La Gaceta Jurídica

La extrema protección de los derechos fundamentales

Entre tratados y normas

El derecho de libre circulación suele ser vulnerado  por horas durante varias jornadas seguidas.

El derecho de libre circulación suele ser vulnerado por horas durante varias jornadas seguidas. Foto: Archivo La Razón

Napoleón Gámez Pereira

00:00 / 02 de diciembre de 2015

Cuando se habla de derechos se omite, frecuentemente, el correlativo margen de deberes que impone su ejercicio para no derivar en una situación de caos que repugna a toda sociedad que ha establecido la ley y el derecho como marco y guía. Sin embargo, los derechos que en las modernas legislaciones propias de un Estado de Derecho merecen el calificativo de fundamentales, son una transposición de los derechos humanos que tantos siglos costó conquistar y que, aún ahora, en muchos países no merecen el respeto que les es debido.

La aparición de un catálogo de derechos, que se revelan inherentes a la persona y que tienen en la dignidad de la misma como sustrato troncal de todos ellos su propia raíz, es algo que florece a partir del pensamiento racionalista, enciclopédico y de la Ilustración, allá por los siglos XVII y XVIII, y que, de a poco, aunque no sin dificultad, se fue abriendo paso con posterioridad hasta llegar a la Declaración Universal aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

En esta línea de reconocimiento de los Derechos Humanos, y como más reciente proclamación a nivel mundial, se menciona la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (onu) de 13 de diciembre de 2006, referida a personas discapacitadas, que constituye el primer tratado internacional en esta materia del siglo XXI.

Es, por tanto, signo revelador de una nueva y moderna configuración jurídica de la persona y del ciudadano que, en los textos constitucionales o en las normas asimiladas en los países del mundo, se consagre una relación de derechos que, por su condición de básicos en el seno de una sociedad constituida en democracia, se erigen en principios fundamentales de todo ordenamiento jurídico a los que habrá que someter el resto de normas que integren dicho ordenamiento. Lo que son principios esenciales de convivencia humana en el seno de una sociedad democrática se convierten, desde una perspectiva subjetiva, en derechos fundamentales de la persona y del ciudadano.

Principios jurídicos

Hasta aquí parece que no debiera haber la más mínima discrepancia y la preponderancia de los derechos fundamentales se revela como algo indiscutible e indiscutido. Asimismo, existe un principio, igualmente jurídico, que establece que ningún poder o derecho, tampoco los conocidos como fundamentales, puede ser absoluto, sino que tendrá sus propios límites dentro de los que debe operar en el ámbito de la colectividad en la que se actúa o ejerce.

De aquí que llamen la atención algunos comportamientos sociales y actuaciones públicas que, en un despro- porcionado entendimiento de lo que     es y representa el ejercicio de un derecho fundamental, asuman actitudes o lleguen a adoptar decisiones que pretenden desconocer la concurrencia de otros derechos, algunos, incluso, de la misma je- rarquía normativa que se hallan precisados de la necesaria protección.

Los movimientos producidos en muchas de nuestras ciudades en protesta por el desenvolvimiento de la democracia y por la actuación de las élites políticas, sociales y económicas en nuestro país han desbordado el legítimo derecho de la ciudadanía a expresar su rechazo y cansancio por el rumbo seguido en el desarrollo del Estado Social y Democrático, etc., etc., instaurado en el artículo 1 de la Constitución.

Resulta desproporcionado y manifiestamente anómalo el que, con desprecio de las más elementales reglas relativas al ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y de manifestación, no solo se invada la vía pública de tal forma que sea intransitable para el resto de los ciudadanos que tienen derecho a circular libremente por la misma, sino, lo que es peor, que sean desoídas y desobedecidas para resoluciones de autoridades competentes para la disolución de concentraciones y desalojo de lugares públicos, sin que las fuerzas encargadas de cumplir tales resoluciones adopten medida alguna para hacerlas efectivas.

Esto no es, en modo alguno, esa “democracia real” que se reclama, porque el imperio de la Ley es lo que tiene que carac- terizar una sociedad moderna y actualizada y lo que debe distinguir a los Estados de Derecho en los que la norma jurídica se erige en el verdadero poder de poderes. Principios básicos

Por otra parte, ciertas resoluciones de amparo constitucional no son entendibles, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para juristas. Por ejemplo, que el derecho de huelga, cuyo carácter fundamental nadie puede poner en duda, llegue a traspasar con notoriedad no solo el marco, sino también los márgenes del contrato de trabajo dentro del que debe tener su propio asiento o, en otro aspecto, desvirtúe conductas manifiestamente delictivas y admitidas como tales que, incluso, colisionan con otros principios básicos o derechos fundamentales.

Éstos son el sometimiento al ordenamiento jurídico, el respeto a la dignidad de toda persona, la igualdad sin discriminación, la preservación de la integridad física y moral, la libertad y seguridad, el honor y la intimidad…, es algo difícilmente asimilable y que las propias resoluciones judiciales que imponen la trans- gresión de aquel derecho fundamental de índole laboral ponen de relieve al haber sido adoptadas por la mínima mayoría exigible o con el ejercicio de un voto de calidad, lo que origina una cadena de otros discrepantes.

Es oportuno recordar que el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene deberes respecto de la comunidad” y que se halla sujeta a las limitaciones establecidas por ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Necesidad de regulación

Entonces cabría preguntarse si en el ejercicio de los incuestionables derechos fundamentales de libertad de expresión, de manifestación y de huelga a los que se ha hecho referencia se ha tenido en cuenta la observancia de esos deberes respecto a los ciudadanos en general o a los efectos en particular.

Finalmente, existe la necesidad imperiosa de regular el ejercicio del derecho a la huelga, manifestaciones que establezcan las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la población y un medio ambiente sano, sin contaminación de aire y sin ruidos que pongan en riesgo o lesionen nuestros bienes jurídicamente protegidos.

*    Es abogado con doctorado en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia