La Gaceta Jurídica

La importancia y significado de la Cumbre Judicial

En tal virtud, considero que de la anunciada Cumbre Judicial  debe emanar una verdadera solución estructural al sistema de justicia, los resultados y conclusiones de la cumbre deben plasmarse en soluciones concretas y estructurales que desemboquen en varias medidas de carácter legislativo y administrativo.

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La Razón (Edición Impresa) / Ernesto Zanca Valencia*

00:00 / 31 de enero de 2016

Parte I

Panorama general del sistema de administración de justicia

Es un hecho incontrastable que el sistema judicial vigente está a punto de colapsar por los innumerables vicios y defectos con los que se ha visto afectado en los últimos tiempos y, habiéndose identificado los grandes males que afectan al sistema judicial: corrupción y retardación, es un imperativo categórico pensar en aplicar medidas trascendentales y estructurales en vez de seguir con medidas coyunturales y paliativos que no solucionan nada, mientras cada día empeoran y se agravan los males de la justicia.

En efecto, ante la crisis y el caos del sistema judicial, los personeros del actual gobierno vienen anunciando la realización de una Cumbre Judicial –aún sin fecha ni lugar de realización– de donde, supuestamente, deben salir  soluciones integrales y duraderas para el ámbito de la administración de justicia, ahora denominado Órgano Judicial.

Ahora bien, en primer lugar se observa incoherencias e incongruencias de los actores políticos, se nota total confusión y extravío en el tiempo y en el espacio en materia de justicia. La anunciada cumbre, por su trascendencia política, social y jurídica para el país, abriga muchas esperanzas, en particular para los usuarios de los servicios judiciales, quienes son los que sufren directamente las consecuencias y falencias de un sistema judicial ineficiente y corrupto, donde la retardación y la corrupción son moneda corriente y problema cotidiano en los estrados judiciales.

En tal virtud, considero que de la anunciada Cumbre Judicial  debe emanar una verdadera solución estructural al sistema de justicia, los resultados y conclusiones de la cumbre deben plasmarse en soluciones concretas y estructurales que desemboquen en varias medidas de carácter legislativo y administrativo.

Es de vital importancia la redacción de una nueva Ley de Organización Judicial y sentar las bases para las futuras  reformas constitucionales relacionadas con el ámbito de la administración de justicia, principalmente establecer con precisión las causales para la destitución inmediata de los jueces, magistrados y de otros funcionarios que incurran en retardación y actos de corrupción.

Esto tendrá la finalidad de evitar coartadas, chicanería y triquiñuelas cuando estas personas son sometidas a procesos judiciales o disciplinarios, pues vuelven a sus cargos como si nada vía Amparo Constitucional. Por eso no debe haber lugar para coartadas ni chicanería que burlan la acción de la justicia.

Por otro lado, es necesario modificar el sistema de elección  por voto popular de los magistrados de los altos tribunales, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Concejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, método que ha sido un verdadero fiasco, por lo que la futura reforma constitucional debe establecer otra modalidad de nombramiento.

No olvidemos que la llamada elección de magistrados por voto popular solo se limita a la forma de nombramiento de los órganos de los altos tribunales nada más (cabeza) y no comprende en absoluto una solución integral y estructural de todo el sistema judicial en su conjunto, que se ha mantenido incólume en su estructura arcaica y colonial con sus taras y defectos.

Además, el mayor contacto entre los litigantes y los administradores de justicia se da en el nivel de los juzgados y salas de los tribunales departamentales y no con los funcionarios elegidos por voto popular.

Es oportuno mencionar que la crisis del sistema de justicia, al margen de los factores anotados, se debe principalmente a la injerencia política, en especial del Órgano Ejecutivo sobre el Judicial y sobre el Ministerio Público. No obstante que, con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado (cpe) el 7 de febrero de 2009, se tenía la expectativa de que las cosas iban a cambiar para bien del país, pero no sucedió nada de esto y se ahondaron los males y los hechos negativos en la administración de justicia.

Como efecto de esta injerencia política se ha producido un verdadero caos en la estructura del sistema judicial, hoy es una realidad que un juez instructor salte directo a vocal y luego a presidente del tribunal departamental. Antes, como dicen los voceros del gobierno, con los malditos neoliberales por lo menos había cierta institucionalidad y respeto a la carrera judicial.

Asimismo, con la tan decantada elección judicial ha llegado a ser magistrado del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura gente que en sus méritos apenas había sido mensajera de un juzgado (oficial de diligencias, notificador) y otros ni siquiera eso. Estos señores, ¿por lo menos tendrán idea qué está mal y qué está bien en el sistema judicial? De ahí las aberraciones y el caos en el órgano judicial que nos llevan a un descalabro de mayores alcances y repercusiones.

