La Gaceta Jurídica

La justicia española de la Edad Media. La justicia andalusí y la cristiana

(Parte III)

Foto: uca.es

Foto: uca.es

La Gaceta Jurídica / Sacramento Ruiz Bosch

00:00 / 17 de septiembre de 2013

La justicia cristiana

En la España cristiana, durante la edad media la justicia era administrada por los mismos órganos del Estado a quien correspondía la administración en general, es decir, los órganos administrativos tenían encomendada tanto la potestad jurisdiccional como las potestades administrativas y ejecutivas.

Es a finales de la edad media cuando se bifurcan los órganos del Estado, apareciendo la administración de justicia como una rama de la administración del Estado independiente y diferenciada de la administración pública. Incluso la potestad jurisdiccional no residía solamente en los órganos del Estado, sino que junto a la potestad jurisdiccional del Estado, ejercida a través de sus órganos, existían otras jurisdicciones como la Señorial, legitimada por la delegación regia o la eclesiástica.

Según G. de Valdeavellano, en los Estados de la Reconquista las diferentes esferas jurisdiccionales eran las siguientes:

1. La Jurisdicción del Estado que correspondía al rey o a la justicia popular de los hombres libres de un territorio (y más tarde a los municipios cuando se constituyeron como entes político-administrativos).

La Jurisdicción Señorial era ejercida en los señoríos por los señores, seglares o eclesiásticos. El rey concedía a los señores el privilegio de “inmunidad”, otorgándoles así la jurisdicción, con mayor o menor extensión, en el territorio de sus señoríos, si bien determinadas esferas de jurisdicción quedaron reservadas a la justicia real (en Castilla y León los llamados “casos de corte”).

En algunas ocasiones, como ocurrió en Castilla y León a partir del siglo XIV, los señores ejercían de hecho la jurisdicción sin necesidad del privilegio real y luego adquirieron la virtud del instituto jurídico de la prescripción.

Se conocía con el nombre de “mero imperio” a la facultad de entender las causas por delitos castigados con las penas de muerte, mutilación, destierro y de reducción a servidumbre, cuya imposición correspondía a quien estuviese investido de “Alta Jurisdicción”.

El “mixto imperio” comprendía las facultades de dictar sentencia en asuntos civiles hasta una determinada cuantía y en los asuntos penales por delitos cuya pena fuese menor. La plenitud de jurisdicción, es decir, la conjunción del mero y mixto imperio, correspondía al rey y podía cederlo a los señores, si bien, normalmente el rey cedía el denominado mixto imperio.

En la Alta Edad Media los señores ejercían su jurisdicción asistidos por una Asamblea Judicial compuesta por gentes de sus territorios e, incluso, delegaban la facultad de juzgar en el “Merino” o “Batlle” o “bayles”.

En la Baja Edad Media el señor contaba con una curia propia o tribunal, si bien ejercía la jurisdicción personalmente, designaba a los jueces de las comarcas que integraban sus territorios (batlles y merinos) y nombraba a los alcaldes de las poblaciones constituidas en municipios para que administren justicia.

Las sentencias de los merinos, batlles y alcaldes eran apelables ante el señor y las del señor ante el rey.

Las órdenes militares ejercían el señorío en sus territorios, por tanto, poseían jurisdicción en los mismos, que ejercieron a través de los jueces de los maestrazgos, cuyas sentencias eran apelables ante el maestre de la orden.

2. La Jurisdicción Eclesiástica, de la que estaban investidos los jueces y tribunales de la Iglesia, que administraban justicia en la esfera propia de su competencia, conociendo:

Por razón de la materia, de los asuntos relacionados con la religión católica, de asuntos civiles (como el matrimonio) y criminales (como el delito de herejía o el de sacrilegio).

Por razón de la persona, era competente por el llamado “privilegio de fuero” para conocer de todos los asuntos, civiles y criminales en que fuese parte un eclesiástico (incluidos sus familiares y siervos).

La potestad jurisdiccional recayó sobre el obispo de la diócesis, asistido por el clero de la capital, que podía delegar la función de juzgar en el archidiácono, que con el tiempo se convirtió en el juez ordinario de la diócesis.

Una vez enjuiciado el delito e impuesta la correspondiente pena, que sólo podía tener carácter espiritual, (por ejemplo, la excomunión), si el ordenamiento del estado imponía otra pena, el reo era entregado a la jurisdicción secular.

En 1.233 el Papa Gregorio IX ordenó a la Orden de los Dominicos de cada diócesis la función de inquirir los casos de herejía, debiendo constituir en cada una de ellas un tribunal que juzgase y sentenciase a los herejes, a los que se podía imponer las penas de muerte en la hoguera, confiscación de bienes y prisión y dejando la ejecución de las penas impuestas a la administración secular.

Los primeros reinos españoles en que se estableció el Tribunal de la Inquisición fueron Aragón y Cataluña, durante el reinado de Jaime I el Conquistador. En Castilla y León el Tribunal de la Inquisición fue instaurado por los Reyes Católicos, que se constituyó como independiente de la Iglesia Católica y bajo la directa autoridad de los reyes.

3. la Jurisdicción Mercantil, que desde la Baja Edad Media correspondió a los consulados, que por razón de la materia conocían de los asuntos relacionados con el comercio.

En virtud de un privilegio del Rey Jaime I, se creó en Barcelona la Universidad de Prohombres de la Ribera y les facultó para que dictasen sus ordenanzas, eximiéndoles de la jurisdicción del Batlle. Nació una jurisdicción especial.

En 1283 el Rey Pedro III constituyó en la ciudad de Valencia un Tribunal Mercantil. En 1343 Pedro IV creó otro tribunal similar en Mallorca y Pedro IV el Ceremonioso instituyó en 1347 en Barcelona una Curia o Consulado del Mar.

Los cónsules, en número de dos, eran los jueces del Tribunal del Consulado, que tenía jurisdicción en cuestiones de índole mercantil relacionadas con el comercio marítimo. Con el tiempo, los consulados abarcaron toda la materia propia del comercio, lo que dio lugar a la creación consulados en muchas poblaciones españolas y así en 1494 se constituyó en Burgos el “Consulado de Comercio”.

Es de necesidad hacer mención a la justicia privada que en la Alta Edad Media adquirió gran importancia y que predominó hasta el siglo XI, aunque admitida sólo en determinados casos por el Estado, en cuanto que los príncipes cristianos, fueran reyes o condes, consideraron la justicia como una atribución del Estado y, por tanto, suya.

Así, por ejemplo, en el caso de la venganza se hacía necesaria la previa declaración judicial del estado de enemistad (diffidamentum).

Desde los siglos XI y XII el predominio de la justicia pública sobre la privada es evidente, a ello contribuyó el hecho de que a partir del siglo X los sínodos eclesiásticos decretasen la llamada “paz de Dios”, por la que se prohibía, durante un determinado tiempo y en un territorio concreto, toda clase de violencia y venganza privada.

Posteriormente en las asambleas eclesiásticas que decretaban la “paz o tregua de Dios” participaba el príncipe y su curia, lo que provocó el desplazamiento de la justicia privada por la justicia pública, que llegó a ser la única reconocida por los Estados de la Reconquista, hasta el punto de que se convirtió en una atribución del príncipe, como garante de la “paz de Dios” o paz pública, entendida como orden público.

El príncipe, la curia real y la asamblea popular

El Rey o Conde, según los estados, estaba investido de soberanía, ejercía la función jurisdiccional, en cuanto función de carácter público que corresponde al Estado y, por ende, al soberano y la ejercía personalmente o a través de sus órganos. A veces la potestad jurisdiccional era delegada en los señores respecto de sus propios señoríos.

Los órganos encargados de impartir justicia eran la Curia Regia o Condal, ordinaria o plena, que actuaba como verdadero tribunal de justicia, presidida por el rey o conde.

Los jueces de distrito

En los distritos administrativos en que se dividía cada Estado, la justicia era impartida por la Junta o Asamblea Judicial de hombres libres, que se reunía en una determinada ciudad y era presidida por el delegado del rey o conde para el gobierno del distrito.

