La Gaceta Jurídica

Contra el genocidio y la perturbación cultural

Al menos 15 pueblos indígenas en aislamiento voluntario están en peligro de extinción en Bolivia, con los que desaparecerán también las huellas de algunas de las costumbres, lenguas y culturas originarias del continente americano, informó el Ministerio de Justicia, que impulsa hace meses la socialización de un anteproyecto de ley destinado a proteger a culturas originarias.

Los pueblos indígenas aún se encuentran en proceso de reivindicaciones.

Los pueblos indígenas aún se encuentran en proceso de reivindicaciones. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Prensa Latina/Bolpress.com

00:00 / 06 de agosto de 2013

La mayoría de estos grupos está fuera de la “civilización”, por lo que la norma busca salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de esas personas y promover el respeto a su identidad cultural, idioma, organización política, territorialidad ancestral, ritualidad y cosmovisión propia.

“El objetivo del proyecto de ley es establecer los mecanismos sectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios que se encuentran en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados”, explicó el director de Justicia Indígena Originaria Campesina, Nelson Cox.

En entrevista con Onda China, Cox comentó que la norma incluye las figuras de genocidio y perturbación cultural en el Código Penal, con sentencia de seis a 20 años de cárcel para las personas que sometan y dañen a pueblos indígenas en peligro de extinción o en aislamiento voluntario o que interfieran o contaminen su territorio.

Entre los pueblos indígenas en riesgo se encuentran los Yuki, Yaminahua, Machineri, Uru y algunos con pocos miembros como Araona, Moré, Tapieté, Chimán, Sirionó, Baure, Guarasugwe y Cavineño.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en una situación más complicada se encuentran los grupos en situación de aislamiento voluntario como los Ayoreo, Pacahuara y Esse Ejja y otros no contactados como Toromona, una parte de los Ayoreo y del pueblo Yuki.

Normativa actual

La Constitución Política del Estado (cpe) establece en el artículo 31 la delimitación y consolidación del territorio que ocupan y habitan los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y no contactados y los pueblos en peligro de extinción.

El 4 julio de 2012 el presidente Evo Morales promulgó el Decreto 12864 que dispone el inicio de un estudio del hábitat y zonas de tránsito de grupos ayoreos en aislamiento voluntario y no contactados.

Temas y preocupación

Según el informe “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo” (A/HRC/21/47) del 6 de julio de 2012, presentado por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, la extracción y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o en inmediaciones se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los indígenas en el mundo y, posiblemente, también en la fuente más generalizada de obstáculos al pleno ejercicio de sus derechos.

El relator se refiere específicamente a proyectos de extracción y explotación de recursos naturales (minería e hidrocarburos) en territorios de pueblos indígenas y proyectos hidroeléctricos; además, actividades en lugares sagrados o zonas de importancia cultural de pueblos indígenas, la expulsión de sus tierras y territorios tradicionales y la elaboración de leyes y políticas que podrían tener consecuencias adversas para la vida de estos pueblos.

Sobre el caso de la carretera por medio del Tipnis, Anaya citó el informe E/CN.4/2003/90 del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, cuyo tema central son las consecuencias de los proyectos de desarrollo a gran escala o grandes proyectos de desarrollo en derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas.

Conceptos

Por “gran proyecto de desarrollo” se entiende un proceso de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional para la creación o mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad de la misma.

También es la explotación en gran escala de los recursos naturales, incluidos los del subsuelo, y la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, complejos turísticos, instalaciones portuarias, bases militares y empresas similares. Cuando estas actividades tienen lugar en zonas ocupadas por pueblos indígenas es posible que sus comunidades sufran profundos cambios sociales y económicos, que a menudo las autoridades competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever. Los proyectos de desarrollo a gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas.

Se dice que los pueblos indígenas soportan de manera desproporcionada los costes impuestos por las industrias extractivas y consumidoras de recursos, las grandes presas y otros proyectos de infraestructura, la tala y las plantaciones, la prospección biológica, pesca y agricultura industrial y también el ecoturismo y proyectos de conservación impuestos.

Las principales repercusiones de estos proyectos en los derechos humanos de los indígenas se relacionan con la pérdida de la tierra y los territorios tradicionales, el desalojo, migración y reasentamiento, el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural, la destrucción y contaminación del medio ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los efectos negativos a largo plazo en la salud y la nutrición así como, en algunos casos, el hostigamiento y la violencia.

Casos emblemáticos

En América, varias culturas originarias están a punto de desaparecer, por ejemplo, en México existen sólo 12 personas mayores de edad hablantes del idioma Náhuatl, en la comunidad Concepción Putla de Guerrero. Se trata de pastores que perdieron su idioma al convivir con mestizos y migrantes.

Por otro lado, se estima que en Brasil casi 18 mil indígenas de cuatro etnias en la región norte del estado de Roraima son perseguidos por seis familias de arroceros que se apoderaron ilegalmente de parte de sus tierras y se niegan a salir de allí. Mientras tanto, el hábitat de los indígenas es destruido por los intereses empresariales.

En Colombia se censó a 87 pueblos indígenas, de los cuales 18 están en peligro de extinguirse. De acuerdo con las cifras oficiales, entre 2004 y 2008 se desplazaron 48.318 personas pertenecientes a pueblos indígenas, alrededor del 70 por ciento del desplazamiento indígena registrado.

En este país, los indígenas huyen por confrontaciones armadas, amenazas y masacres, minas antipersonales y reclutamiento forzado de menores y jóvenes.

En Perú se aprobó nuevas concesiones en la Amazonía que se superponen a una de las áreas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario que escaparon hace un siglo del genocidio de la fiebre cauchera, aislándose en las zonas amazónicas más remotas. Estos pueblos son extremadamente vulnerables porque no tienen resistencia o inmunidad a enfermedades occidentales tan comunes como la gripe, varicela, sarampión y varias afecciones del sistema respiratorio.

En las últimas semanas, la dirigenta de la Comarca Ngobe Buglé, Silvia Carrera, se reunió con el relator Anaya en Panamá y denunció la venta ilegal de tierras comarcales y la muerte de indígenas en una represión policial. En una entrevista telefónica con Prensa Latina, la líder indígena dijo que las violaciones de los gobiernos a los pueblos originarios son constantes, pero el actual es el peor de todos.

Acusaciones

Carrera acusó al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de querer imponer los proyectos mineros e hídricos y la venta ilegal de tierras de la comarca a empresas extranjeras, en especial la hidroeléctrica de Barro Blanco sobre el río Tabasará. La cacica entregó a Anaya documentos de las zonas afectadas en la comarca Ngobe Buglé por las anegaciones con el fin de que el relator los añada a su informe y lo presente en Naciones Unidas.

También entregaron al relator los documentos sobre los muertos indígenas asesinados en las manifestaciones en Chiriquí y Bocas del Toro para que los presente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, él aseguró que lo haría. Carrera dijo que los pasos siguientes están relacionados con las visitas que a partir de esta reunión el relator de onu va a hacer a las comunidades afectadas directamente.

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