Por otro lado, los estudios y diagnósticos existentes sobre el tema y efectuados principalmente por la Cooperación Internacional nos muestran un panorama preocupante en los aspectos referidos a la cantidad de procesos que se tramita en los juzgados del territorio nacional, distribuidos por materias, tiempo promedio de duración de cada proceso, tiempo para la emisión de las resoluciones, sentencias de primera y segunda instancia, además de los casos con recurso de casación en el Tribunal Supremo de Justicia y otros trámites colaterales que pueden presentarse durante los juicios.

También están el costo probable de los mismos, tanto en dinero como en tiempo, cuyos resultados dejan mucho que desear, por eso la retardación es la que más resalta, luego están la corrupción, cobros y exacciones ilegales e indebidos, la suspensión de audiencias con o sin motivo, etc.

Es una verdadera catástrofe, pero es la realidad de los tribunales de justicia en el país. Por otro lado, los entendidos en la materia y directamente involucrados con el tema de administración de justicia (jueces, fiscales, abogados, litigantes y toda la gama de funcionarios que comprende el funcionamiento de los tribunales), en seminarios, conferencias y artículos periodísticos, hemos tenido la oportunidad de escuchar y conocer los planteamientos orientados a salir de la crisis de la justicia en Bolivia.

Así, en la primera quincena de septiembre de 2014 el periódico mensual Nueva Crónica publicó el artículo “La justicia se nos muere”, en alusión a la situación calamitosa que atraviesa la justicia, en una de las peores crisis desde la fundación de la república. La frase me recordó la expresión del expresidente Víctor Paz Estensoro en 1985 para justificar la aplicación del Decreto Supremo Nº 21060: “Bolivia se nos muere”, pues el país había llegado a una situación de descalabro y catástrofe económica y social con 24.000 por ciento de inflación como nunca visto a lo largo de la historia nacional.

En dicho artículo el autor planteó cifras escalofriantes sobre la retardación de justicia, emitió expresiones tan severas y crueles como que la justicia estaría “patas arriba”, que el Estado Plurinacional es incapaz de proveer un servicio básico eficiente de justicia a la sociedad, además de otras, incluso, mal intencionadas, seguramente con el afán de desacreditar más la situación del sistema de justicia.

Asimismo, como una forma de buscar soluciones al problema planteó la conformación de una comisión para la reforma judicial encabezada por el Defensor del Pueblo, para efectos de que esta instancia pueda formular un Plan de Regeneración e Institucional de la Justicia (sic).

Si bien la idea es interesante, pienso que se repetirá lo que fueron en el pasado este tipo de comisiones y puede que sus resultados y conclusiones tengan real incidencia en el tema, o que no. Sin embargo, el Estado Plurinacional tiene una instancia competente para atender el tema de los servicios judiciales y plantear soluciones o alternativas de solución, el Ministerio de Justicia.

Ésta es la cabeza del sector justicia dentro el Órgano Ejecutivo, lo que falta en este momento es la voluntad política, iniciativa y emprendimiento para encarar el tema de justicia sobre la base y hechos fácticos de la realidad actual, pero, ¿por dónde comenzamos o atacamos el problema? Por cierto, no es cosa de otro mundo, porque toda obra humana, en este caso los males de la justicia, es siempre perfectible, susceptible de ser mejorada, corregida, cambiada y  transformada.

La actual estructura del sistema judicial, heredada de la República, es la que menos cambios ha tenido durante su vigencia, se mantiene incólume en su estructura liberal de comienzos del siglo xix, con prácticas arcaicas y rudimentarias de corte colonial; por ejemplo, coser los expedientes con hilo y aguja, así se constituye en una de las instituciones más cuestionadas por sus taras y defectos que no se ha podido superar y empeoran día a día. Los ciudadanos estamos librados a nuestra suerte y a merced de los operadores de justicia.

Con el presente análisis se pretende efectuar una especie de diagnóstico sobre el sistema de justicia, resultado de las vivencias y práctica cotidiana en los juzgados y tribunales, lo cual me ha permitido constatar y conocer los pormenores del funcionamiento del sistema, además de sus falencias y deficiencias estructurales.

En tal sentido, con la finalidad de contribuir a las posibles soluciones de la problemática judicial, me permito plantear los siguientes puntos de vista que considero tienen relación con las fallas principales en lo judicial.

Posibles tareas inmediatas y fundamentales de la Cumbre Judicial

De la escueta agenda que se conoce hasta ahora, la Cumbre Judicial no plantea soluciones inmediatas y prácticas, aún tiene elementos sin mucha incidencia o trascendencia en la solución de los problemas de la justicia. Tal como está planteado el tema no hace otra cosa que crear falsas expectativas, porque, supuestamente, el sistema judicial del país es un resabio colonial y esa es la causa de su deficiente funcionamiento.

Nada más falso y alejado de la realidad, pues la mayor parte de los países europeos y latinoamericanos son tributarios del sistema judicial romano y europeo, modelos que han sido adaptados casi en todos los países del orbe y en Latinoamérica, por supuesto, por el hecho de haber sido Colonia de los países europeos, y donde funcionan sin mayores problemas.

No debemos perder de vista que Bolivia no es pues una isla ni somos marcianos para no adaptarnos o acomodarnos a un sistema vigente casi en todo el mundo. Por eso, cabe reiterar que, por la forma como está concebida la Cumbre Judicial, no se sabe con precisión qué utilidad para la administración de justicia tendrán los resultados y conclusiones que se emane, porque continúa el tema de la implementación del Nuevo Código Procesal Civil y del Código de las Familias y Procesos Familiares, entre otras acciones.

Además, se anuncia la implementación inmediata de los llamados conciliadores en materia civil y otros, sin esperar los resultados de la cumbre; consiguientemente, la solución a los problemas principales de corrupción y retardación se diluye y difumina en el tiempo, pero los problemas de la justicia no están para tan larga espera, la sociedad no va resistir por mucho tiempo el estado calamitoso que tienen los tribunales de justicia.

La sociedad pide soluciones inmediatas y prontas, pero, por la coyuntura especial que atraviesa el país sería lógico proponer y promover un cambio o reforma estructural del sistema judicial, pero, de una vez, sobre la base de la realidad social nacional.

Esto debe ser en relación con el funcionamiento de los tribunales de justicia y con apoyo de los diagnósticos y estudios realizados por especialistas en la materia y la Cooperación Internacional, así emprender una tarea más seria y realista frente a la constatación cotidiana del defectuoso funcionamiento del cual es testigo el ciudadano de a pie.

Existen abogados en ejercicio libre, lógicamente jueces, fiscales y funcionarios judiciales que no dicen nada porque, aparentemente, a ellos no les afecta, más bien sacan provecho de esta forma de funcionamiento caótico del Órgano Judicial, pues “en río revuelto ganancia de pescadores”.

En tal sentido, a mi modesto entender y por el conocimiento que tengo sobre la cuestión judicial, la solución no estaría dada precisamente con reformas o la implementación de otros códigos/leyes (Códigos Morales) como plantean los promotores de la cumbre.

La reforma de los códigos es solo una parte de un conjunto estructural del sistema de justicia, debemos ver el problema de la justicia en su conjunto con todos sus componentes, como ser: la infraestructura o los edificios donde funcionan  los servicios judiciales; el tema fundamental de los recursos humanos; los salarios de los funcionarios judiciales, en particular de los subalternos; los horarios de funcionamiento, aspectos que son más bien de corte administrativo que legislativo.

Sobre la base de los estudios y diagnósticos existentes acerca del tema de la justicia y la realidad de lo que pasa en los tribunales, la solución estaría dada en la adopción de medidas correctivas y reformas de carácter administrativo más que de otra índole, porque, si pretendemos abarcar la cuestión judicial con grandes reformas y supuestas transformaciones solo apoyadas en el cambio de códigos y leyes, los resultados y soluciones van a llegar con las calendas griegas.Esto significa que nunca veremos llegar las decantadas mejoras en materia de justicia o los cambios que espera la población usuaria de los servicios judiciales, que exige soluciones inmediatas y no a largo plazo, lo cual es un indicativo realista y práctico de que no siempre es necesario gastar ingentes cantidades de dinero en “consultores” que, con su viveza criolla, bajan todo de internet y venden a los gobiernos “gato por liebre”, sin que haya un producto útil que sirva para dar soluciones reales al problema de justicia.

Por otro lado, conviene tener presente algunos hechos que han contribuido a su deterioro más que a su mejora y perfeccionamiento. La administración de justicia, como uno de los pilares fundamentales del Estado ahora llamado Plurinacional, se constituye en una de las grandes debilidades de la actual gestión gubernamental, no existe clara definición hacia dónde se quiere ir en materia de justicia, lo único visible y de conocimiento general es que se quiere descolonizar la justicia.

Aquí importa resaltar y tener presente el sentido común y la lógica elemental que tenemos: actualmente, el sistema de justicia es como un edificio viejo, deteriorado por el transcurso del tiempo, con sus componentes necesarios en defectuoso funcionamiento, por ejemplo, los ascensores no funcionan, el techo tiene goteras, etc.

Entonces, es conveniente derribarlo y levantar una nueva infraestructura, pero ¿a qué costo y qué tiempo esto va a demandar? Para ello debemos tener bien definidos los objetivos, ¿con qué lo vamos a sustituir o reemplazar?, ¿con la misma justicia de moldes liberales con parches y curaciones? o ¿habrá otra forma de organización de la justicia que todavía está por descubrirse?

