La Gaceta Jurídica

La justicia española de la Edad Media. La justicia andalusí y la cristiana

(Parte II)

Foto: esacademic.com

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La Gaceta Jurídica / Sacramento Ruiz Bosch

00:00 / 13 de septiembre de 2013

El raab y el muzalim. Jurisdicciones para el recurso

1. El rabb o devolución era una jurisdicción especial, recibía las sentencias que se enviaban para ser revisadas de oficio o a petición de parte. El Sahib al-radd (señor de las devoluciones) recibía las sentencias dictadas porque lo hubiesen solicitado las partes en el proceso o porque las hubiesen enviado otros jueces por considerarlas de veredicto dudoso.

Según Mandirola Brieux, el juez de las injusticias era una figura parecida a la del defensor del pueblo actual, atendía las quejas por los agravios de las autoridades o funcionarios públicos, y cuando una de las partes en un litigio era un personaje poderoso, o se cometían irregularidades con la hacienda pública. Podía ejecutar sus propias sentencias, prerrogativa que la había sido asignada por el soberano.

López Ortiz dice que esta jurisdicción tiene por objeto el sometimiento a derecho de los litigantes poderosos, y en general a cualquier litigante que quiera oprimir a los más débiles mediante el ejercicio de su autoridad, para ello disponían de un aparato intimidatorio muy superior al resto de jueces.

Por sus especiales características esta jurisdicción se encomendaba a personas que infundan especial respeto y temor por su situación en la jerarquía político-administrativa o, en caso contrario, deberá proveerse de los medios necesarios para ello a la persona elegida. Por ello, dice López Ortiz, se procura que la persona nombrada sea el Príncipe heredero o el oficial de más categoría de la corte, el visir.

Cuando el visirato y el emirato son de plena delegación llevan inherente esta facultad, al igual que las demás inherentes a la soberanía. Durante la etapa Omeya, parece que el cargo fue ejercido por el propio emir o califa. Más tarde éstos designaron a un visir. Durante los reinos taifas la institución aparece borrosa y a veces confundida con la del Zabalsorta.

Al juez de las injusticias se le rodeó de una imponente Curia, compuesta por juristas asesores, cadíes instructores, escribanos y alguaciles. Conocía de los siguientes asuntos:

-de los abusos de poder cometidos por los gobernantes de las provincias.

-de las irregularidades cometidas en las administraciones de hacienda. Recibe las quejas formuladas por los contribuyentes contra los funcionarios de este ramo de la administración, comprobando con los libros registros la legalidad de los tributos impuestos y obligando a la restitución de lo cobrado indebidamente.

-de las reclamaciones de los funcionarios por no haber cobrado sus asignaciones oportunamente de la hacienda pública.

-de las rapacidades realizadas por funcionarios públicos o por cualquier otra persona cuya situación económica o social haga ilusoria la actuación de un juez ordinario. También presta su auxilio a los jueces ordinarios cuando, habiendo dictado sentencia en uno de estos asuntos, el justiciado se niega a cumplirla.

2. El muzalim tenía jurisdicción sobre las sentencias ya recurridas cuya ejecución implicaba un daño cierto no incluido en la pena. En Córdoba durante los siglos X y XI existieron magistrados especiales con el nombre de muzalima. Para Martos Quesada, la figura del muzalim tuvo una escasa relevancia en España.

En la práctica, todo musulmán que se considerase juzgado erróneamente podía recurrir al soberano. Los cronistas relatan numerosos casos en que los soberanos omeyas y nazaríes casaron sentencias de jueces.

El “señor de las herencias”

Durante el periodo omeya aparece documentada en los textos notariales la figura del Sabih al-mawarit, magistratura encargada por el cadí mayor de los bienes ab intestato, cuyas rentas debían revertir al Estado.

El cadí de los matrimonios o cadí al ancah

Su competencia se limitaba a la solución de los pleitos a que da lugar la legislación matrimonial islámica.

