La Gaceta Jurídica

La fuente jurisprudencial del derecho al debido proceso civil

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 17 de diciembre de 2013

El derecho al Debido Proceso actualmente está reconocido a nivel constitucional como derecho y garantía a la vez, dado que el art. 115.II de la Constitución Política del Estado vigente (cpe) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso y, asimismo, el art. 117.I de la misma Ley Suprema complementa este mandato en sentido de que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”

Este derecho también está reconocido en las normas internacionales de derechos humanos, como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enmarca como una garantía judicial al igual que el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp).

En cuanto a sus alcances, el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0160/2010-R de 17 de mayo, señaló que el debido proceso “…ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, así como los Convenios y Tratados Internacionales”.

Este entendimiento jurisprudencial ahora ha quedado plasmado en el nuevo Código Procesal Civil, aprobado mediante Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, en cuyo art. 4 establece el derecho al debido proceso en los mismos términos de la citada jurisprudencia constitucional, sin haber agregado nada nuevo ni tampoco señala caracteres específicos para su aplicación plena en el ámbito del proceso civil.

Sin embargo, y en cuanto a la obligatoriedad de su respeto, el Tribunal Constitucional, a través de la SC Nº 0119/2003-R de 28 de enero, ya había sostenido que “…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”

Por otro lado, y en cuanto a las garantías que componen este derecho (en el ámbito penal), el Tribunal Constitucional, a través de la SC Nº 0042/2010-R de 20 de abril, señaló que “de acuerdo a la doctrina en la evolución del debido proceso se identifican, entre otras, garantías específicas tales como: El derecho a ser emplazado y gozar de un tiempo razonable para preparar defensa, el derecho al juez imparcial, derecho a la prueba, derecho a la igualdad, derecho a ser emplazado y gozar de un tiempo razonable para preparar defensa, el derecho al juez imparcial, derecho a la prueba, derecho a la igualdad, derecho a ser asistido de un traductor o intérprete, derecho a un proceso público, el derecho de doble instancia, la garantía de presunción de inocencia, la garantía de prohibición de persecución penal múltiple (non bis in idem), la garantía de no auto incriminación (nemo tenetur) y el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. (…)”.

Actualmente, se debe tener presente también que el debido proceso en el ámbito normativo –y de acuerdo a lo ampliamente expuesto en la SC Nº 2104/2012, de 8 de noviembre de 2012–, se manifiesta en una triple dimensión, pues, por una parte, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la cpe forman parte del bloque de constitucionalidad y se establece como derecho en el art. 115.II de la misma norma.

Al mismo tiempo, a nivel constitucional se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada por el art. 16 de la cpe abrogada, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la cpe vigente. En similar sentido se pronunció la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, que sostuvo que “…el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp), como derecho humano (…)”.

Asimismo, respecto a los elementos que configuran el debido proceso, la SC Nº 1057/2011-R de 1 de julio, señaló: “De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado y los Pactos Internacionales, se puede establecer el siguiente contenido de la garantía del debido proceso:

a) Derecho a la defensa; b) Derecho al juez natural; c) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; d) Derecho a un proceso público; e) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; f) Derecho a recurrir; g) Derecho a la legalidad de la prueba; h) Derecho a la igualdad procesal de las partes; i) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; j) Derecho a la congruencia entre acusación y condena; k) La garantía del non bis in idem; l) Derecho a la valoración razonable de la prueba; ll) Derecho a la comunicación previa de la acusación; m) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, o) Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular”.

Cabe hacer notar que esta lista, en el marco del principio de progresividad de los derechos humanos, no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella deben agregarse otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste, como medio para asegurar la realización del valor justicia; en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado:

“En opinión de esta Corte, para que exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal.

El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional”.

Entonces, es importante no olvidar estos elementos indispensables que conforman el debido proceso como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional, dado que ahora esta gama de derechos señalados por la jurisprudencia constitucional debe manifestarse precisamente en el ámbito de los procesos civiles, debiendo ser de estricta observancia por parte de los operadores de justicia, buscando un mejor resguardo de los derechos inherentes a los justiciables que acuden a los estrados en busca de justicia.

Es abogado diplomado en Derecho Procesal Civil y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia