La Gaceta Jurídica

La importancia y significado de la Cumbre Judicial

La idea parece ser interesante porque esta modalidad de solución previa al proceso judicial, como dijimos, rige en la legislación civil argentina y en otros países limítrofes, pero,  ¿cuál su rol en la praxis judicial de nuestro país?

Justicia

Justicia FOTO: 35milimetros.es

La Razón (Edición Impresa) / Ernesto Zanca Valencia*

00:00 / 03 de febrero de 2016

Parte II

Como manifestamos en la parte I, con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (cpe) el 7 de  febrero de 2009, el conjunto de la sociedad y, en particular, la población usuaria de de los servicios judiciales habían cifrado esperanzas y expectativas sobre los cambios y mejoras que debían darse en los tribunales de justicia, preocupación lógica del ciudadano frente al caos y la ineficiencia en que se encuentran estas dependencias estatales.

Por eso, quienes trabajamos en directa relación con los juzgados y tribunales, a diario palpamos que en los últimos años han empeorado los servicios judiciales, al parecer cada quien hace lo que quiere dentro de los juzgados: los jueces inventan nuevos pasos procesales; exigen documentos fuera de lugar, hasta impertinentes; las audiencias son suspendidas con cualquier pretexto o excusa; los proveídos tardan días, semanas, meses, ni qué decir de las sentencias y autos de vista que pueden demorar incluso años.

No hay a quien quejarse, el denominado Concejo de la Magistratura es completamente ineficiente e inoperante, ha perdido completamente su rol administrativo y disciplinario. Cuando uno les dice que se quejará al Concejo de la Magistratura parece que se ríen, de ahí la necesidad de proveer una nueva estructura a la actual Ley del Órgano Judicial, con normas más expeditivas y drásticas.

Los conciliadores son una instancia burocrática y no solución efectiva

Ahora bien, en relación a la implementación de los conciliadores en materia Civil, instituto incorporado al Nuevo Código Procesal Civil, al parecer ésta ha sido copiado de la legislación argentina, donde, efectivamente, hay conciliaciones previo al inicio del proceso judicial.

Bueno, en ese país debe funcionar,  es otra sociedad conformada en gran mayoría por gente de ascendencia europea y otros factores de índole social y económica, con fuerte tendencia a ser un pequeño Estados Unidos en Sudamérica. Sin embargo, en Bolivia los habitantes en nuestra conformación sociológica somos diferentes a los de Argentina.Entonces, ¿trasplantar al país una institución foránea será que va dará el mismo resultado? No olvidemos el caso de los jueces ciudadanos, institución propia de los países anglosajones, incorporados en la Ley Nº 1970 en 1999, y el desastre en que terminaron.

Todavía no está en plena vigencia el nuevo Código Procesal Civil (cpc), pero en el artículo 292 y siguientes tiene incorporada la figura de conciliadores, quienes tendrán la función de conciliar, de arreglar las desavenencias de los futuros contendientes en los estrados judiciales, promoviendo un arreglo negociado entre las partes antes de ingresar al proceso judicial en sí.

La idea parece ser interesante porque esta modalidad de solución previa al proceso judicial, como dijimos, rige en la legislación civil argentina y en otros países limítrofes, pero,  ¿cuál su rol en la praxis judicial de nuestro país?

La conciliación se estila en los procesos civiles y familiares bajo la dirección del juez de la causa, antes de que el juez proceda a la calificación del proceso, sea de hecho o de puro derecho, y antes de pronunciar la sentencia, pero, lamentablemente, debido a diversas circunstancias, las partes no llegan a ningún acuerdo ni tienen interés de conciliar bajo ningún punto de vista.

En estos casos, se aferran a la posición cerrada de tener la razón y no ceden en nada para buscar soluciones conciliadas y negociadas, lo cual, además, se realiza a convocatoria del juez de la causa, una autoridad judicial con todas las facultades para buscar soluciones y arreglos entre los contendientes, aún así las partes no hacen ni demuestran interés de solucionar el conflicto o pleito judicial por iniciarse o ya iniciado.

Este hecho tal vez se deba a la cultura e idiosincrasia propias de la sociedad boliviana, lamentablemente, existe una mentalidad pleitománica o cultura de conflicto que impulsa a sostener conflictos o contiendas para satisfacer el ego personal y tratar de salir victorioso.

Por otro lado, los abogados patrocinantes ven en la terminación del conflicto la privación de ingresos; lógicamente, si el conflicto es solucionado el litigante ya no necesita de sus servicios, por lo que aconsejan, incluso incitan a sus patrocinados, a no llegar a acuerdos, crean falsas expectativas de que las leyes están de su parte y que tienen las posibilidades de ganar el juicio y salir victoriosos; tristemente, estos hechos y conductas maquiavélicas impiden que las partes lleguen a una solución para no tener una contienda judicial.

Asimismo, es una realidad que en los estratos de la sociedad boliviana hay una mentalidad arraigada de que todo pleito o conflicto debe terminar en los estrados judiciales y, eventualmente, salir victorioso, aunque para ello haya pasado mucho tiempo y los costos hayan sido onerosos para ambas partes, además de otros perjuicios.

Tal vez este hecho se deba a la desconfianza y susceptibilidad de las personas para buscar soluciones tempranas y no llegar al conflicto judicial, debido, fundamentalmente, a la falta de información adecuada sobre las ventajas que la conciliación tiene, pero, muchas veces, el litigante es azuzado por el abogado patrocinante para que no opte por esta vía de solución.

El objetivo de muchos abogados es alargar y dilatar el proceso lo más que puedan para cobrar honorarios a los litigantes. En nuestro medio social y cultural, aquello de que más vale un mal arreglo que un buen juicio, al parecer, no tiene cabida, los ciudadanos no tienen noción exacta de las ventajas de un arreglo negociado y conciliado.

En vista de los antecedentes mencionados, hay serios inconvenientes que inciden en el trabajo de los conciliadores, por ejemplo, el aspecto referido a la idoneidad, ya que en el nuevo cpc no se menciona el elemento referido a los conocimientos o especialidad que deben tener los conciliadores, o será suficiente cualquier oficio o profesión con o sin nociones de carácter jurídico.

Este vacío de la norma hace que no exista garantía de que sus actos sean una señal de eficiencia e imparcialidad para los futuros litigantes. A manera de inquietud nos preguntamos, ¿cómo va a conciliar un economista, un sociólogo, un filósofo, etc.? En estas especialidades no se tiene una noción exacta de lo que es justo y lo injusto para el mundo jurídico.

A la luz de la legislación positiva, ¿quién tiene la razón del futuro demandante o demandado? No podrán valorar los documentos y argumentos que las partes disponen en trance de entrar o iniciar el proceso judicial ni efectuar la valoración de las pretensiones o alegaciones de las partes a la luz del derecho positivo.

El juez de la causa es el único indicado para conciliar a las partes, pero, sobre la base de la demanda y la contestación de los contendientes, donde ya se tiene planteada la verdadera pretensión de las partes, el  juez dispone de los insumos necesarios para plantear la solución, a no ser que los conciliadores sean preferentemente abogados o profesionales afines al ramo judicial.

Su misión es dirimir conflictos de relevancia jurídica y no cualquier conflicto, de lo contrario estaríamos volviendo a los tiempos antiguos donde los problemas del ciudadano estaban librados a conocimiento y decisión de gente empírica o lega al sistema de derecho, supuestamente, los sabios de la sociedad o, como en el caso del país, la denominada justicia comunitaria.

Antes de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional la suerte de los ciudadanos estaba librada al mejor parecer de las personas que fungen de autoridades originarias, donde no había objeción de ninguna naturaleza por el justiciable; ya sea por incompetencia, falta de imparcialidad, enemistad manifiesta etc.

Muchas veces se ha visto que los jueces estaban conformados por el padre, el hijo y el yerno y el justiciable, para su mala suerte, tenía rencillas o enemistad con estas personas o con alguno de ellos.

En algunos casos la condena estaba cantada y tampoco había forma de impugnar la sentencia, no obstante, a veces se registra en el Libro de Actas pero esto no refleja la esencia del asunto por su carácter de ser esencialmente oral. Si hoy uno es condenado, mañana y los días siguientes nadie se acuerda de los pormenores del asunto.

Otra aberración es que es inapelable, no hay forma de impugnar la decisión ni ante qué autoridad, el derecho de la costumbre –justicia indígena originaria– no admite la existencia de jueces superiores ni inferiores, tampoco son responsables por sus actos, es una especie de sistema de administración de justicia en única instancia.