El cadí militar

Si bien es una figura poco estudiada y sobre la que no existen datos suficientes, los historiadores reseñan la figura del cadí militar, es de tener en cuenta que los musulmanes llegan a España como un ejército.

El cadí de las aguas y el de las acequias

El cadí de las aguas se encargaba de solucionar los conflictos y litigios suscitados en materia de aguas. La gran importancia de esta magistratura motivó que se mantuviera en época cristiana con nombres similares como “Alcalde de las aguas”, de Lorca.

El cadí de las acequias. Otra institución relacionada con la anterior y con el riego es la del “sahib al-saqiya”, el señor de la acequia”, que era inspector o responsable de las acequias. Esta magistratura también se transmitió al mundo cristiano, que incluso llegó a heredar la misma palabra, pues la figura es denominada con el arabismo “Zabacequia”.

Este cargo ha seguido en vigor hasta nuestros días en Aragón, donde se le llama así al acequiero, hombre encargado del régimen o cuidado de las acequias. El zabacequia también existió en Valencia (çabacequies, çabacequier), en Murcia (sobrecequiero, juez sobrecequiero) o en Jaén, pero con funciones diferentes.

El kaíd

Era un órgano administrativo, figura similar a la del gobernador local. Sin embargo, le correspondía ejecutar las sentencias dictadas por los cadíes y podía juzgar casos en los que sólo se discutiera cuestiones de hecho (si en el caso se discutían cuestiones de derecho, debía resolver un Cadí).

Los árbitros

Los litigantes pueden prescindir de las jurisdicciones y encomendar la solución de sus asuntos a árbitros elegidos de común acuerdo entre las partes.

Los requisitos que se exige a los árbitros son los mismos que para los cadíes, en la escuela malikí se llegó a discutir la posibilidad de que pudieran ser árbitros los esclavos, las mujeres y aún los menores.

No son sometibles al arbitraje los asuntos sobre derechos de Alah, sólo los asuntos sobre los derechos de los humanos, y es posible someter al arbitraje los litigios sobre delitos que dan lugar a la venganza privada. El laudo dictado en el arbitraje realizado por dos testigos garantizados tenía la misma fuerza que la sentencia del cadí.

Los demás empleos jurídicos.

Especial referencia a los testigos

Tanto el gran cadí como los jueces de las coras eran auxiliados por la curia de alfaquíes o shura, compuesta por dos o cuatro jurisconsultos (mufti) a los que se denominaba faqíh mushwara, quienes podían emitir dictámenes cuando le eran solicitados por alguna parte. La curia debía ser lo más sencilla posible.

En un principio el derecho islámico era opuesto al sistema escrito, motivo por el que los actuarios no tuvieron relevancia, sin embargo el aumento de los asuntos que se sometían a los tribunales propició que en su evolución histórica el proceso judicial necesitase de figuras peculiares orientadas a dar fe o testimonio de lo actuado.

Se debe distinguir dos tipos de funcionarios:

El catib o secretario

Su nombramiento corresponde al juez. Su misión es ir tomando nota de lo que acontece ante el cadí. Para el ejercicio de su función llegaron a usar una especie de taquigrafía. En Córdoba el secretario llevaba un importante archivo cuya entrega al nuevo juez designado significaba la toma de posesión del cargo.

Los testigos de oficio

El origen de los testigos de oficio o instrumentales se remonta al inicio de la Monarquía Omeya. La institución se creó por la necesidad de una persona en la que el juez pudiera confiar, posteriormente, por la necesidad de que se actuara no sólo con imparcialidad sino con corrección procesal, acudió al asesoramiento jurídico del muftí, alfaquí imparcial, interesado tan sólo en el cumplimiento de la Ley divina o sharia.

