La Gaceta Jurídica

La filosofía del Derecho de Hegel: cuestiones y objeciones

(Parte final)

Foto: terencerenaud.com

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La Gaceta Jurídica / Arturo Klenner

00:00 / 09 de julio de 2013

Otra expresión hegeliana que induce a error es aquélla que afirma que “el Estado es voluntad divina en cuanto espíritu presente que se despliega en una figura real y en la organización de un mundo” (Hegel 1821: 336, §270/Obs.). Asusta sobremanera que califique el Estado como algo divino y se suele entender que, con ello, le da no sólo un carácter absoluto y superior a cualquier otra realidad, sino que también carta blanca para todo tipo de arbitrariedades.

Por cierto, el Estado hegeliano es divino, pero en el sentido de racional (Ibid: §258, §258/Obs. y §273/Obs.). “La tarea de la consideración filosófica, es (...) concebir lo divino” (Ibid: 364, §279/Obs.). Tampoco basta que Hegel niegue al pueblo la capacidad de saber lo que quiere, pues según él, “saber lo que se quiere y, más aún, saber lo que quiere la voluntad en y para sí, la razón, es el fruto de un conocimiento profundo que no es precisamente asunto del pueblo” (Ibid: 386, §301/Obs.;§316.). Esta  convicción lleva a Hegel a reconocer la capacidad de decidir sobre los asuntos generales sólo a los diputados.

Es difícil imaginarse a Hegel como totalitarista cuando se lee su crítica a Platón, por no haber considerado la subjetividad independiente que ya irrumpía en su época en la eticidad griega; incapacidad que, según Hegel, lo habría llevado a establecer todas aquellas restricciones que caracterizan La República (Ibid: §185/Obs.). El principio de la personalidad independiente es posthelénico y se debe tanto al Cristianismo como al mundo romano. Hegel no lo excluye de su Estado, sino que lo integra en él y le reconoce diversas formas de expresión.

Los límites que el Estado le impone al derecho privado, a la familia y la sociedad burguesa no justifican la acusación de que impida la configuración de la subjetividad libre y su autonomía. En el respeto de Hegel por la personalidad individual y sus derechos se fundamenta también uno de los motivos por los cuales no comparte la visión roussoniana del Estado, en que la voluntad individual queda absolutamente anulada por el Estado (Ilting: 1989).

Si consideramos el tema desde el punto de vista de los derechos y libertades que Hegel considera requisitos del Estado, ya sean éstos del Estado mismo, que el individuo debe reconocer o del individuo, que deben ser reconocidos por el Estado (Cordua 1989), debemos decir que no son pocos.

En el  ámbito del derecho abstracto el individuo tiene plena libertad de apropiación, uso y usufructo de lo que le pertenece (Hegel 1821: §§44-46); libertad de enajenar lo que le pertenece (Ibid: §§65-70); libertad de celebrar contratos a su antojo, sin que le sea determinado externamente el objeto del contrato, con quién o cuándo celebrarlo (Ibid: §§72-79); derecho de ser tratado siempre como persona, incluso cuando ha atentado contra la legalidad; derecho a recibir una pena justa de acuerdo con la legislación vigente, en la que se ejerce una justicia punitiva y no vengativa (Ibid: §§94-103).

En la moralidad se destacan la libre autodeterminación de la voluntad (Ibid: §107); la inviolabilidad de la conciencia moral (Ibid: §108); y el derecho del bienestar o derecho de procurarse la felicidad (Ibid: §121).

En el campo de la eticidad nos encontramos con un sinnúmero de aspectos en que el Estado no interviene ni pretende hacerlo, dejando plena libertad a los individuos o grupos; o aspectos en los que interviene para garantizar las libertades o derechos de los mismos. Los principales de ellos son:

a) La libertad de escoger con quién casarse, pues, aunque el punto de partida subjetivo del matrimonio puede ser la inclinación natural de los futuros cónyuges o la voluntad de los padres, el punto de partida objetivo es siempre “el libre consentimiento de las personas” (Ibid: 239, §162).

