La Gaceta Jurídica

El enredo del juicio de responsabilidad

…las reformas están lamentablemente mal planteadas. No es nada fácil, por una parte, despojar a la Asamblea Nacional del papel que tiene ahora en su carácter de Tribunal acusador y juzgador. ¿Quién aparecería de aquí en adelante en ese papel?

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez Gantier*

00:00 / 12 de diciembre de 2014

El juicio de responsabilidad penal contra magistrados del Tribunal Constitucional en el seno de la Asamblea Legis- lativa Nacional ha acabado convirtiéndose en todo un enredo.

Y es que, definitivamente, parecería que todos los que han acabado siendo protagonistas de aquel proceso se han ido empeñando en enredarlo, en complicarlo cada vez más. Y, para colmo de males, dentro de la propia Asamblea han surgido proyectos de ley para modificar en forma bastante sustancial el texto de las actuales disposiciones legales que rigen el procedimiento para tales juicios.

Uno de los detalles en los que tenemos que insistir y al que ya hicimos referencia en un trabajo anterior es el referido al hecho de que éstos y otros procesos similares no son de ahora. El tema no es nuevo, como se trata de hacer aparecer.

Todo lo contrario, este tema aparece, prácticamente, con la República. El esquema resulta siendo inevitable por los detalles que tratamos de analizar más adelante en este mismo trabajo.

Dejamos constancia de que estamos hablando de RESPONSABILIDAD PE- NAL. Por lo tanto, se trata de la comisión de delitos. Pero los sujetos que incurren en esa comisión no son todas las personas que pueden adquirir esa calidad, sino que se reducen a categorías de FUNCIONARIOS PÚBLICOS. O sea, cuando la acción u omisión de aquellos se tipifica como DELITO en el Código Penal.

El Título II, Capítulo I del Código Penal, a partir del artículo 142 realiza precisamente esa tipificación.

Pero viene ahora un segundo aspecto. ¿Quién tiene competencia para juzgar a aquellos funcionarios públicos? El tema no parece de inmediato tener mayores dificultades, mientras se trate de sujetos que en la administración del Estado ocupan lo que podríamos llamar las funciones “corrientes”.

Pero el tema se complica a medida en que comenzamos a ascender en la escala jerárquica de aquéllos y nos encontramos, finalmente, con casos como son los referidos al Presidente y Vice del Estado; los propios legisladores; magistrados del Órganos Judicial; gobernadores, alcaldes, etc., etc.

En estos últimos casos, con unos o con otros avances en nuestra historia jurídica, se ha planteado la existencia no de DELITOS ESPECIALES, sino de PROCEDIMIENTOS ESPECIALES para el juzgamiento de los DELITOS QUE CIERTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE JERARQUÍA PUDIERA COMETER EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. No se trata, por lo tanto, ni de la mayoría de aquellos funcionarios ni, tampoco, de cualquier delito.

Por eso, en buena parte, es que en el caso que ha originado el actual enredo, es la ASAMBLEA LEGISLATIVA NACIONAL la que aparentemente en forma forzada aparece como TRIBUNAL para juzgar a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Pero preguntémonos, ¿cuáles son las bases jurídicas de nuestro actual ordenamiento que constituyen el respaldo normativo para que exista aquél esquema? Pues, se trata nada más ni nada menos que de textos constitucionales.

El artículo 159 de la Constitución Política del Estado (cpe) vigente, al hablar de las atribuciones de la Cámara de Diputados, en su inciso 11, dice: “Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucio- nal Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia POR DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES”.

Queda claro, consiguientemente, que se trata de ciertos delitos (los cometidos en el ejercicio de sus funciones) y solo con referencia a los magistrados concretamente indicados. En cuanto al primer caso, es por eso que en el respectivo proceso ahora en curso se habla, por ejemplo, de los delitos de prevaricato (artículo 173 del Código Penal) y de resoluciones contrarias a la Constitución y la Ley (artículo 153 del mismo Código.

A su vez, el artículo 160 (inciso 6 de la CPE), sobre Atribuciones de la Cámara de Senadores, dice: “Juzgar en ÚNICA INSTANCIA a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo, del Tribunal Agro- ambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por, al menos, dos tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley”.

Un detalle que nos llama la atención, un poco al margen de los temas principales que abordamos, es el hecho de que aparezcan presentadas por los acusados interminables listas de testigos, por ejemplo. Resulta extraño, a nuestro entender, que el juzgamiento en este caso en concreto es obvio que está haciendo referencia a temas de DERECHO y en ningún caso a temas de HECHO. Es otro detalle que parece haber aparecido a propósito para enredar el tema.

Lo adelantábamos, han surgido propuestas de reformas LEGALES en cuanto al texto de la normativa vigente en este momento. Se dice que se trataría de aclarar en definitiva los alcances de estos procesos, su naturaleza, la de los sujetos procesales y, finalmente, el papel que se afirma no es más claro en cuanto se refiere a la Asamblea Legislativa Nacional.

Pero las reformas están lamentablemente mal planteadas. No es nada fácil, por una parte, despojar a la Asamblea Nacional del papel que tiene ahora en su carácter de Tribunal acusador y juzgador. ¿Quién aparecería de aquí en adelante en ese papel? No se trata tampoco de convertir a este nuevo en un Tribunal disciplinario como se pretende. Aquí se juzga DELITOS, no conductas de deficiente administración.

Por último, tales reformas, como acabamos de ver, son abiertamente INCONSTITUCIONALES. Para su validez jurídica, requerirían de una reforma de los textos constitucionales actualmente vigentes. Y éste es, definitivamente, otro cantar.

*    Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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