Ante la ausencia de un cuerpo escrito de jurisprudencia, la práctica procesal implicó la necesidad de dictámenes (fitya) para el asesoramiento judicial. Estos dictámenes acabaron por recopilarse, siendo el más importante de los corpus andalusíes el de Ibn Sahl, que sirvió para la práctica judicial de Al-Andalus y el Magreb del siglo xii al xv.

En Córdoba eran nombrados por el Príncipe

En esta figura se encuentra el origen, según López Ortiz, de la abogacía, pues se hace patente al acumular la representación procesal con los consejos legales, pues las partes podían acudir al muftí para pedir un dictamen sobre sus asuntos, que luego podían presentar ante el juez.

El notariado andalusí

El juez dictaba sentencia, pero no podía dar testimonio de ella, para ello eran necesarios al menos dos testigos. El Corán protege la figura del testigo debido a su importancia como garantía del proceso, por ello, existían prohibiciones para ser testigo.

La honorabilidad del testigo le debía constar personalmente al cadí, si bien, ante la imposibilidad en las grandes ciudades, la honorabilidad del testigo se probaba con el testimonio de otras dos personas que no tuvieran relación con el objeto del litigio. Surge, pues, la figura del testigo garantizado, que podía comparecer las veces necesarias para dar testimonio ante el juez sin necesidad de estar probando en cada ocasión su honorabilidad.

La figura del testigo garantizado dio lugar a la del notario, por cuanto que brindaban testimonio en los pleitos, daban fe de los contratos y de todos los actos jurídicos de carácter judicial y extrajudicial. El notario andalusí tenía las siguientes funciones:

-Redactar las actas referentes a los actos matrimoniales, dotes, sucesiones, herencias, de los contratos de carácter oneroso sobre bienes muebles e inmuebles, rústicos o urbanos y hacer testimonios de buena conducta y buenas costumbres.

-Testimoniar dando fe, tanto en el momento del otorgamiento como en el del juicio si tuviera lugar.

-Ser la salvaguarda fehaciente de los actos y de los bienes de los musulmanes.

A los juicios acudía un notario que asistía a la audiencia para dar fe de ella y conferirle validez. El número de notarios dependía del número de litigios o del criterio del juez, que podía solicitar la presencia de más de uno.

El cargo era incompatible con otro y honorífico, por lo que no tenía asignada una retribución legal, su estipendio tenía el carácter de limosna o diezmo legal. En la práctica cobraban por cada acto según la cuantía estipulada libremente.

Otros empleos

En el derecho musulmán español era desconocida la figura del Ministerio Fiscal, sin embargo, podemos aludir a la figura del sahib al-ahhas, que era un inspector al que el cadí le atribuía funciones de administrar los bienes de manos muertas.

El mutaryim o turyuman era el intérprete oficial de otras lenguas. Con el tiempo también serían empleos públicos los peritos tasadores, medidores o arquitectos, médicos, comadronas, entre otros colaboradores.

También procede aludir a los funcionarios subalternos, que no tenían porqué conocer el mundo jurídico (el portero o bawwab; el ujier o hayib, los alguaciles o ‘awn que se encargaban de citar a las partes entre otras funciones, etc.).

Las audiencias

El cadí podía señalar la fecha y el lugar de las audiencias. Si el litigio o delito era simple o evidente, la vista y sentencia no sufría demora. Cuando era más complejo, señalaba un lugar que debía ser cercano, de fácil acceso para las partes o los justiciables, a veces la propia residencia del cadí hacía de juzgado.

La audiencia pública se celebraba normalmente en la mezquita aljama, en una de sus dependencias o en la sala de oración. Era un acto solemne: el juez presidía sentado, a su derecha estaba el consejero jurídico o alfaquí-muftí y a su izquierda un escribano. El alguacil realizaba funciones de llamada, relación, etc.

Las partes acudían acompañadas y representadas por los procuradores, quienes se documentaban con los informes de los expertos jurídicos (testigos instrumentales). Las audiencias se celebraban dos veces por semana en días hábiles (excepto viernes, fiestas religiosas tradicionales, el ramadán y días de lluvia).

