La Gaceta Jurídica

Las bases ideológicas del nuevo Código Procesal Civil

El Señor Justicia

Carlos Conde Calle

00:00 / 10 de abril de 2015

El nuevo Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en agosto de este año, motiva el análisis reflexivo y tiene vetas múltiples, así, hoy queremos referimos al campo ideológico.

No es exageración cuando sostenemos que el sistema político no es de corte liberal; por el contrario, adscribe al SOCIALISMO COMUNITARIO, como sostiene el principal ideólogo del actual gobierno, Álvaro García Linera en el libro SOCIALISMO COMUNITARIO, publicado por la Editorial que depende de la Vicepresidencia.

El actual sistema político se dice antineoliberal, sin embargo, el nuevo Código Procesal tiene como fuente de inspiración el Anteproyecto de Código Procesal Civil de 1997, elaborado por el ministro René Blattmann cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente. ¿Qué pasó?

Es posible que en el actual gobierno existan indianistas e indigenistas, pero también vertientes de la izquierda tradicional, ahí están el Partido Comu- nista de Bolivia (pcb) Moscovita y el pcb Maoista y otras variables de la izquierda marxista. Desde la perspectiva del autor de esta columna, uno de los intelectuales orgánicos, en el lenguaje gramsciano, es Álvaro García Linera.

En el libro que citamos, página 19, sostiene que “la tarea común que hoy tenemos las izquierdas, los revolucionarios, los socialistas, los comunistas, los libertarios, los indigenistas es salir del NEOLIBERALISMO, que no solo expropia el plus valor social para depositarlo en pocas manos, la llamada acumulación por desposesión”.

Más adelante agrega “que recupera y espera LOS DERECHOS SOCIALES mediante la ampliación de los bienes comunes, estatales y sociales...” (sic). Entonces, sería impensable para García Linera que los dispositivos legales tengan inspiración liberal, “debemos salir del liberalismo”, sostiene.

En el anterior artículo habíamos escrito que el Código Procesal Civil es de cuño liberal. Nuestro Vicepresiden-te, en la página 31 del libro, sostiene que “la dominación estatal es la correlación de fuerzas sociales que instala la vida cotidiana y en el mundo simbólico de las personas (...). Por una apropiación de la comunidad de los bienes comunes que da lugar a los bienes del Estado, a saber a los tributos comunes (...) la educación escolar y universitaria, LOS DERECHOS DE LOS CUIDADANOS (es decir la universalización de los derechos jurídicos)”.

Por supuesto que en lo último subyacen los aportes teóricos de Pierre Bourdieu, que no cita García Linera. Lo que quiere decir es que el DERECHO, como parte de la dominación (simbólica), debe expresar una relación de fuerzas favorable al campo popular, es decir a los movimientos sociales; el derecho es visto como campo de lucha y, por tanto, el movimiento indígena debe “ocupar” esos espacios, construyendo su propio derecho.

El autor afirma que “la propiedad y gestión comunitaria no puede ser implementada por el Estado, lo comunitario en la antítesis de todo Estado. Lo que un Estado revolucionario, socialista, puede hacer es ayudar a que lo comunitario que brota de la acción propia de la sociedad se expanda, se pueda superar los obstáculos de la acción propia de la sociedad se expanda, se pueda superar los obstáculos más rápidamente” (sic), de donde se deduce que el DERECHO, y todo el ordenamiento jurídico, deben servir para revertir la dominación.

La pregunta es si ¿el nuevo sistema jurídico ayuda en esa dirección? Los proyectistas del conjunto del ordenamiento jurídico deberían responder, de manera particular, afirmando que el Código Procesal Civil responde a la nueva realidad societal y política.

