La Gaceta Jurídica

La importancia y alcances de la defensa de un abogado

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 25 de mayo de 2016

Una vez más, y casi como siempre, ha causado polémica y repercusión la opinión emitida por el presidente Morales (a través de su cuenta de Twitter) respecto a la labor que cumplen los abogados en el país, habiendo afirmado que estos profesionales deben juzgar a los delincuentes y no ser sus defensores.

“La abogacía sirve para juzgar delincuentes y sus delitos, no para ser su defensoría”, dijo textualmente.

Las palabras del Jefe de Estado fueron emitidas después de varios pronunciamientos de las instituciones, a nivel departamental y nacional, que agrupan a los abogados del país y que reclaman por la aprehensión del abogado Eduardo León, patrocinante de la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata; lo que ha provocado una marcha de protesta por parte de los profesionales juristas bolivianos, exigiendo garantías para el ejercicio libre de la profesión y respeto a su condición de defensores.

Por otro lado, es evidente que las afirmaciones del presidente denotan un total desconocimiento de los derechos (a la defensa, al debido proceso) y garantías judiciales que la Constitución (que él mismo juró hacer cumplir) establece en su texto.

Por supuesto que no puede exigírsele que conozca la naturaleza y alcances de estos derechos, empero, mínimamente debería reparar en que los profesionales abogados, más aún aquellos que se dedican al litigio estratégico en el ejercicio libre de su profesión, únicamente pueden realizarse como profesionales cumpliendo la misión de defender a las personas involucradas en procesos judiciales o administrativos, sin que necesariamente deban discriminar si son culpables o inocentes (en especial si se considera que existe la prohibición de declarar contra uno mismo).

Esa labor de determinación de responsabilidad le corresponde únicamente a la autoridad judicial y no es una función del abogado juzgar a una persona para decidir si debe o no asumir la defensa de una causa (sea justa o injusta). Esto tiene que ver con los principios y valores que los(as) abogados(as) tienen como personas, quienes, seguramente, sabrán conducirse conforme a sus propios criterios.

En todo caso, es importante conocer y comprender la naturaleza y alcances del derecho a la defensa y al debido proceso, expresamente consagrados en el texto constitucional, y que corresponden a todas las personas sin discriminación, porque, además, se encuentran estrechamente interrelacionados.

Por ejemplo, una de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurina- cional (Sentencia Constitucional Pluri- nacional Nº 0224/2012 del 24 de mayo de 2012) se refiere al derecho-garantía de no declarar contra uno mismo:

Prohibición de autoincriminación, se ha establecido que el artículo 121 de la Ley Fundamental manda que: “En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o los afines hasta el segundo grado. El derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”.

Por su parte, e inserto en el bloque de constitucionalidad de Bolivia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 sostiene que: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”.

Asimismo, la Convención America- na sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2 declara: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable...”

Esto guarda relación con el artículo 8.3 que expresa: “La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. En concordancia con lo anterior, el artículo 114.II de la Constitución Política del Estado (cpe) establece: “Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho”.

Este derecho-garantía jurisdiccional está relacionado con la condición jurídica del imputado en el proceso penal desde una perspectiva histórica, pues, en el modelo inquisitivo –propio de todo régimen autoritario– el imputado era considerado “objeto” del proceso, lo que negaba su calidad de persona y lo convertía en objeto de persecución, motivo por el que debía extraérsele la “verdad” a cualquier costo; consiguientemente, obtener su confesión, valiéndose para ello de las más refinadas torturas y coacciones, negándole también su derecho a la defensa.

En contrapartida, una concepción constitucional y democrática del proceso penal concibe al imputado como una persona con derechos y deberes, estableciéndose su condición jurídica de sujeto procesal, razón por la que el imputado debe ser capaz de ejercer, adecuadamente, su derecho a la defensa, constituyéndose su declaración en un medio de defensa y no para obtener información de una fuente que es el propio imputado.

El derecho a declarar es la prerrogativa que posee el imputado de introducir al proceso la información que considere adecuada, si se parte de la premisa que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, por lo que el imputado no está obligado a brindar información sobre lo que conoce, pues, como bien señala Binder: “(...) el imputado no tiene el deber de declarar la verdad” (Binder, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal; pág. 181).

En ese entendido, el imputado es quien determina qué información desea introducir en el proceso y puede declarar cuantas veces lo considere necesario, salvo que sea manifiestamente reiterativo o dilatorio. Cosa muy distinta es que el imputado, libre y voluntariamente, quiera confesar; sin embargo, esta facultad es personalísima y no puede ser inducida por el Estado mediante argucias o diversas formas de coacción.

De lo anotado se extrae la siguientes subreglas:

a) El término “declaración” debe ser entendido como el ingreso de información a través de una manifestación oral o escrita del imputado.

b) El imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar; su negativa o silencio no le generan perjuicio, razón por la que no pueden ser utilizados como fundamento de una resolución administrativa, fiscal o judicial en su contra (artículos 6 y 92 del Código de Procedimiento Penal (cpp)).

c) El imputado tiene libertad de decisión sobre su declaración, que no puede ser coartada por ninguna forma de coacción física o psíquica, como tortura, amenaza, juramento, cansancio, pérdida de serenidad, preguntas capciosas, sugestivas o tendientes a obtener alguna confesión, respuestas inducidas, promesa ilegítima de alguna ventaja (artículos 114 cpe y 93 cpp).

d) La voluntariedad de la declaración del imputado no puede ser eliminada o menoscabada por medios que la excluyan (psicofármacos o “sueros de la verdad”) o instrumentos que registran reacciones inconscientes o reflejos condicionados (polígrafos y similares).

Por tanto, y en virtud de todo lo explicado, compréndase bien la magnitud y alcances de la labor que cumple un(a) abogado(a), antes de pretender juzgar su labor y su trabajo profesional en busca de justicia.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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