En la Granada nazarí, los juicios se desarrollaron en la puerta misma de la Alhambra, uno de cuyos accesos se llamó la Puerta de la Justicia.

El proceso

Indica López Ortiz que el Islam no distingue entre el proceso penal y el civil, si bien por la finalidad del proceso la distinción entre el orden civil y en penal aparece clara. El objeto del proceso civil es obtener mediante la coacción lo que no se hizo voluntariamente, siempre que la parte que reclama tenga derecho a exigirlo.

El objeto del proceso penal supone superación de la justicia privada y tiene como finalidad la imposición de una pena al culpable, lo que dio lugar a un procedimiento con especialidades. El origen del proceso musulmán hay que buscarlo en el derecho romano, a través de las influencias del mismo en la burocracia musulmana, si bien conservó algunas reminiscencias de la tradición musulmana, lo que le confirió especialidades.

El cadí conoce de todos los asuntos que le son sometidos por las partes, con la única limitación proveniente del derecho romano de que el actor se ha de someter al juez del lugar del domicilio del demandado y que, en el caso de demandas relativas a acciones reales, debe someterse al juez del lugar en que esté sitúa la cosa si el demandado se encuentra también en este territorio.

Los musulmanes tenían capacidad jurídica por su misma naturaleza. Los no musulmanes, en cuanto que gozaban de un estatuto especial de protección, también gozaban de capacidad jurídica. Sólo el esclavo estaba privado de este carácter. Por el contrario, la capacidad procesal la tenían quienes gozaran de plena capacidad de obrar (musulmán de sexo masculino, libre, púber, sano de cuerpo y mente y de vida intachable).

Las partes tenían la facultad de comparecer personalmente o nombrando a un procurador para pleitos. En un principio la demanda era verbal pero pronto se admitió la escrita cuando fuesen especialmente complejas o sobrepasasen una determinada cuantía.

La demanda debía tener contenido y forma. El primera debía configurarse de forma precisa y determinada, salvo que no fuera necesaria la misma, teniendo que indicar la causa en tal circunstancia. Las demandas de poca importancia debían ser orales.

Cuando demandante y demandado comparecen juntos ante el cadí, en el acto se práctica la prueba, si ello es posible, y se dicta sentencia oralmente, dando el pleito por terminado.

Si es necesario citar al demandado para que comparezca ante el cadí, la citación la hace el alguacil, que le presentará como garantía de la veracidad de la citación el sello del cadí o una cédula con su firma. El demandado puede prestar fianza personal de que se presentará ante el cadí cuando sea requerido. Tiene plazo para conocer y contestar a la demanda.

Los principios del proceso son el dispositivo y de aportación de la parte, el de contradicción e igualdad de las partes, el de interdicción de la ciencia privada del juez, el de unidad del proceso e instancia única y los de legalidad y libertad de formas procesales.

La fase siguiente era el periodo de prueba, donde hay que distinguir unas normas generales y otras de carácter especial. La carga de la prueba correspondía a quien la afirmase. Al que la negase sólo se le exigía el juramento.

En esta época la prueba no tenía una fase judicial prefijada, pudiéndose practicar incluso tras la contestación del demandado, si bien en algunas causas sobre la filiación o repudio la fase probatoria estaba permanentemente abierta. Entre los medios de prueba admitidos estaban la confesión (iqrar), el juramento (yamin), el testimonio (sahada) y las presunciones legales (qara'in).

En el Derecho musulmán es muy extensa la construcción de las presunciones, lo que ha originado la mecanización de la carga de la prueba, que viene previamente establecida a través del casuismo. El juramento tiene especial relevancia en cuanto que está investido de valor sacramental.