Aunque Hegel dice que “el deber ético es ingresar en el estado matrimonial” (Ibid: 239, §162/Obs.), no afirma con ello que el Estado tenga el derecho de obligar a nadie a casarse (Ibid: §162/Obs.). Por el contrario, todo individuo que haya contraído matrimonio tiene el derecho al divorcio, correspondiendo al Estado la labor de cerciorarse de que la crisis de la pareja no puede ser superada de otra forma (Ibid: §176).

b) La libertad de testar (1) reside en el arbitrio del individuo para disponer “de su patrimonio según sus gustos, opiniones y fines individuales” (Ibid: 254, §179; §179/Obs.), destinándolo a un grupo de amigos o conocidos en lugar de la familia. Si bien es cierto que la última decisión de un individuo depende también, para su realización, “de su reconocimiento arbitrario por parte de los demás” (Ibid: 255, §180/Obs.).

c) La libertad de optar por un determinado estamento, comunidad, asociación o corporación y de actuar según las determinaciones propias de éstos (Ibid: §206, §206/Obs., §207, §207/Obs., §251, §254 y §308/Obs.);

d) La libertad de industria y comercio (2), pues cada cual es libre de participar en el mercado ofreciendo los productos de su trabajo y adquiriendo los elementos que le sean necesarios para su subsistencia. El Estado tiene el derecho de intervenir sólo en función de proteger del engaño a los agentes del mercado, pero en ningún caso limitando el principio de la libre oferta y demanda (Ibid: §§235-236/Obs.) (3).

e) El derecho de pretensión y derecho de acción, o derecho de pretensión beligerante, que consiste en el derecho y la libertad para recurrir a los tribunales de justicia y exigir que conozcan de un caso (4). Estos derechos se refieren a aquella obligación del Estado de hacer justicia a los ciudadanos, que se denomina el “poder-deber” del Estado (Ibid: §219/Obs. y §221).

f) El respeto a la libertad de opinión pública, esto es, a que todos expresen y hagan valer sus juicios u opiniones subjetivos sobre lo universal (Ibid: §308/Obs.), aunque en ellos se revele su ignorancia sobre el ser de la universalidad (Ibid: §§316-318).

g) La libertad de comunicación pública, referida, aunque no exclusivamente, a la libertad de prensa (Ibid: §319 y §319/Obs.). A esto se suma el derecho a la información, a fin de que la opinión pública pueda formarse una imagen verdadera del estado de los asuntos públicos.

h) El derecho a la publicidad de la ley (Ibid: §215, §215/Obs. y §224).

i) La libertad de pensamiento y de ciencia que el Estado ha defendido y le corresponde seguir defendiendo contra cualquier autoridad que pretenda arrogarse derechos de decidir o determinar los contenidos del pensamiento y la ciencia (Ibid: §270/Obs.).

j) La libertad religiosa. Es otro aspecto que el Estado deja intacto, salvo cuando surgen algunas religiones que quieren ejercer sobre sus fieles ciertas formas de autoridad que son propias del Estado o cuando enseñan al ciudadano a mantenerse ajeno a los intereses mundanos (5), esto es a adoptar una posición negativa frente al Estado (Ibid: §270/Obs.).

Es más, un Estado más fuerte puede darse el lujo de pasar por alto “hechos singulares que lo afectarían, e incluso soportar en su seno comunidades (lo cual depende por cierto de su número) que, por razones religiosas, no reconozcan los deberes directos que tienen con el Estado, dejando a sus miembros en manos de la sociedad burguesa y de sus leyes y contentándose con un cumplimiento pasivo de los deberes directos, quizás por intermedio de una alteración o cambio de la prestación” (Ibid: 339, §270/Obs.) (6).

Conclusión

No he tratado de dar respuestas definitivas a ninguno de los asuntos planteados. Por ello, me doy por satisfecho si he logrado atizar el fuego de la discusión en torno a algunos aspectos del espíritu objetivo hegeliano.

Particularmente, estaré satisfecho si he logrado minar las bases de uno de los mitos más arraigados sobre Hegel, a saber, que sería un totalitarista.

Creo haber mostrado que el modelo hegeliano de Estado, en sentido amplio, implica la existencia de una serie de derechos y garantías que no tienen que envidiar nada a muchas de las democracias modernas. Es hora de separar la opinión fundada del prejuicio irreverente.

Bibliografía

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Cordua, Carla (1992), Explicación sucinta de la filosofía del derecho de Hegel, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá.

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Notas

1. Hegel lo trata a propósito del tema de la disolución de la familia.

2. Propia de la sociedad burguesa.

3. Cuando se trata de analizar el resultado del moderno método de producción, que tiene como resultado la acumulación de riqueza por parte de unos y la carencia de medios por parte de otros, Hegel afirma que ahí surge una oportunidad para el ejercicio de la caridad privada.

