera y sombrero no ha cambiado la justicia”. Los problemas de retardación y corrupción no han cambiado, añadió.

Nos parece que, con referencia a estos detalles, no se trata de cambiar esquemas sean o no de la justicia con criterios que en este momento paradógicamente suenan a racistas. La gente de poncho y/o de pollera, ingresó a un esquema que se limitó a “recibirlos” y ella se limitó, a su vez, a “acomodarse al mismo”.

¿O es que la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, sólo al cambiar de nombre e incorporar a aquellos ciudadanos, mejoró su accionar y acabó con todas sus falencias históricas? Por supuesto que no.

De lo que se trata es de DESPOLITIZAR al ÓRGANO JUDICIAL incorporando al mismo como sus operadores a gente no sólo con méritos y capacidad, sino alejada del partido de turno que gobierna. Además, concederle al Órgano Judicial lo que nunca tuvo, auténtica INDEPENDENCIA JUDICIAL.

Es decir, pedimos solamente el respeto al artículo 12.I de la Constitución Política del Estado. Algo tan simple como eso, si existiera la VOLUNTAD POLÍTICA que no aparece por ningún lado.

Es abogado y analista de la constitucionalidad.

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