Lamentablemente, con los llamados nuevos códigos, como el Código Procesal Civil, sus autores solo hacen cambio o  mutación de los lugares de ubicación de las instituciones, al margen de que estén mal copiados de los actuales cánones; en este proceso, lo que está en el último lugar es llevado a la primera parte o al centro y lo que estaba atrás es trasladado adelante.

Con otros modos, se cambia el nombre a las instituciones, por ejemplo, los procesos ejecutivos ahora son llamados monitorios, así, sucesivamente, para mostrar un “nuevo código”, sin embargo, como se diría en argot popular, es “la misma chola con otra pollera”, aunque mal copiada y deformada, lo que complica más los procedimientos y trámites.

Como antes, el sistema judicial se encuentra en uno de sus peores momentos, también es el más vapuleado y manoseado por los otros órganos del Estado, sumado a los defectos y taras de que adolece el sistema de justicia: la retardación y corrupción, que, en parte, han empeorado por falta de una gestión adecuada de la entidad cabeza de sector, el Ministerio de Justicia.

Los cambios o transformaciones no vendrán del mismo Órgano Judicial y la entidad que encabeza el sector justicia no ejerce sus deberes y atribuciones en su real dimensión, más bien, en los últimos tiempos se ha observado que la Ministra de Justicia se dio a la tarea de visitar algunos juzgados y sorprender a los funcionarios en relación con casos particulares, seguramente para constatar que hay retardación y corrupción.

Esto lleva a suponer que esta titular nunca visitó los juzgados o ejercido la profesión de abogada, lo cual demuestra la absoluta confusión y desorientación de los agentes del Órgano Ejecutivo. La Ministra tiene que generar “políticas públicas” en materia de servicio de justicia con la finalidad de buscar soluciones estructurales y no ocuparse de casos aislados y particulares.

Visitar los juzgados para algún caso y pelearse con algunos funcionarios es simplemente un show mediático, podía ser la tarea del mensajero y no de una Ministra; esto no es otra cosa que un papelón, pero, contrariamente, gana publicidad en los medios.

En definitiva, los males y problemas que aquejan al sistema judicial son más de carácter administrativo que de otra índole, otra cosa es que en el país no se aplican correctamente ni se cumplen las disposiciones constitucionales y legales (códigos), hay mucha permisividad para conductas anómalas e irregulares hasta desembocar en el caos, retardación y corrupción de los operadores de justicia y de los funcionarios judiciales.

Vacíos y falencias de la Ley del Órgano Judicial

En relación a la nueva Ley del Órgano Judicial (Ley Nº 025) que, en esencia, mantiene las directrices de la anterior Ley de Organización Judicial, debemos señalar que no existen normas claras y precisas para combatir la corrupción y la retardación en los juzgados y tribunales, más bien crea e incrementa la burocracia, como el Defensor del Litigante y los conciliadores.

En los casos de excusas y recusaciones se repite y se copia lo que ya estaba en los códigos, pero, debemos preguntarnos, ¿por qué ocurren esta cosas, será que los bolivianos no podemos ver más allá de nuestros narices?, ¿no ver lo que pasa a diario en los juzgados y tribunales?, ¿las peripecias que pasan los ciudadanos que han tenido la mala suerte de caer en los tentáculos de la llamada justicia?

Lamentablemente –duele decirlo–, quienes normalmente se proponen cambiar las normas o transformar el sistema de justicia, al parecer es gente que no ejerce o no ejerció la profesión de abogado, que en su vida ha visitado los juzgados y tribunales, por ello no tiene noción de la hermenéutica y los mecanismos de funcionamiento del sistema de justicia, que son identificar, indagar, determinar y emitir un diagnóstico consustanciado con la realidad social.

En otras palabras, no es lo que se baja de internet, como últimamente hacen los consultores para vender a los gobiernos. Así, tengo la impresión y la certeza de que en este caso pasó lo mismo, porque los proyectos de nuevas leyes y códigos están fuera de foco, por ejemplo, suprimir las causales de divorcio en materia familiar es un verdadero atentado a la estabilidad y permanencia de las familias, que debía ser una tarea fundamental del Estado.

De esta manera, no se avizora una solución pronta en el sistema judicial, pero, reitero, la población exige soluciones inmediatas y no a largo plazo. El ejemplo de lo aseverado está vivo: la ley que elimina a los jueces ciudadanos en materia de procesos penales crea e implementa dos jueces técnicos más.

Con esto, los tribunales de sentencia están compuestos por tres jueces técnicos. ¿Qué hacen tres individuos en un juzgado, si antes los asuntos eran atendidos o despachados por uno solo juez técnico? El problema radicaba en la constitución del tribunal de sentencia con jueces ciudadanos y no en la falta de jueces técnicos. El remedio ha sido peor que la enfermedad, ahora hay mayor burocracia y mayor carga para el Estado.

*    Es abogado. Correo electrónico: [email protected]

Continuará...

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