La Gaceta Jurídica

La justicia española de la Edad Media. La justicia andalusí y la cristiana

(Parte final)

Foto: es.wikipedia.org

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La Gaceta Jurídica / Sacramento Ruiz Bosch

00:00 / 20 de septiembre de 2013

Organización de la justicia por los reyes católicos

La siguiente gran reorganización de la administración de justicia es la realizada por los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo en 1480, dictando posteriormente las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489.

Según las Ordenanzas, los órganos encargados de administrar justicia eran:

Los reyes. Desde el inicio de su reinado los Reyes Católicos administraron justicia personalmente. A tal fin se reunían con su Consejo los lunes y viernes.

El Consejo Real. Podía avocar para su conocimiento cualquier pleito o causa. Entendía, como instancia superior, de las apelaciones contra las sentencias dictadas por los demás jueces o tribunales, si bien las sentencias dictadas por los “Oidores” sólo eran revisables mediante el pago de fianza.

Los Alcaldes de la Casa y Rastro del Rey. A éstos les competía el conocimiento de las causas por delitos cometidos en el Rastro de la Corte.

La Audiencia o Chancillería. La residencia de la Chancillería fue fijada definitivamente en Valladolid. Estaba integrada por:

Un Prelado que ejercía las funciones de Presidente.

Ocho oidores letrados, designados por los reyes por periodo de un año.

Varios alcaldes.

Dos procuradores fiscales.

Dos abogados de los pobres.

Diversos relatores.

Doce escribanos.

La Chancillería se dividió en tres salas, dos de ellas entendían de los casos de corte y de las apelaciones en los asuntos civiles. La tercera entendía de las apelaciones y suplicaciones de las causas criminales.

En 1454 los Reyes Católicos crearon la Chancillería de Ciudad Real, que conocía de los asuntos acaecidos al sur del Río Tajo. En 1505 la trasladaron a Granada y crearon otra Chancillería en el Reino de Galicia, cuya residencia la fijaron en Santiago de Compostela. El nombre de Chancillería se reservó durante los siglos posteriores a las de Valladolid y Granada, conociéndose las demás con la denominación de audiencias, y sirvieron de modelo para la demarcación y planta judicial que en el siglo XVI se llevó a cabo en España y América.

Los merinos y adelantados mayores de Castilla y León

Durante la Baja Edad Media, el Reino Castellano-Leonés se divide territorialmente en grandes circunscripciones gobernadas por los merinos mayores y los adelantados mayores, quienes administraban justicia en nombre del Rey en sus territorios.

Conocían en primera instancia de los asuntos que correspondían a la exclusiva competencia del Rey y de las apelaciones contra los fallos de los jueces de sus distritos, los merinos menores y los jueces locales.

En las ciudades y villas que se habían constituido como municipios la justicia era ejercida por los alcaldes de fuero, aunque los reyes de Castilla y León iniciaron la costumbre de enviar jueces nombrados por ellos y que se denominaron alcaldes asalariados, quienes administraban justicia en competencia con los alcaldes de fuero, competencia que se acrecentó en los siglos XIV y XV, cuando los reyes enviaban a los llamados corregidores para que quedaran al mando del poder local y que de hecho ejercieron funciones judiciales.

Especial referencia al Tribunal del Libro

En opinión de Sánchez Albornoz, el “juicio del libro” fue instaurado por los mozárabes inmigrados a la comarca leonesa, entre los cuales seguía aplicándose el derecho visigodo. En la ciudad de León se guardaba un ejemplar del Liber Iudiciorum, Libro de los Jueces o Fuero Juzgo (promulgado en el 654 por el rey visigodo Recesvinto). Además, los litigantes o el inculpado que deseaban ser juzgados con arreglo a sus preceptos, podían acudir ante el “Tribunal del Libro” y eso tanto en la primera instancia como en la de apelación.

Durante el siglo XIII y tras haber ordenado el Rey Alfonso X en 1266 que el ejemplar del libro que se conservaba desde tiempo inmemorial en la Basílica de San Isidoro fuese entregado a un canónigo de la Catedral de León, surgió un conflicto entre el Cabildo de la Catedral y el Municipio de la ciudad de León, que se resolvió en el sentido de que un clérigo designado por el Cabildo fuese el “Juez del Libro”, quien, asesorado por los jueces locales, fallase según los preceptos del Fuero Juzgo. El lugar en que se celebraba el Juicio del Libro era la Catedral de León.