Todo lo hasta aquí escrito nos induce a la tesis, verificable, de que el Código Procesal Civil tomó como fuente de inspiración el Anteproyecto de Código Procesal Civil de 1997. Aunque, en realidad, este fue producido por los uruguayos Enrique Véscovi y Adolfo Gelsi Bidart en 1977, que luego se llamó CÓDIGO MODELO PARA IBERO- AMÉRICA. Los neoliberales Blattmann y Bernardo Wayar citan la fuente.

Esto es lo que reclama uno de los proyectistas del anteproyecto, Mario Cor- dero Miranda, y que los proyectistas del Código Procesal no responden hasta el presente. Aquí caben muchas preguntas: ¿los proyectistas del nuevo Código Pro- cesal Civil son liberales o socialistas?, El doctor Héctor Arce, como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ¿fue engañado por los proyectistas?, ¿los proyectistas no informaron al Parlamento que se inspiraron en el anteproyecto de Blattmann?, ¿los parlamentarios leyeron el proyecto de Goni y el producto “original” de los proyectistas del Código Procesal Civil?

¿Nuestro Vicepresidente leería los dos proyectos?, ¿Habrá comprobado que el nuevo Código Procesal Civil era “original”, fundamentalmente, si respondía al nuevo sistema político y, por tanto, era antineoliberal?, ¿el actual gobierno es liberal y, por tanto, no habría ningún problema?, ¿qué pasó?

Sería prudente que los abogados Bernardo Wayar y Mario Cordero Mi- randa digan su palabra y, al mismo tiempo, los proyectistas del Código Procesal digan de dónde sacaron el Código?, ¿cómo crearon un proyecto original? En fin, pueden hacerse más interrogantes.

Desde una visión práctica, tenemos el informe de gestión 94-97 que presentó el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. En él existen dispositivos y proyectos como el Antepro- yecto de Código Procesal Civil. El artículo primero de éste regula los principios que rigen el Código Procesal Civil y que, en alguna medida, es reproducido en el nuevo Código Procesal Civil.

El artículo 26 de ese anteproyecto afirma que “las cuestiones de competencias que se suscitaren entre dos juzgados o tribunales de igual o desigual competencia para determinar a cuál corresponde el conocimiento del litigio, podrán promoverse de oficio o/a instancia de parte, por inhibitoria por declinatoria, antes de haberse constituido en la competencia contra la cual se reclama”.

El Código Procesal Civil vigente dice, artículo 17, “los conflictos de competencia que se suscitaron entre dos o más juzgados o tribunales para determinar cual corresponde al conocimiento de la causa, podrá promoverse de oficio o a instancia de parte por inhibitoria o por declinatoria antes de haberse consentido la competencia reclamada” (sic).

Otro ejemplo que puede mostrar sus parecidos está en el artículo 586 del anteproyecto y sostiene que “las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en la república efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria con arreglo a lo que establezcan los tratados y convenios existentes y las disposiciones del presente capítulo”.

Y el nuevo Código, en su artículo 502, dice: “Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria con arreglo a lo que establecen los tratados o convenios existentes y las disposiciones del presente capítulo” (sic).

Se podrá citar más dispositivos y tal vez resultamos copiando todo. Ya Cordero Miranda, en el libro colectivo El nuevo proceso civil, publicado por Editorial Kipus, sostiene que un par de artículos fueron copiados literalmente. La instalación de los procesos monitorios, que los “proyectistas” presentan como “original”, ya se encuentra en el anteproyecto de Blattmann de 1997.

Finalmente, debemos citar –pero no podemos desarrollar totalmente– un par de subtemas: la plurinacionalidad de nuestro Estado y la interculturalidad. Será bueno que los proyectistas expliquen qué entienden por am- bos conceptos.

Nosotros pediríamos que nos expliquen el significado de DESCOLO- NIZACIÓN. Preguntas directas: ¿El nuevo Código Procesal Civil es descolonizador?, ¿el actual gobierno puede reclamarse socialista con normas jurídicas liberales? Seguiremos con el tema.

Es experto en Derecho Privado.

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