Durante la Alta Edad Media, en los casos en que el príncipe administraba justicia personalmente, lo hacía rodeado de su Palatium, Aula o Concilium, que posteriormente se denominó Curia, Cort, y Corte, que actuaba como tribunal de justicia. Sus funciones eran:

1. Conocer en primera instancia de los asuntos civiles o criminales que le eran sometidos.

2. Conocer en apelación de las decisiones adoptadas por los jueces inferiores

3. Conocer con carácter exclusivo de las causas y pleitos de los nobles.

Los actos de la corte o curia, cuando actuaba como tribunal de justicia, eran públicos y, a veces, podía acudir en calidad de espectador el Concilium o Consejo Popular.

Los jueces ocasionales o de prueba

El rey o conde, en el caso de la Curia Regia o el juez o potestad en el caso del Concilium Popular, elegían un juez que debía decidir el medio de prueba adecuado para la solución del pleito, para decidir sobre la culpabilidad o inocencia del reo o cuidar de la práctica de esa prueba, analizar su resultado y determinar la ley aplicable.

Parece ser que en Castilla estos jueces no sólo asumieron la función de directores del proceso, sino que dictaban sentencia, por lo que sus fallos o “fazañas” llegaron a crear jurisprudencia. Es de destacar la importancia de esta figura, digna de mención en cuanto que supone la existencia de jueces técnicos, con conocimiento del derecho.

Los jueces palatinos

A partir del siglo XI formaban parte de la Curia Regia uno o varios jueces palatinos, jueces que debían poseer ya conocimientos jurídicos, y que normalmente eran clérigos y monjes. No sólo actuaban como jueces, sino que también les correspondía la función de formalizar por escrito el documento en el que se consignaba la tramitación y el resultado del proceso.

Los jueces locales

A partir del siglo XII en todas las ciudades o villas de los Estados cristianos existía un juez ordinario investido de jurisdicción que impartía justicia rodeado de una curia (Iudex, justitia, alcalde, zalmedina en Aragón, verguer y batlle en Cataluña).

Su nombramiento lo realizaba el Rey y presidía tanto su curia como la junta popular, que dejó de reunirse con el tiempo, extinguiéndose la participación popular en la Justicia.

El municipio como órgano jurisdiccional

Posteriormente, en el momento en que los municipios adquieren la condición de entidades administrativas la designación del juez local viene realizada por el concejo, no por el rey, quien también nombraba a los alcaldes.

El municipio sustituyó a la antigua junta de judicial de distrito. En los Concejos de Castilla y en algunos de Aragón, el juez y los alcaldes integraban el Tribunal Municipal, que juzgaba conforme al fuero de la localidad.

En Cataluña la curia local era presidida por el verguer o el batlle, que era nombrado por el Rey.

Los jueces técnicos

La organización judicial en la Baja Edad Media se hizo más compleja, si bien perduró la confusión entre la administración en general y la administración de justicia.

Los antiguos jueces populares fueron sustituidos paulatinamente por jueces técnicos en derecho que inspiraron su actuación en el derecho romano o en el derecho canónico. Ello conllevó que el principio acusatorio fuese desplazado por el principio inquisitivo o de oficio.

Los efectos del cambio de los principios que inspiraban el proceso, que coincidieron con el crecimiento de la administración pública en los estados cristianos, originaron que los asuntos propios del gobierno pasasen a ser competencia de nuevos organismos administrativos, como la Cancillería y el Consejo Real y que la curia recibiese las funciones propias de los tribunales de justicia.

Así, a partir de la segunda mitad del siglo XIII los reyes castellanos y leoneses organizaron en la curia un Tribunal de Jueces permanentes o Tribunal de la Corte, que era presidido por el Rey.

La reforma realizada por el Rey Alfonso X. Los casos de corte

Alfonso X El Sabio, obligado por la necesidad de proceder a la especialización y separación de las funciones que hasta entonces venía ejerciendo la Curia o Corte, reunió a las Cortes de Zamora en 1274, que aprobaron, a propuesta del Rey, un ordenamiento que establecía los días que debía reunirse el Tribunal de la Corte (lunes, miércoles y viernes) y su composición, integrado por veintitrés jueces o alcaldes de la corte (nueve para Castilla, ocho para León y seis para Extremadura), algunos de los cuales debían acompañar siempre al Rey.

También se incluían tres jueces peritos en derecho o alcaldes de las alzadas, quienes debían conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por los jueces del reino.

Los alcaldes de la corte conocían en primera instancia de los llamados “Casos de Corte”, es decir, de aquellos que, por su especial gravedad quedaban reservados en su conocimiento y fallo al Tribunal de la Corte y que, según el Ordenamiento de las Cortes de Zamora de 1274, eran los siguientes:

1. “Muerte segura” (cuando se había dado muerte sin respetar una tregua o dejando indefensa a la víctima mediante fianza de no hacer daño)

2. “Mujer forzada”.

3. “Tregua quebrantada”.

4. “Salvo quebrantado” (violación de alguna fianza de salvo).

5. “Casa quemada” (incendio intencionado en casa ajena).

6. “Camino quebrantado” (violación de la paz que protegía los caminos públicos).

7. “Traición” (infracción de los deberes de fidelidad al Rey).

8. “Aleve” o alevosía (infracción de los deberes de fidelidad a particulares).

9. “Rieto” o reto (un noble acudía al Tribunal para retar a otro noble).

Instauró la figura del Adelantado Mayor de la Corte, que sustituía al rey cuando no podía administrar justicia personalmente presidiendo el Tribunal de la Corte y que conocía de las apelaciones contra sentencias de otros jueces de la Curia o de los jueces del territorio del Reino y de los “pleitos granados” o grandes pleitos.Formaban también parte de la Curia los Alcaldes de la Corte, el Justicia Mayor de la Corte y el Alguacil de la Casa del Rey, con funciones judiciales y ejecutivas y que conocía de los pleitos entre personas de la casa del Rey.

Pero, en la práctica, el Tribunal de la Corte, según la conformación realizada por el Rey Sabio, no llegó a arraigar, pues la nobleza no aceptó que entre sus jueces no hubiese un fijodalgo que enjuiciase las causas de los nobles.

En 1312 el Rey Fernando IV reúne las Cortes de Valladolid y restaura el Tribunal de la Corte, integrado por doce hombres buenos (cuatro por Castilla, cuatro por León y cuatro por Extremadura). Seis de ellos debían acompañar al rey en sus desplazamientos.

El rastro del rey y el alcalde del rastro

Entendía de los delitos que se cometían en el ámbito territorial en que en cada momento, y con carácter eventual, se encontrase la Corte Regia y en cinco leguas a la redonda. A mediados del siglo XIV se instaura la figura del “Alcalde del Rastro” como magistratura unipersonal.

Las Cortes de Toro de 1371 decretan un “Ordenamiento sobre Administración de Justicia”, esta vez reunidas por el Rey Enrique II, quien volvió a organizar para Castilla y León el Tribunal de la Corte. En este ordenamiento se disponía que en la Corte regía se constituyese una Audiencia de jueces permanentes, integrada por siete “Oidores” (tres prelados y cuatro jurisperitos).

Se reunían en el Palacio del Rey, en el de la Reina o en el del Chanciller Mayor los lunes, miércoles y viernes. La audiencia ejercía el poder judicial delegado por el Monarca, y, por ello, contra sus fallos no cabían ni revisión en la misma instancia ni alzada en una instancia superior.

Además, en las Cortes de Toro de 1371 se redujo el número de alcaldes de la corte a ocho (dos por Castilla, dos por León, dos por Extremadura, uno por Toledo y uno por Andalucía). Se ordenó que dos Alcaldes del Rastro acompañasen siempre al Rey. Debían conocer de los asuntos que venían siendo atribuidos al Rastro del Rey.

El Ordenamiento de 1371 instauró también la figura del Alcalde de los Fijosdalgo, que juzgaba las causas y litigios de los nobles, así como un Alcalde de las Alzadas, quien conocía de las apelaciones de las sentencias de los demás jueces del Reino.

Esta asamblea siguió reorganizándose por los sucesivos reyes de Castilla y León. La primera de estas reorganizaciones fue llevada a cabo por Juan I, quien modificó el número de sus componentes y creó la figura del Procurador Fiscal, cuyas funciones eran las de denunciar de oficio y ejercer la acusación.

Continuará

Es jueza sustituta adscrita al Tribunal Supremo de Justicia región Murcia, España.

Tomado de: monografias.com

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia