La Gaceta Jurídica

Al fin cumbres judiciales

En todo caso, analicemos algunos detalles sobre la realización de las cumbres en base a lo poco que se ha adelantado. Inicialmente, pensamos que existen temas sobre los que no nos hacemos ilusiones que vayan a encontrar solución. Por ejemplo, la independencia del Órgano Judicial.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 17 de abril de 2016

Hace mucho tiempo y desde muchas idas y venidas, al fin parece concretarse la cumbre o cumbres judiciales. Es bueno puntualizar que no podemos ser demasiado optimistas en cuanto al señalamiento de soluciones concretas. La gravedad de la crisis es tal que a estas alturas los esfuerzos pudieran resultar infructuosos.

En todo caso, analicemos algunos detalles sobre la realización de las cumbres en base a lo poco que se ha adelantado. Inicialmente, pensamos que existen temas sobre los que no nos hacemos ilusiones que vayan a encontrar solución. Por ejemplo, la independencia del Órgano Judicial.

El artículo 12 de la actual Constitu- ción dice que “el Estado se estructura y organiza su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la INDEPENDENCIA, SEPARACIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN DE ESTOS ÓRGANOS”.

No se trata de “inventar” nada, la Constitución consigna lo que es necesario, el problema está en el incumplimiento del texto constitucional. No es de ahora, sino, prácticamente, desde el comienzo de la República que lo relativo a la independencia de los anteriores “poderes”, ahora “órganos del Estado”, ha pasado a formar parte de la letra muerta de la ley.

Es que a uno de esos órganos (el Ejecutivo) no le interesa el cumplimiento de ese precepto ni el respeto a la independencia del Órgano Judicial por razones que salen sobrando. Aunque los personeros de aquel Órgano juren en la Cumbre que de aquí en adelante respetarán la independencia, no va a pasar nada.

Desde luego que existe un factor estrechamente ligado al anterior, el referido a la forma de designación de magistrados y jueces. La injerencia de la política partidista no deja de ser notoria. Lo mismo puede decirse del Ministerio Público.

La creación del Consejo de la Magistratura no ha curado las enfermedades. Por el contrario, en muchos ca- sos las agravó. El Tribunal Constitucio- nal (tc) no debería ser creado como “par- te” de la estructura del Órgano Judicial.

Fue un error grueso establecer la elección popular para ciertos magistrados y, peor aún, esta modalidad acabó incluida en los textos constitucionales como para que no se la pudiese mover fácilmente.

Otro detalle está referido a los casos de corrupción, entendida esta como la efectivización de delitos en el ejercicio de funciones.

Difícil sería afirmar en torno a este caso que tales situaciones no han sido previstas en nuestra normativa. El conflicto es muchísimo más complejo porque nace en una cultura arraigada hace mucho tiempo de que la función pública en general, ni siquiera solo en la judicial, es una fuente de fácil enriquecimiento.

Un panorama con tales dimensiones no encontrará soluciones rápidas ni concretas.

La situación está agravada, pues se descubrió actividades delictivas con decenas de consorcios de jueces y abogados. O sea, ya no se trata de actividades delincuenciales individuales, sino de “organizaciones” cuyo objetivo es obtener ventajas a través de las funciones judiciales.

El panorama anterior, cada vez más preocupante, nos pone en la búsqueda de implementar un esquema destinado a revertir la corrupción. Pero, advertimos que en este caso habría que poner en práctica medidas que, además, requerirán un tiempo relativamente largo para su aplicación y eficacia.

Recuperar valores y volver a la vigencia de normas éticas no es cosa de más o menos leyes, tampoco de improvisar esquemas para salir del paso. Se trata de algo de gran espectro y cuya aplicación tendría que comenzar antes de que los abogados empiecen en la carrera judicial.

Este detalle nos remonta a la enseñanza en las carreras de Derecho. En estas se debe comenzar la aplicación de las primeras medidas destinadas a formar parte en el futuro de una reforma integral en la administración de justicia.

Otro detalle, en el que el propio Órgano Judicial insiste, es el referido a su presupuesto. Mientras los otros órganos del Estado no pongan a la función judicial en el sitial que le corresponde asignándole un presupuesto adecuado, este detalle para un buen funcionamiento acabará donde siempre: en el mero discurso. El Ejecutivo deberá mostrar que está dispuesto a cambiar, modificando una actitud como de quien se limita a repartir dádivas.

*    Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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