La Gaceta Jurídica

Se garantizará propiedad privada y seguridad jurídica

Convenio interinstitucional

Los representantes de las instituciones suscriben el documento en la capital oriental.

Los representantes de las instituciones suscriben el documento en la capital oriental. Foto: magistratura.organojudicial.gob.bo

Comunicación Magistratura

00:00 / 24 de abril de 2015

El objetivo del acuerdo es coordinar el desarrollo de acciones conjuntas destinadas a combatir de manera eficaz la práctica del avasallamiento y tráfico de tierras, promoviendo el respeto de los derechos a la propiedad, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica con relación a la tenencia y posesión legal de predios.

El convenio interinstitucional de lucha contra el avasallamiento y tráfico de tierras para garantizar la propiedad privada y el principio de la seguridad jurídica fue firmado en Santa Cruz el 20 de abril por el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, el Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y autoridades del Ministerio Público, del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial.

El trato contiene criterios jurídicos y operativos que serán plasmados en un plan de acción destinado a dar un mensaje muy claro en Santa Cruz.

“Con la firma de este convenio interinstitucional queremos que la población y los propietarios de medios rurales y urbanos se sientan protegidos. No seremos cómplices ni, mucho menos, toleraremos a quienes cometan delitos de avasallamiento de tierras. Todas las instituciones hoy presentes en este importante acto trabajaremos de manera coordinada y conjunta para velar por la seguridad jurídica”, explicó Sanabria.

El documento advierte que el avasallamiento y tráfico de tierras urbanas y rurales constituye un problema que genera inseguridad jurídica, afecta al desarrollo de la producción agropecuaria empresarial, patrimonio familiar, los bienes de patrimonio del Estado y de dominio público (tierras fiscales y áreas protegidas).

Las instituciones que firmaron el convenio interinstitucional de lucha contra el avasallamiento y tráfico de tierras son el Tribunal Supremo de Justicia (tsj), Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Fiscalía General del Estado (fge) y los ministerios de Gobierno, de Transparencia, de Desarrollo Rural y Tierras y de Justicia.

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