La Gaceta Jurídica

El estatus jurídico de Fancesa

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 15 de mayo de 2016

Las circunstancias que llevaron a la creación de la Fábrica Nacional de Cemento Sucre Sociedad Anónima (Fancesa) obligaron a una primera y definitiva presencia de capitales del Estado. Con el tiempo, la Fábrica se constituyó en la única industria importante y de relevancia definitiva para Chuquisaca.

También es evidente que aquella ingresó en un rubro de actividad muy competitiva y acabó mostrando óptimo rendimiento.

Pero, ¡ay! y cuando no Fancesa, en múltiples ocasiones se convirtió en un dolor de cabeza para el distrito. O sea, nos ponemos a pensar si aquella industria no ha podido escapar de aquel invisible mal agüero que parece perseguir a la ciudad de Sucre. Por eso se hace tan repetida aquella expresión relativa a las tradicionales “siete patas” de la capital y se dice que hace algún tiempo suman “ocho”, porque se añade la “octava”, que es “la mala pata”.

En el caso concreto de Fancesa SA, es decir, Sociedad Anónima, la fábrica ha nacido con nombres y apellidos forzados. Lamentablemente, este gran detalle nunca ha sido admitido por sus copropietarios o accionistas.

No negamos que tan sui géneris sociedad anónima se acomoda a lo que manda el Código de Comercio. Por ejemplo, en cuanto a su estructura administrativa y funcional existe una Junta de Accionistas, un Directorio y una Gerencia General. Pero nadie se ha preguntado si la conformación de aquellos organismos responde a los alcances reales de una auténtica sociedad anónima, la que, regida por normas dictadas para actividades comerciales de personas privadas, acaba rigiendo las actividades “empresariales” de tres entes públicos, o sea, del Estado.

Y es que no otra cosa son sus copropietarios, la Gobernación de Chuqui- saca, la Municipalidad de Sucre y la Universidad de San Francisco Xavier. Para complicar más la situación, los tres entes ahora son “autónomos”. Dos de ellos ya son desde antes.

En relación al tema anterior, solo una pregunta, ¿qué papel les correspondería jugar en cuanto a la dirección de Fancesa a la Asamblea Legislativa Departamental, al Concejo Municipal o al Consejo Universitario, según cada institución? Nadie lo ha dicho ni lo ha aclarado.

Tengamos en cuenta que, en los casos de la Gobernación y la Municipalidad, ni siquiera estos antes han logrado la aprobación de su Estatuto o Carta Orgánica. Este detalle, por lo tanto, nos deja otro aspecto importante, absolutamente colgado.

Pero se prefiere continuar así, sin intentar siquiera formularse las correspondientes interrogantes.

Una primera conclusión tiene que ser, consiguientemente, que no es posible que tres instituciones públicas o del Estado acaben, como es el caso, en una entidad privada, como es una sociedad anónima.

Se me podrá decir que es así porque los organismos del propio Estado, permitieron que tal cosa sucediera. Esto es cierto, porque aquellos deberían haber observado y dejar sin efecto la pretensión de conformar un ente estrictamente privado con la “unión” de tres entidades públicas y, más aún, dentro del estatus de instituciones anónimas.

Pero, lamentablemente, en un país tan singular como es el nuestro, se ha convalidado una situación absolutamente irregular. Y no estamos agravando la figura, ni mucho menos. La fábrica, en el detalle estrictamente institucional, aparece ante la opinión pública con la sigla de SA, que es el identificativo de todas las sociedades anónimas.

Pongámonos ahora en la situación siguiente: que las tres actuales copropietarias deciden aclarar esta situación irregular y emprender un trámite destinado a enderezar lo que desde un comienzo se hizo mal.

Lastimosamente, a estas alturas, aquella sería una tarea realmente gigantesca y casi imposible. Si se tratara de comenzar por la anulación de todos los actos de esta sociedad trucha, los perjuicios serían para la propia fábrica. ¿Se imaginan la cantidad de actuaciones que tendrían que anularse o, al menos, revisarse?

Se tendría que comenzar por los aportes de capital para la compra efectiva y regular de acciones de la sociedad, porque, en este caso, se requeriría una larga lista de resoluciones internas, por separado de cada institución pública. Téngase en cuenta que la estructura de organización de cada una de ellas es diferente.

Además, anteriormente se dieron casos en sentido de que, en forma separada, cada una de ellas adoptó decisiones por su cuenta, sin consultar siquiera a las otras copropietarias.

En varios casos de aquellos, tales decisiones acabaron teniendo un im- pacto significativo en la vida institucional de la factoría. Así ocurrió, por ejemplo, cuando se negoció la presidencia del Directorio de la Sociedad.

Lo reiteramos. El funcionamiento, absolutamente forzado de esta singular sociedad anónima “privada”, se presta a situaciones también forzadas y al margen, incluso, de las normas específicas del Código de Comercio. La única solución (asimismo forzada) sería obtener una ley expresa que avale todo lo sucedido hasta el presente y acabe despejando las dudas, las muchas dudas que deja al estatus jurídico de Fancesa. ¿Alguien se animará a enfrentar el tema? Tene- mos nuestras dudas al respecto.

Es analista de la constitucionalidad, abogado y ensayista.

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