En el proceso penal el juramento sirve para la comprobación de los hechos, hasta tal punto que en el caso del homicidio, la acusación ejercida por los parientes de la víctima debe prestar juramentos necesarios, cuyo número variará para probar la culpabilidad según el grado de parentesco. En caso de que tales juramentos no lleguen a prestarse ante el cadí, pasa a la tribu o familia del inculpado la posibilidad de prestar los juramentos necesarios para lograr su libre absolución.

En el proceso civil juega un papel semejante, pues el que demanda debe probar lo que reclama, el demandado puede enervar la acción mediante el juramento en contra. E, incluso, llegó a adquirir tal importancia el juramento en el proceso civil que cuando las dos partes juraban tener propiedad sobre la cosa objeto del litigio, ésta se dividía entre ambos por la imposibilidad de conocer la verdad. En la evolución de esta institución, terminó teniendo el mismo valor probatorio que el resto de pruebas.

La prueba testifical tiene especial relevancia en Al-andalus. Todos los miembros de la comunidad tienen la obligación de declarar como testigos, deber que se individualiza en las personas que presenciaron el hecho litigioso. Pero algunas personas no podían prestar declaración como testigos, por prohibición o porque no se les reconocía capacidad para ello.

El falso testimonio se castiga, si se ha realizado en un proceso penal, mediante la imposición del pago de la cantidad equivalente a la indemnización del daño ocasionado por el delito falsamente imputado, si se declara en falso en un proceso civil, el castigo es el pago de una cantidad equivalente al daño causado.

Para que los documentos privados tengan valor en juicio deben ser testimoniados por dos testigos fidedignos que puedan dar fe de que lo relatado en ellos ocurrió tal y como se recogió por escrito. Tras las pruebas procedía practicar la conclusión.

Tras la interpelación final del cadí a las partes de si queda algún medio de prueba por practicar, puede dictar sentencia, haciéndolo en la misma vista y que será documentada por el secretario. Las partes pueden pedir un testimonio de la sentencia.

En ninguna circunstancia se dictaba sentencia en rebeldía del demandado, caso distinto a aquel en que el demandado no comparecía por razones objetivas (distancia, mal tiempo, etc.). En este caso, el procedimiento continuaba como si estuviera presente, si bien no adquiría firmeza si la ausencia tenía como causa la fuerza mayor, tras la comparecencia se dictaba una nueva.

A los jueces venía atribuida la vigilancia de la ejecución de sus sentencias, para lo que contaban con el apoyo de los alguaciles, pero carecían de medios coercitivos para ello. Por eso, una de las funciones del cadí de las injusticias era la de auxiliar a los cadíes ordinarios cuando éstos se lo solicitaban y someter a quien se negara a cumplir el fallo de la sentencia.

En principio, las sentencias de los cadíes eran irrecurribles, el proceso se configura como de instancia única, sin perjuicio de la posibilidad de acudir al señor de las injusticias, lo que no significa que sus sentencias fueran irreformables, pues el propio juez que la ha dictado puede reformarla si considera que es injusta o errónea. También podía el cadí anular las sentencias de su antecesor, pero no se pueden anular las sentencias de un juez que ha desempeñado su cargo con honorabilidad.

En el proceso musulmán no existe el principio de cosa juzgada, sólo cabe que el vencedor obtenga del cadí una declaración de que el vencido no puede presentar contra él una demanda con los mismos argumentos. Por ello uno de los cauces revisorios era plantear una nueva demanda respecto a cuestiones ya decididas ante el mismo cadí que la dictó, su sucesor o cualquier otro magistrado competente.

Las jurisdicciones gubernativas, en cuanto ejercían funciones de policía, se orientan principalmente al proceso penal, lo que derivó en la creación de un nuevo proceso sumario y expeditivo, basado en el principio inquisitivo, en el que se recurría al tormento para arrancar la confesión, proceso sobre el que dice López Ortiz, los tratados de jurisprudencia guardan silencio.

Continuará

Es jueza sustituta adscrita al Tribunal Supremo de Justicia región Murcia, España.

Tomado de: monografias.com

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