Especial referencia al “justicia de Aragón”

La evolución del sistema judicial aragonés fue distinta a la que se dio en Castilla. La delegación de la justicia emanada de la soberanía ostentada por el príncipe derivó en una magistratura de carácter personal que se denominó “justicia de Aragón”.

Orígenes

Julián Ribera, en 1891, encontró su origen en Al-ándalus, por sus semejanzas con el “señor de las injusticias”.

Para Tomás Ximénez de Embún, los orígenes del “justicia de Aragón” se encontrarían en el zalmedina de Zaragoza.

Para Valdeavellano los orígenes de esta figura se encontrarían en el juez de palacio, asesor de carácter permanente que, designado por el monarca, acompañaba a la Corte del Rey y cuyas funciones eran la de asesorar a la Curia, instruir el proceso y publicar las sentencias.

Se tenía su nacimiento más inmediato en las Cortes de Ejea de 1265, en que Jaime I el Conquistador, reunido con los Nobles aragoneses con el fin de dirimir las controversias existentes entre ellos, invistió al justicia de auténtico poder jurisdiccional para determinadas materias y decretó que todas las causas que se suscitasen entre el rey y los nobles o entre estos entre sí, las resolviese el “justicia de Aragón”, asistido por los magnates y caballeros de la curia, en el primer supuesto, y asistido por el rey, los magnates, fijosdalgos e infanzones, en el segundo supuesto.

En 1265 el mismo rey amplió su jurisdicción a las causas suscitadas entre particulares y para entender de las apelaciones contra los fallos de los jueces locales.

La magistratura terminó de conformarse por las Cortes de Zaragoza de 1348, en las que se ordenó que los reyes, sus oficiales y los jueces jurasen cumplir los fueros

Funciones

En la segunda mitad del siglo XIII tenía competencia para juzgar las causas y litigios surgidos ente los nobles o entre los nobles y el rey, función que conservó durante toda su vigencia. Así, según las Cortes de Zaragoza de 1371, era el único juez competente en todos los litigios en que el rey fuese parte, inhibiendo de su conocimiento tanto al gobernador general como al resto de jueces ordinarios. A partir del siglo XIV asumió, además, dos tipos de funciones que hicieron de esta figura jurídica una magistratura de carácter singularísimo y gran prestigio social, en cuanto que supuso una limitación al poder administrativo, cuales fueron:

- La función de interpretar y declarar el recto sentido de las leyes y costumbres del país. Evacuaba las consultas del rey sobre si sus mandatos se ajustaban o no a los preceptos de los fueros aragoneses y podía solicitar, en caso contrario, que el rey modificara sus mandatos.

Además los oficiales públicos y los jueces, cuando tuviesen dudas sobre la interpretación de algún precepto de los fueros, debían consultarle, siendo vinculante para ellos su contestación por escrito.

Así, y tras su evolución hasta ser denominado como Justicia Mayor de Aragón, se convirtió en el intérprete máximo del ordenamiento jurídico aragonés en un juez de contrafuero, ya que conocía y fallaba en las causas promovidas a petición de parte, cuando los jueces y funcionarios públicos quebrantaban algún precepto de los fueros.

-La función de impedir, por vía procesal, la violación o quebranto de las leyes por el rey, sus delegados y lugartenientes, los oficiales públicos y los jueces.

Sus instrumentos procesales eran la “firma de derecho” y la “causa de manifestación”. Además, por medio de sus “inhibiciones”, podía:

Ordenar que un juez no siguiese conociendo de una causa. Le correspondía juzgar por “vía de contrafuero”, es decir, a instancia de parte podía inhibir a los jueces que estuviesen conociendo de un asunto, prohibiéndole que siguiese conociendo de la causa, pero el justicia no podía entrar a conocer sobre el fondo del asunto, sino que se pronunciaba solamente sobre si el juez había procedido o no conforme al fuero.

Dejar sin efecto cualquier acto o resolución del poder administrativo y de los jueces que estimase contrario a los fueros.

Los que actuasen contra estas inhibiciones procedían contra fuero y se procedía contra ellos sumarialmente y sin juicio a partir de las Cortes de Monzón de 1390.

El rey ni ninguno de sus oficiales podía anular las decisiones del “justicia de Aragón”. Por el contrario, se consideraban nulas y, por tanto, carecían de efectos las letras o disposiciones del rey, concedidas a alguien para impedir la actuación judicial del Justicia.

Sus funciones terminaron de dibujarse mediante la promulgación de sucesivas leyes de las Cortes Aragonesas, que determinaron el carácter inamovible y vitalicio del cargo, lo que le dotó de autonomía e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Además, establecieron el sistema de nombramiento de los lugartenientes y los supuestos en que éstos y aquél incurrían en responsabilidad.

Otros órganos

a. Los Lugartenientes del Justicia. El “justicia de Aragón” tenía dos lugartenientes que le suplían en el cargo en caso de ausencia o vacante. Durante la vacancia del cargo eran denominados “regentes del oficio del justiciado”, en tanto el rey procedía a un nuevo nombramiento. Su nombramiento correspondía al justicia hasta que en 1467 las Cortes de Zaragoza dispusieron su nombramiento por insaculación.

b. Los notarios principales y los vergueros del justicia. El justicia y sus lugartenientes eran auxiliados por seis notarios principales y por los oficiales denominados “vergueros”, a los que correspondía la ejecución de las decisiones del justicia.

c. La Corte o Tribunal del Justicia.

Responsabilidad del “justicia de Aragón”

Los delitos cometidos por el justicia en cuanto persona privada eran juzgados conjuntamente por el rey y las cortes.

Los delitos cometidos por el justicia en el ejercicio de sus funciones correspondía a las cortes.

Las Cortes de Monzón de 1390 instituyeron cuatro inquisidores, elegidos por el rey, a los que correspondía la indagación de los posibles abusos e irregularidades cometidos por el justicia, de cuyo resultado debían dar cuenta a las cortes, que en su caso sometían a aquél a un “juicio de responsabilidad”.

Las Cortes de Calatayud de 1461 establecieron que los procesos de este tipo seguidos contra el justicia o sus lugartenientes podían sustanciarse, por delegación de las cortes, ante diecisiete jueces (judicantes) designados por sorteo y otros tres designados por el Rey.

Conclusiones

Este breve estudio de la justicia en la España de la Edad Media nos conduce a la afirmación de que en Al-Andalus, aunque la justicia es delegada por el soberano, el poder ejecutivo y el judicial son independientes, siendo digna de mención la figura del cadí de las injusticias, que supone una limitación jurídica al poder ilimitado del soberano y, por ende, de sus funcionarios u órganos de ejercicio de poder. La función judicial se atribuye a los cadíes, magistraturas de carácter personal.

En el caso de la justicia cristiana, esta sumisión del poder ejecutivo al judicial, que actúa como una limitación jurídica del poder del soberano en defensa de los derechos de los súbditos, aparece con el “justicia de Aragón”.

La figura del “justicia de Aragón” supone innovación y un auténtico mecanismo de limitación jurídica del poder político mediante su sujeción a la Ley y al Derecho, igualmente supone la sujeción del poder judicial al imperio de la ley y del Derecho.

En el ordenamiento jurídico español actual, aunque tamizadas por las circunstancias históricas posteriores y por los principios que inspiraron la Revolución Francesa de 1789, perviven las influencias de nuestro Derecho histórico, no sólo del cristiano, sino también del musulmán.

Ejemplo de esto son los tribunales consuetudinarios, como el Tribunal de las Aguas de Valencia y las ordenanzas y costumbres de la Huerta de Murcia, recopiladas en 1899 por Díaz Casou. La doctrina también incluye dentro de estos tribunales al Consulado de la Lonja de Valencia y a los tribunales de la Vega de Lorca y Murcia.

A los tribunales consuetudinarios alude el artículo 125 de la Constitución española de 1978 y suponen una excepción al principio del monopolio del ejercicio de la jurisdicción por los jueces y magistrados profesionales, que facilitan la participación popular en la administración de justicia.

Bibliografía

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Es jueza sustituta adscrita al Tribunal Supremo de Justicia región Murcia, España.

Tomado de: monografias.com

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