La Gaceta Jurídica

La importancia del resguardo y protección de los derechos del niño(a) boliviano(a)

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 30 de julio de 2013

Una de los mejores noticias que nos deja este mes de julio es sin duda que Bolivia se ha convertido en el primer país de Latinoamérica (y el cuarto en todo el mundo) que ratificó mediante Ley del Estado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que básicamente habilita a los(las) niños(as) a presentar quejas y denuncias por vulneración de sus derechos humanos, ante la Organización de las Naciones Unidas (onu) con sede en Ginebra.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo en diciembre de 2011 y el Comité de Derechos Humanos de la organización lo aceptó en junio de 2012. Esto tiene enorme significación si se considera que se trata de un instrumento jurídico que permitirá a los menores de 18 años presentar quejas y denuncias en contra del Estado, de manera directa o mediante sus tutores, padres o representantes, cuando se agoten todas las instancias nacionales judiciales y vean vulnerados sus derechos por retardación de justicia o ineficiencia y, en definitiva, por no encontrar respuestas efectivas por parte del Estado Plurinacional.

Es importante señalar que las denuncias a ser presentadas deberán estar enmarcadas necesariamente en problemáticas relacionadas con la violación a los derechos fundamentales de la niñez y que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se pueden clasificar en tres grupos: supervivencia y desarrollo, participación y protección.

Ciertamente, el Protocolo aún no entró en vigencia porque para ello se necesita que al menos 10 países lo ratifiquen. Hasta la fecha seis ya lo hicieron y el Estado Plurinacional de Bolivia se ha constituido en el cuarto a nivel internacional, después de Tailandia, Gabón, Alemania y España, y el primero en Latinoamérica, lo que indudablemente muestra la importancia que se le está brindando a la necesidad de garantizar y efectivizar de mejor manera la protección de los derechos de los menores, como grupo vulnerable cuyas necesidades requieren atención inmediata; por lo que, la adhesión al Protocolo, indudablemente, es una medida que beneficiará a los niños, niñas y adolescentes del país.

En este sentido, se debe rescatar que el Protocolo reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la condición del niño(a) como sujeto de derechos y ser humano con dignidad y con capacidades en evolución, a cuyo efecto reconoce que la situación especial y de dependencia de los niños les puede dificultar seriamente el ejercicio de recursos para reparar la violación de sus derechos y, en consecuencia, este instrumento pretende reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos.

A este efecto, y una vez cumplido el procedimiento de ratificación del Protocolo por la cantidad mínima de países requeridos para su entrada en vigencia, el Comité de los Derechos del Niño será la instancia encargada de recibir las denuncias, comunicaciones o peticiones individuales y podrá iniciar una investigación, previa coordinación con el Estado involucrado en el caso respectivo. Para el ejercicio de las funciones conferidas por el Protocolo, el Comité deberá guiarse por el principio del interés superior del niño, teniendo en cuenta también los derechos y las opiniones del niño y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño.

De acuerdo al Protocolo, las comunicaciones podrán ser presentadas por, o en nombre de, personas o grupos de personas sujetas a la jurisdicción de un Estado parte, que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en cualquiera de los siguientes instrumentos en que ese Estado sea parte:

a) La Convención de los Derechos del Niño; b) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; c) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Cuando se presente una comunicación en nombre de una persona o un grupo de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.

El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:

a) Sea anónima;

b) No se presente por escrito;

c) Constituya un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la Convención y/o de sus Protocolos facultativos;

d) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o que haya sido o esté siendo examinada en virtud de otro procedimiento de investigación o arreglo internacional;

e) Se presente sin que se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o que sea improbable que con ellos se logre una reparación efectiva;

f) Sea manifiestamente infundada o no esté suficientemente fundamentada;

g) Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo para el Estado parte de que se trate, salvo que esos hechos hayan continuado produciéndose después de esa fecha;

h) No se haya presentado en el plazo de un año tras el agotamiento de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.

Es importante hacer notar que la competencia del Comité sólo se extenderá a las violaciones por los Estados parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención y/o en sus dos primeros Protocolos facultativos que ocurran con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Protocolo.

Asimismo, si un Estado pasa a ser parte en el Protocolo después de su entrada en vigor, sus obligaciones con respecto al Comité sólo se extenderán a las violaciones de los derechos enunciados en la Convención y/o en sus dos primeros protocolos facultativos que ocurran con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Protocolo en cuestión para ese Estado.

Como se puede ver, el Protocolo incluye disposiciones claras y expresas para su aplicación y vigencia en los Estados parte, a cuyo efecto está abierto a la firma y ratificación de todos los Estados que hayan firmado o ratificado la Convención o alguno de sus dos primeros protocolos facultativos o se hayan adherido a aquella o a alguno de estos. Se trata de un instrumento internacional complementario e indispensable para efectivizar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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