La Gaceta Jurídica

Sobre el estatuto autonómico de Chuquisaca

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 27 de septiembre de 2015

Tenemos que comenzar el presente trabajo refiriéndonos a algunos temas concretos, pero con alcances nacionales. En efecto, el artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de 17 de julio del 2010, al referirse a los contenidos de los Estatutos autonómicos o mínimos, como se los llama, está tratando de detallar esos aspectos básicos que deberían ser comunes a todos los instrumentos con la finalidad de evitar una dispersión normativa.

Pero, lo que ha quedado por verse es cuál ha sido en los hechos la instancia del Estado encargada de velar para que ese propósito sea cumplido a cabalidad. Aquí no estamos hablando solo de un “control de constitucionalidad”, que, además, se supone que ya se hizo a través del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp).Por tanto, al margen de ese marco para todos los departamentos que ingresan a la temática de los estatutos autonómicos, vendrían recién los detalles normativos que corresponden a las peculiaridades propias de cada departamento.

En su parte final, el artículo 278 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice: “Los Estatutos autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción”. Aquí se empleó mal el término jurisdicción porque debería decirse “competencias”.

Mas, en concreto, la figura del “referendo” (artículo 11.II de la CPE) está consignada como parte de la democracia directa y participativa.

Muchas de las dificultades para el ejercicio concreto de aquella se originan en que, precisamente, las formas de la democracia participativa resultan muy poco operativas en la realidad. Cuando se trata de un referéndum –que es una “consulta” al ciudadano en general–, en temas como el de un estatuto autonómico se parte de una premisa falsa: que el total de los ciudadanos o votantes conocen su texto más o menos en la misma forma.

En los hechos ocurre lo contrario (todo al revés), una inmensa mayoría ignora el texto. Primero, porque aquél se le ha facilitado muy tarde; segundo, porque no tiene mayor interés en el tema y, tercero, porque, aun “echándole una leidita”, tampoco ha entendido nada.

El texto no es tema para cualquiera y requiere de alguna preparación académica que la mayor parte de la ciudadanía no la tiene. Por tanto, la Constitución cometió un error al ignorar estos detalles y darlos por superados con solamente su inclusión en el texto constitucional.

Con estas premisas básicas entramos al análisis también básico del Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca. Tal como ocurrió en las partes del país donde se fue celebrado el referéndum, el voto fue por el Sí o por el No, con referencia al total del texto, o sea, por todo o nada del documento, porque no fue posible votar por su aprobación o rechazo parciales.

En cuanto a sus alcances, en el Preámbulo que acompaña al documento de Chuquisaca se dice: “(...) Nosotros, como depositarios de la esperanza del pueblo de Chuquisaca, exclamamos a toda la población nuestro compromiso por profundizar el proceso autonómico en el marco de la unidad del Estado Plurinacional de Bolivia (...)”

Aquél es un propósito muy loable, pero fuera de los alcances y posibilidades de Chuquisaca. Como nos lo han probado los hechos hasta hoy, las decisiones en tal sentido han de seguir siendo del nivel nacional de Gobierno.

El artículo 1.I dice que “Chuquisaca ACCEDE a la autonomía departamental por voluntad democrática de la población...”. Aquí se olvida el articulado pertinente de la cpe, que abrió la posibilidad de la dictación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Añade que se “constituye un Gobierno Autónomo Departamental”.

Una aclaración sobre estos textos. El artículo 269 de la cpe dice que “Bolivia se organiza TERRITORIALMENTE EN DEPARTAMENTOS (...)”, por lo tanto, el ejercicio de la AUTONOMÍA en aquél ámbito territorial corresponde al GOBIERNO DEPARTAMENTAL, no a CHUQUISACA como DEPARTAMENTO.

El artículo 1, inciso 2, afirma que el Estatuto “declara su sujeción a la Constitución Política del Estado”. En todo caso, creemos que este artículo del Estatuto sale sobrando frente a lo señalado en el artículo 410 de la cpe.

El artículo 3 del Estatuto afirma que todos los PRINCIPIOS que en él se detallan SE PRACTICAN EN CHUQUISACA. Los principios, estos y otros, no son practicados así de hecho, solamente son destacados. El artículo 7 apunta a ser uno los más vacíos del Estatuto, al hablar de la calidad de “capital constitucional” que el artículo 6.I de la cpe destaca para la ciudad de Sucre.

Lo decimos porque esta viene a ser quizá la última oportunidad que va a contarse en esta capital para “aprovechar” la coyuntura y conseguir una reglamentación concreta que pudiera significar contar con algunos “beneficios” destinados a esta ciudad.

Y es que nos volvemos a preguntar, ¿de qué le sirve en el plano material a Sucre su declaración de CAPITAL CONSTITUCIONAL DEL PAÍS?, ¿no es algo lírico?, ¿no podíamos haber obtenido, al menos, alguna ventaja? Nuestros representantes simplemente se olvidaron.

Otro error muy grave es el contenido del artículo 8, inciso II, al decir que “la fecha cívica del Departamento de Chuquisaca es el 25 de mayo, en conmemoración del Primer Grito Liber- tario de América, en 1809”.

La fecha cívica que se cita, la del 25 de mayo de 1809, corresponde solamente a la ciudad de Sucre y en ningún caso se la puede “extender” a la totalidad de departamento de Chuquisaca.

En el artículo 10 se dice que se promueve y respeta la cpe y los tratados internacionales y convenidos en DERECHOS HUMANOS, ¿solo en relación a ellos?

El artículo 63 afirma que el presupuesto departamental “es formulado” con la participación CIUDADANA. Pero nos preguntamos ¿CÓMO se hará para ello? Esta se asemeja a otra forma de democracia directa.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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