El individuo puede, si quiere, colaborar material o espiritualmente con los desposeídos, pero no está  obligado a hacerlo. Por ello, el Estado no puede confiarse en que la caridad privada acometa la solución del problema, sino que debe enfrentarlo él mismo; pero desde ningún punto de vista puede obligar a la iniciativa privada a ejercer el altruismo (Hegel 1821: §242, §242/Obs. y §207) para desligarse él de los problemas. El individuo tiene, pues, libertad de iniciativa, y el derecho de ser subsidiado por el Estado en todo lo que lo haga mejor ciudadano.

4. También es propio del ámbito de la sociedad burguesa.

5. Hegel refuta la concepción que pone la religión como fundamento inmediato del Estado y del derecho. La religión, con su indiferencia ante los asuntos del mundo, ante la realidad y sus exigencias, no parece ser el mejor medio para mostrar la relevancia de los fines del Estado, porque mientras éste “es el espíritu de este mundo” (Hegel 1821: 335, §270/Obs.), la religión se desvive por el más allá y desdeña la vida presente, sus afanes e instituciones.

La religión pertenece en verdad a una esfera superior y por ello “contiene el lugar que en todo cambio y en la pérdida de las posesiones, intereses y fines reales preserva la conciencia de lo inmutable y de la más alta libertad y satisfacción. Pero, si bien la religión constituye el fundamento que contiene en sí lo ético en general y más precisamente la naturaleza del Estado como voluntad divina, es al mismo tiempo sólo fundamento, y es aquí donde ambas esferas se separan. El Estado es voluntad divina en cuanto espíritu presente que se despliega en una figura real y en la organización de un mundo” (Ibid: 336,  §270/Obs.).

La religión se relaciona con lo absoluto a través del sentimiento, la representación y la fe y todo lo que abarca en su centro existe en ella “como algo que al mismo tiempo debe desaparecer. Si respecto del Estado se preserva en esta forma y se hace de ella lo esencialmente válido y determinante, el Estado, en cuanto organismo que se desarrolla en existencias existentes, en leyes e instituciones, queda abandonado a la inestabilidad, la inseguridad y la desorganización” (Ibid: 337, §270/Obs.).

Así, la religión “proscribe la propiedad privada, el matrimonio, las relaciones y el trabajo de la sociedad burguesa, etcétera, como cosas indignas del amor y de la libertad del sentimiento” (Ibid: 337, §270/Obs.). Sin embargo, esta actitud no se diferencia en nada de la actitud de la subjetividad de la voluntad que funda sus decisiones en la opinión y el capricho.

Si la religión no sólo se integra a la vida del Estado, sino que se somete a ella y reconoce la autonomía de sus leyes e instituciones, corresponde al Estado garantizar esa situación y promover la libertad de cultos y doctrinas. Toda religión, desde el momento en que ocupa, en cuanto institución, un espacio dentro de un territorio e involucra a los ciudadanos, alcanza un grado de integración estatal y queda bajo la vigilancia policial del Estado. Hegel no es un adversario de la religión, digámoslo claramente, pero no acepta las tendencias evasivas que la religión muchas veces desarrolla o en las que simplemente degenera.

6. A diferencia de Rousseau, en ningún momento pretende Hegel servirse de la religión para lograr sumisión respecto del Estado (Hösle 1988). Rousseau distingue tres tipos de religiones, según se consideren en su relación con la sociedad: la del hombre, la religión del sacerdote y la religión cívica o del ciudadano. Esta última se basa en una profesión de fe civil, cuyos artículos son fijados por el soberano no como dogmas religiosos, sino como formulaciones de un sentimiento de sociabilidad, sin el cual no se puede ser buen ciudadano ni súbdito fiel.

“Sin poder forzar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quienquiera que no los admita o acepte; puede expulsarlo, no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar en caso necesario su vida en aras del deber” (Rousseau 1762: 206). Es más, si alguien reconoce los dogmas públicamente, pero actúa como si nos los creyese, se le pena con la muerte. Su crimen es el más grave: mentir ante las leyes (Ilting: 1989).

Es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente cursa 5º año de Derecho en la Universidad Bolivariana.

Tomado de: Polis, revista latinoamericana. polis.revues.org

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