La Gaceta Jurídica

La facultad instructoria del juez para obtener pruebas de oficio

El Código de Procedimiento Civil (cpc) del 2 de abril de 1976, elevado de rango mediante la Ley N° 1760 de 28 de febrero de 1997, que en los últimos meses de vigencia se aplica con relación a la cuestión de la actividad probatoria prevista en el artículo 375, establece que la carga de la prueba incumbe dos aspectos.

En nuestro régimen procesal,  el juez tiene que atenerse a lo alegado  y probado  por las partes.

En nuestro régimen procesal, el juez tiene que atenerse a lo alegado y probado por las partes. Foto: seprin.info

Juan Chávez Alanoca

00:00 / 03 de abril de 2015

Estos elementos son: 1) Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y 2) Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor.

Esta normativa responde a los alcances del principio dispositivo, confiándose a la iniciativa de las partes la posibilidad de aportar las pruebas necesarias para acreditar la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos, en virtud del aforismo onus probandi incumbit actori, reus in excipiendo fit actor (la carga de la prueba recae sobre el demandante, el demandado en la excepción se convierte en el actor) que, a su vez, concuerda con la previsión del artículo 1.283 del Código Civil.

Cuando la parte demandada se limita a negar las afirmaciones del actor, deja toda la carga de la prueba al actor demandante, ei incumbit probatio, qui dit, non quin gat (compete la prueba a quien afirma, no a quien niega), asimismo se aplica el adagio per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit (por la naturaleza de las cosas, el que niega un hecho no necesita probar su negación).

Pero cuando se alega hechos diversos de los afirmados por el actor, la carga de la prueba corresponderá al demandado, por ejemplo:

a) Será un hecho impeditivo interponer la eficacia o la resolución de contrato subordinada a un acontecimiento futuro e incierto incumplido, así también puede ser un contrato sujeto a un término futuro y cierto de cuyo cumplimiento depende el ejercicio o la extinción de un derecho (artículos 494 y 508 del Código Civil).

b) Un hecho modificativo en contratos de tracto sucesivo cuya prestación se ha tornado excesivamente onerosa (artículo 581 del Código Civil).

c) Un hecho extintivo plantear cualquiera de los modos de extinción de las obligaciones (artículo 351 del Código Civil), en estos casos la ley admite prueba contraria.

En la realidad práctica, se puede presentar otras casuísticas:

1. Hechos constitutivos, por ejemplo, contrato de préstamo.

2. Hechos extintivos, por ejemplo, el cumplimiento del pago.

3. Hechos invalidativos, por ejemplo, la falta de una facultad específica en el mandato.

4. Hechos convalidativos, por ejemplo, documentos de ratificación y/o confirmación.

La prueba no sería una carga (onus probandi) si la verificación no fuere fatal a la parte que debe probar, por aplicación de la máxima actore non probante, reus absolvitur (peticionario no aprobó, el acusado es absuelto).

Se asigna la carga de la prueba a quien afirma y no a quien la niega, quien quiere innovar debe demostrar que su pretensión está fundada, ya que no tiene obligación de probar el que se encuentra en una negación.

En suma, de conformidad con el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil de 1976, es obligación del actor producir las pruebas de su demanda y al demandado le incumbe probar las afirmaciones de sus excepciones opuestas.

Los hechos constitutivos, impeditivos, modificatorios o extintivos de derechos, que sirven de base a cualquier pretensión que persiga el reconocimiento de su legitimidad por órgano jurisdiccional, deben ser probados porque en nuestro régimen procesal el juez tiene que atenerse a lo alegado y probado por las partes, lo cual condiciona la actuación del juez, ya que en su sentencia no puede referirse a otros hechos que a los alegados por las partes ni fundarla en los hechos que no han sido probados, observándose así la auténtica figura de un “juez-espectador”, otros lo designan “juez-fantoche”.

El Código para 2015

Ahora, con la nueva normativa del Código Procesal Civil que entrará en vigencia el 6 de agosto del año en curso, en relación a la Carga de la Prueba previsto en el artículo 136 parágrafos I, II, de forma más adecuada y precisa establece que corresponde probar:

I. Quien pretende un derecho, debe probar los hechos constitutivos de su pretensión.

II. Quien contradiga la pretensión de su adversario, debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de la parte actora.

El Código Procesal Civil Uruguayo (artículo 139 numerales 1 y 2) establece con un tecnicismo jurídico “Probar los hechos constitutivos de la pretensión” y, al mismo tiempo, los que conforman la contradicción del adversario, “quien contradiga la pretensión de su adversario tiene la carga de probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos de aquella pretensión del actor”.

Es decir, los hechos conforman el relato histórico del demandante, quien pretende y promueve el proceso; los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos son del demandado, quien, por su lado, se defiende o contradice ese ataque.

Sin embargo, el parágrafo III del artículo 136 del Código Procesal Civil introduce una nueva facultad al establecer que “la carga de la prueba que el presente Código impone a las partes, no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial”.

En la legislación procesal civil argentina se denomina la “Prueba de Oficio”, asimismo, se encuentra como fuente en la legislación uruguaya y en la legislación española se conocía bajo la denominación de “Diligencias o Medidas para mejor proveer”, que es el ejercicio de facultades instructorias por parte de los jueces y tribunales que, de oficio, anunciaban las medidas probatorias en cualquier estado del proceso para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos a los efectos de formar su convencimiento.

Frente a la regla que solo a las partes incumbe la carga de la aportación de hechos constitutivos de existencia o inexistencia de su pretensión, se agrega la carga de probarlos para lograr el pleno convencimiento del juez.

Esto surge como una nueva política procesal innovadora, la “facultad instructoria del Juez” para obtener pruebas necesarias de oficio, en la hipótesis donde las pruebas suministradas por ambas partes no sean suficientes para el esclarecimiento de los hechos divergentes.

Entonces el juez pasa a tener un protagonismo esencial, convirtiéndose en un indiscutible “juez-director” del proceso y, de oficio, tiene la facultad de disponer las pruebas necesarias para la verificación de la verdad de esos hechos propuestos por las partes.

En consecuencia, esta nueva normativa amplía los poderes de la autoridad judicial previstos en el numeral IV del artículo 24 (Poderes), en concordancia con el parágrafo III, artículo 136, parágrafo II del artículo 207 y artículo 208 Código Procesal Civil autoriza a los jueces requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito, en cualquier momento del proceso hasta antes de dictar sentencia; pedir la comparecencia de las partes, testigos o peritos a objeto de formular aclaraciones o complementaciones que fueren necesarias para fundar la resolución, inclusive puede exigir la complementación de documentos existentes en poder de una de las partes o de un tercero.

Es decir, el juez puede disponer de oficio la verificación de los hechos sobre todas las circunstancias que fueren conducentes, conminar a las partes en la audiencia destinada a la recepción de declaraciones de testigos; explicaciones que estimaren necesarias, decretar el careo o aclarar sus declaraciones.

Del mismo modo, agregar nuevos puntos de pericia a los propuestos por las partes, ordenar la realización de nuevos planos y exámenes científicos; documentos comerciales; pruebas por informes; inspección judicial y reconocimiento de hechos para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos; ordenar a los peritos explicaciones que sean consideradas convenientes y disponer que se practique otro dictamen pericial, perfeccio- namiento o ampliación de la pericia por otros peritos, etc.

Empero, estas facultades instructoras de los jueces no deben exceder ni vulnerar derechos y garantías constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a ser oído y juzgado previamente en juicio y los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, jerarquía normativa y el derecho al acceso a la justicia.

Así, los jueces bajo la disposición de la producción de diligencias probatorias no pueden referirse “a otros hechos controvertidos” del proceso. Por tanto, no pueden referirse a los hechos no afirmados por ninguna de las partes, como los hechos afirmados por una de ellas y expresamente admitidos por la otra.

Asimismo, las facultades instructorias reconocidas al juez no deben excluir o sustituir la actividad probatoria que incumbe a las partes y éstas se deben desarrollar de conformidad con las reglas relativas a la distribución de carga de la prueba.

En otros términos, la actividad judicial en materia probatoria reviste carácter complementario y su objetivo consiste en despejar las dudas con que tropiece el convencimiento del juez en aquellos supuestos en que la prueba producida por las partes no sea lo suficientemente esclarecedora.

Tampoco se puede permitir que las facultades instructorias que la ley concede al juez puedan ser ejercidas para suplir la negligencia en que hubiere incurrido cualquiera de las partes en la producción de sus pruebas ofrecidas, ya que afectaría al principio de la igualdad procesal, generando inseguridad jurídica.

Si bien las facultades instructorias que la ley reconoce al juez pueden versar sobre cualquier medio de prueba, se excluye la prueba de confesión, pues implica el reconocimiento total o parcial de la veracidad de un hecho perjudicial al confesante y favorable para la parte adversaria.

De acuerdo al aforismo “nemo tenetur edere contra se”, nadie puede ser compelido a suministrar prueba en su contra para beneficiar al adversario.

Finalmente, el ejercicio del poder o facultad instructoria del juez no puede ser exigido por ninguna de las partes, depende exclusivamente de la iniciativa y el arbitrio de la autoridad judicial.

Es abogado.

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