La Gaceta Jurídica

¿Qué implica una política en justicia?

No cabe duda que las iniciativas exitosas de reforma judicial en América Latina –con impacto positivo en la justicia y su conducción– han pasado por un proceso participativo, plural, inclusivo, progresivo, con una acción integral del Estado bien articulada y en busca de un objetivo común.

Es preciso promover que la reforma de la justicia tenga compromisos concretos y liderazgos.

Es preciso promover que la reforma de la justicia tenga compromisos concretos y liderazgos. Foto: maximilianoglomba.files.wordpress.com

Eddie Cóndor Chuquiruna

00:00 / 04 de octubre de 2015

En Bolivia, ese objetivo común está –en gran medida– determinado por la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009. Esto es, lograr una única justicia integral con órganos paritarios que brindan un servicio público de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

En ese sentido, hemos venido planteando analizar y realizar prospectiva respecto a la justicia y la implementación de aquel mandato constitucional desde un enfoque de política pública; término que alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas por las instancias gubernamentales en sus distintos niveles, la sociedad civil y las entidades privadas, a fin de resolver el problema de la crisis judicial, que tiene como una de sus principales causas la falta de una genuina reforma judicial en sus últimas décadas de vida independiente.

Entonces, tener una reforma judicial desde el enfoque de política pública implica construir una política de Estado en justicia, un proceso de corto, mediano y largo plazo en el que un análisis permanente de las interacciones entre actores públicos y privados, un análisis en términos de problemas públicos y un análisis comparativo con otros servicios nos lleven a establecer estructuralmente las fases de toma de decisiones y a la definición de procedimientos para atender las diferentes expresiones de la crisis judicial.

Las fases visibles

“Agendación” es la primera fase y, en la medida que la crisis judicial está incorporada en la agenda nacional como un “problema público”, corresponde promover que la decisión gubernamental de reformar la justicia se traduzca en compromisos concretos y liderazgos visibles, lo que ayudaría al inicio del proceso esperado.

“Programación” es la segunda fase que implica la ponderación de las bases jurídicas dictadas y los objetivos definidos, los instrumentos de intervención y las modalidades operativas de la acción estatal.

Este es un momento en el que también la sociedad civil puede aportar y, en ese sentido, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos tiene un papel importante que cumplir desde una perspectiva de monitoreo o acompañamiento ciudadano al proceso y, ¿por qué no?, de apoyo crítico.

“Implementación” es la tercera fase y permite evaluar el conjunto de procesos que, tras la programación, buscan la realización concreta de los objetivos planteados en base a las competencias, proce- dimientos y recursos programados.

Este último elemento (en su variable económica) es crucial para avanzar en el proceso, en la medida que sin recursos sería inviable la consolidación de cualquier política pública.

“Evaluación” es la cuarta fase y en ella se valora los resultados y efectos de la intervención pública. Alcanza, inclusive, cambios de conducta de los grupos-objetivo o del grado de resolución del problema social identificado.

Apreciamos entonces que, en cada una de estas fases, resultan clave los actores intervinientes, los recursos asignados, las reglas institucionales que regulan sus actos, así como el contenido del problema a solucionar.

De ese modo, cada medida o producto que se genere en el curso de una política pública expresará intereses, posiciones, obstáculos y oportunidades, todos “negociables” si la acción del Estado es integral, que implica una agendación y evaluación política, pero una programación e implementación eminentemente técnica.

Queda entonces, a la luz de estos elementos, revisar el proceso de cambios judiciales que tenemos en Bolivia y re- orientarlo hacia una política pública en justicia, una que trascienda gobiernos y que se construya con el aporte de todos y todas.

Es director ejecutivo de Fundación Buen Gobierno, con sede en Sucre, Bolivia.

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