La Gaceta Jurídica

Los fallos ultra petita del TCP

Decisiones e institucionalidad

Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 27 de mayo de 2014

La Ministra de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Sandra Gutiérrez, expresó su rechazo categórico sobre la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) a través del Auto Constitucional 0106/2014-CA de suspender la aplicación de la Ley del Notariado, entre tanto, se sustancie la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado Juan Luis Gantier, afirmando, además, que esa decisión afecta “el derecho de los bolivianos y a los más de 800 notarios del país”, declaraciones que, a efectos de no ser distorsionadas, requieren algunas precisiones puntuales. Justamente, para quienes conocen la acción de la jurisdicción constitucional, se debe precisar que esta competencia nació en Bolivia con la Reforma Constitucional de 1994 y entró en vigencia de modo efectivo en junio de 1999 bajo la dirección de un eximio constitucionalista como fue el doctor Pablo Dermizaky.

Esta instancia, a lo largo de estos años, se ha constituido en un ámbito especializado de alto rigor académico, profesional y conceptual, que no sólo ha replanteado el entendimiento del Derecho en Bolivia (fallos vinculantes, precedente obligatorio, efecto expansivo, tipología de sentencias, etc.).

Por esta razón, esta jurisdicción es conocida también como la “jurisdicción de la libertad”, puesto que el tcp,  por su naturaleza y función, cumple las álgidas tareas de defender la vigencia material de la Constitución, habiendo precisado en reiteradas veces que su finalidad “no es la justicia formal característica de la justicia ordinaria, sino la justicia constitucional; es decir, aquella destinada a materializar los derechos fundamentales de las personas, sin que formalismos innecesarios sirvan de excusa para no analizar las posibles vulneraciones a dichos derechos” ( SC 0585/2006 de 20 de junio).

Bajo el entendimiento expuesto, el tcp tiene muchas facultades, por ejemplo, a) Disponer la suspensión de ciertos actos que podrían ser lesivos a los derechos de las partes; b) Dimensionar el efecto de sus mismas sentencias en el tiempo; c) Exhortar a los otros órganos de poder sobre el respeto y apego a la Constitución y  d) Dictar fallos “ultra petita”.

Este último aspecto, según la Ministra de Justicia, sería “ilegal”, desconociendo que el Tribunal Constitucional de Bolivia en su jurisprudencia ha dicho: “Por principio general, el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitum de la causa, pues el juez está vinculado a la misma.

En esto, deberá conceder o negar el petitorio formulado; sólo excepcionalmente, dada la naturaleza de los derechos protegidos es posible que el juez constitucional pueda conceder una tutela ultra petita, de cara a dar efectividad e inmediatez a la protección del derecho o la garantía vulnerada, cuando advierta que existió error a tiempo de formular el petitorio. Extremo que deberá ser ponderado en cada caso en concreto, al tratarse de una excepción” (AC 37/05, SC 0381/07, 1595/11, 0136/12, 1375/11, etc.).

Por lo expuesto, cabe apuntar que técnicamente hablando, que el TCP no está prohibido de dictar fallos ultra petita (más allá de lo demandado), al contrario, tiene el deber de hacerlo cuando considere que los derechos en disputa y la naturaleza de la acción así lo exijan, extremo que nos muestra lo difícil que es mantener un espíritu democrático de respeto a las decisiones y a la institucionalidad del Estado, celebrando los fallos cuando en conveniencia (reelección presidencial) pero rechazando cuando no son de agrado. He ahí la verdadera carencia de nuestra democracia.

Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional en la UMSS.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia