La Gaceta Jurídica

El fallo inicial

Si bien la sentencia del proceso en sí demorará varios años, lo que merecerá un soporte jurídico o de voluntad especial será el lograr que Chile no dilate por muchos otros años más la resolución en caso de que la decisión sea favorable a Bolivia. En esto jugará un gran papel la intermediación multilateral…

Editorial

00:00 / 27 de septiembre de 2015

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (cij), emitido a favor de Bolivia el 24 de septiembre último, sin a lugar a dudas ha marcado un hito en las relaciones sociales y políticas de nuestro país, pues, por un lado, se trata de un episodio que, como ha sido señalado por mucha gente, une a la población en torno a una aspiración que (es de esperar) no debería dejar de ser una política de Estado; por otra parte, pone en desafío a las partes visibles de nuestra política para que no se enfrenten entre sí mediante apostillas relacionadas con la ostentación de posibilidades dudosas ni con la minimización de logros alcanzados.

Lo que sí está claro en el comienzo de este proceso judicial en estrados internacionales es que se ha logrado una victoria del Derecho internacional y que el proceso recién se inicia, por lo tanto, no se trata aún de un triunfo boliviano en el tema específico, que es la demanda de una salida soberana al mar, ya que, como dijo el presidente de la cij, Ronny Abraham, “la Corte concluye que el objeto del diferendo es saber si Chile tiene obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico y, en caso afirmativo, si Chile ha incumplido dicha obligación”.

La sentencia que emitió la cij con 14 votos en contra de la posición chilena para desestimar la competencia de los jueces fue un error del país vecino, pues era particularmente obvio que los magistrados de la cij verían ver el caso al tratarse de un tribunal que vela por las soluciones pacíficas de las controversias, lo cual es “un paso importante y significa una victoria en la Corte Internacional, no de Bolivia simplemente, sino del buen sentido y de la aplicación justa del derecho internacional”, según dijo el abogado de la causa boliviana, Antonio Remiro Brotóns, quien aclaró que nuestro país busca que la Corte obligue a Chile a negociar un acuerdo para otorgarle un acceso soberano al mar, pero que no puede obligarle a ceder territorio, aunque se puede imponer los principios de dicha negociación, como el de la buena fe.

Con el rechazo de la mayoría de los magistrados a la excepción preliminar presentada por Chile, este tribunal se declaró competente de conocer el fondo de la demanda marítima boliviana, con lo que pronto se conocerá el plazo para que el Estado chileno presente su contramemoria.

Los jueces de La Haya tienen claro que Bolivia no invoca el Tratado de Paz y Amistad firmado el 20 de octubre de 1904, sino el cumplimiento de compromisos de altas autoridades chilenas durante más de un siglo para solucionar el enclaustramiento marítimo, lo que se ha explicado con las locuciones latinas pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y promissio est servanda (lo prometido obliga). Para que se cumpla lo que se ha comprometido, se espera que el fallo final declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia de buena fe, oportunamente y en un plazo razonable. Si bien la sentencia del proceso en sí demorará varios años, lo que merecerá un soporte jurídico o de voluntad especial será el lograr que Chile no dilate por muchos otros años más la resolución en caso de que la decisión sea favorable a Bolivia. En esto jugará un gran papel la intermediación multilateral que deberá ser apelada mediante trabajo diplomático efectivo.

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