La Gaceta Jurídica

Más feminicidios

…el problema no sólo es producto de la situación de inseguridad ciudadana, sino que algunas formas de vida actuales ponen a la mujer en una situación cosificada vulnerable a la violencia, además que este sexismo y la utilización de la imagen femenina alimentan las prácticas machistas…

Editorial

00:00 / 19 de agosto de 2014

Nuevamente el país se ha visto impactado por una situación de violencia que terminó con la vida de una mujer; en esta ocasión, el hecho, tipificado como feminicidio, fue objeto de sanción a cargo de un juez, quien dictó la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra el culpable confeso. El suceso ocurrió el viernes en Santa Cruz y fue resuelto jurídicamente el domingo en un juicio abreviado.

Entre los pormenores del ataque a Sophia Calvo, se supo que el individuo, que era trabajador de un parqueo donde la víctima dejaba su vehículo, había intentado abordar a ésta en otras ocasiones hasta que ella dejó su carro en un piso más vacío del lugar referido, lo que quiere decir que hubo un antecedente de acoso, tal vez no explícito, por lo que no sirvió para advertir a la mujer del peligro que corría.

Sea como haya ocurrido este hecho, indiscutiblemente se suma a los otros siete feminicidios que ha recordado el Defensor Regional del Pueblo en Santa Cruz, dato que llama a una mayor preocupación debido a que todos han ocurrido en lo que va de este mes. Es decir que sólo en agosto se tiene ocho feminicidios en esa región del Estado, sin que se incluyan referencias del mismo tipo de delito en otros departamentos.       

En cuanto a la legislación con la que cuenta el país en esta materia, se debe tomar en cuenta lo establecido por la Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en cuyo artículo 2 (objeto y finalidad) se dicta que “la presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien”.

Del mismo modo, el artículo 3 manda que el Estado “asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”, además que “los órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio”, lo mismo que “las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales”.

Sin embargo, con la consideración de estos postulados se comprueba que no se trata de generar y crear muchas leyes que tengan los contenidos de prevención y principios varios, como ocurre en el particular, mientras la sociedad no aprenda a vivir en comunidad y con respeto entre personas.

De este modo es fundamental reconocer que el Defensor del Pueblo de Santa Cruz tiene razón cuando describe que el problema no sólo es producto de la situación de inseguridad ciudadana, sino que algunas formas de vida actuales ponen a la mujer en una situación cosificada vulnerable a la violencia, además que este sexismo y la utilización de la imagen femenina alimentan las prácticas machistas y abuso por razón de sexo y género. Esto variará con una formación integral con equidad entre mujeres y hombres y la aplicación correcta de las leyes en todas sus determinaciones.

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