Es un sistema arcaico, injusto con muchas falencias y vacíos, pero respetable porque es producto de nuestra cultura ancestral, en especial de las sociedades andinas asentadas en el altiplano.

En esencia, la implementación de la institución denominada “conciliadores”, incorporada al nuevo cpc, debía ser producto de la Cumbre Judicial. Una instancia implantada a rajatabla sin la certeza de un rol eficiente y coadyuvante para la administración de justicia no tiene futuro promisorio, será un experimento como tantos que hubo en el país.

Hay mucho que debatir o seguir buscando la mejora y perfeccionamiento de la conciliación, de lo contrario, será una instancia burocrática que puede traer mayores perjuicios y falsas expectativas al litigante.

No podemos dejar pasar un hecho lamentable, que el nuevo cpc es copia del proyecto del exministro de Justicia de Goni Sánchez de Lozada, René Blatman. No hay originalidad ni en estas cuestiones de índole legislativo y de trascendental importancia para el país, lo más honesto era, por lo menos, citar al o los autores del código.

Ahora bien, dicho proyecto, si bien tiene innovaciones como el proceso oral, también tiene defectos que no responden a la esencia del proceso judicial (que vamos analizar en otra oportunidad), porque contiene ciertas aberraciones como cambiar solo de nombre a las instituciones procesales y a los procesos ejecutivos de desalojo.

A otros solo les cambia el nombre por el de procesos monitorios, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. Nos venden el charqui de “nuevo Código Procesal Civil” como si cambiar de nombre a las instituciones procesales fuera gran cosa, en realidad solo han cambiado el orden de ubicación y, en otros casos se suprime reglas e institutos del actual Procedimiento Civil sin justificación alguna y que eran de mucha utilidad y de aplicación práctica.

Por todo esto, este código, antes de su implementación, necesita muchas correcciones, incluso reformas de fondo para que responda a las reales necesidades del país y contribuya efectivamente a la solución de los problemas judiciales del sistema de justicia.

Asimismo, el gran mérito del nuevo cpc sería y nos hacen creer, que el sistema de la oralidad será la “varita mágica” que solucionará los procesos judiciales en materia Civil, pero es completamente falso.

No olvidemos que las mismas expectativas nos hacían tener los neoliberales en 1999, que con la implementación de la Ley Nº 1970 –Nuevo Código de Procedimiento Penal (ncpp)– los juicios orales, públicos y contradictorios iban a solucionar todos los males de la justicia penal; pero, transcurridos más de 15 años, recién se evalúa las fortalezas y debilidades de este código, con la conclusión de que es un instrumento que no responde o no respondía a la realidad del país.

Pero, con sus defectos y debilidades ha funcionado, aunque de ninguna manera fue una maravilla, en especial, los jueces ciudadanos han sido un verdadero desastre en la administración de justicia penal; más bien han sido eliminados del sistema de administración de justicia.

Es más, con la oralidad en los procesos penales no se ha  solucionado en absoluto el problema de la retardación de justicia ni la corrupción, sino que se ha profundizado, llegando al mismo resultado que el Código de Procedimiento Penal de 1973 (Códigos Banzer), principalmente en lo referente a la retardación de justicia.

Ahora, si nos dicen que con la oralidad del nuevo cpc se solucionará todos los males de la justicia en materia Civil es simplemente un distraccionismo y una postura demagógica que no tiene piedad del pueblo ni de los usuarios de los servicios judiciales.

Falta de eficiencia en el control de los órganos jurisdiccionales

El artículo 183 numeral II de la nueva Constitución, un tanto ambiguo y confuso al referirse a los funcionarios jerárquicos elegidos por voto popular, dice que cesan en sus funciones entre otras cosas por existir sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, pero no dice nada de los demás jueces. Consideramos que por analogía se les aplica esta misma regla, o sea que un juez solo puede ser suspendido o destituido de su cargo en vista de una sentencia ejecutoriada.

Por lo mismo, son inamovibles en sus cargos y solo pueden ser destituidos mediante sentencia ejecutoriada, la norma aparentemente tiene cierta lógica y coherencia pero eso era para otra época, el siglo XIX o comienzos de la República, porque, amparados en esta clase de normas, estos funcionarios son intocables, prácticamente son los mini reyes dentro los juzgados y tribunales.

Hacen lo que les viene en gana dentro del juzgado o tribunal, no cumplen los horarios de trabajo, los proveídos y decretos que debían tardar entre 24 y 48 horas tardan semanas hasta meses en ser providenciados. Tal es la viveza criolla que estos proveídos y decretos salen con fecha de hace un mes, dos o tres atrás, o sea como si se los hubiera providenciado en su oportunidad y dentro el plazo legal; ni qué decir de las demandas nuevas que pueden tardar hasta meses en la providencia de admisión,

Pero, ¿a qué se debe este caos e inoperancia en la administración de justicia? Normalmente los jueces no están en su fuente de trabajo o llegan la hora que les da la gana en las mañanas o tardes. Los funcionarios subalternos, para justificar la ausencia, dicen que están en seminarios, reuniones, estudiando o cualquier otro cuento. No se puede perjudicar a la población usuaria con actividades particulares.

El Estado contrata a estos funcionarios para que cumplan ciertas labores específicas en beneficio de la población y no que vayan a estudiar cobrando al mismo tiempo sueldo del Estado. En todo caso, las actividades extrajudiciales o extralaborales deben ser cumplidas en horarios que no afecten o perjudiquen al público litigante ni se suspendan audiencias con cualquier excusa por lo que, lógicamente, los juicios se dilatan y se alargan en forma indefinida.

Hay total ineficiencia e inoperancia de los órganos jurisdiccionales, no debemos perder de vista que la razón de existir de los jueces es brindar un servicio específico a la población y a la sociedad para que no queden desamparadas o privadas de su derecho de acceder a la justicia en forma pronta y oportuna.

Por otro lado, lo que ocurre en las provincias es el colmo. Aparte de las deficiencias mencionadas, dependiendo de la distancia donde cumplen sus funciones, por ejemplo, lugares más o menos alejados de los centros urbanos, los jueces y muchos de los funcionarios subalternos llegan los martes y retornan a la ciudad los jueves por la tarde.

En las poblaciones cercanas a las urbes donde hay asientos judiciales llegan a su fuente de trabajo a las 10 ú 11 de la mañana y salen a las 4 ó 5 de la tarde. No sabemos cómo contratan a estos funcionarios, se supone que en la convocatoria están las condiciones de trabajo y que la persona debe estar domiciliada en el lugar donde se encuentra el juzgado.

Si no le gusta la modalidad de trabajo, hay otros que están dispuestos a cumplir, tal vez mejor y no como si estuvieran haciendo un favor al ciudadano. Si tanto quieren estar en las ciudades están en su derecho, pero que no perjudiquen a los ciudadanos de las provincias.

Ante estas anomalías e irregularidades con que funciona el sistema de justicia y ante la inoperancia del órgano disciplinario, ahora denominado Concejo de la Magistratura, no hay dónde reclamar o quejarse sobre estas conductas anómalas o fallas que afectan el funcionamiento del sistema judicial.

Las decisiones y determinaciones del Concejo de la Magistratura no tienen fuerza alguna por aquello de que los jueces y magistrados que incurren en faltas y contravenciones o cometen delitos en ejercicio de sus funciones solo deben ser destituidos con una sentencia ejecutoriada, lo cual está fuera de lugar y hasta puede ser considerado como una burla, porque dicha sentencia no llegará o, si llega, será después de muchos años, por lo tanto, queda en total impunidad la conducta ilícita de los jueces, vocales o ministros del Órgano Judicial.

Lo más prudente y lógico a ser plasmado en las normas debía ser que la destitución inmediata sea procedente apenas exista la resolución de imputación formal por un fiscal; para los que tengan sentencia ejecutoriada la sanción ejemplarizadora debe ser que nunca vuelva al sistema de administración de justicia, de lo contrario estaremos en el mismo círculo vicioso y nunca se solucionaran los males de la justicia.

Además, los principios de presunción de inocencia, el debido proceso y otros deben ser reglamentados de otra forma para los órganos de administración de justicia; que, además, comprendería a los jueces propiamente dichos, a los fiscales y los funcionarios policiales de la división Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), porque se trata de luchar contra un monstruo (corrupción y retardación) que tiene tentáculos extendidos por todos lados y ha visto la forma de burlar la acción de la justicia cuando se trata de juzgarlo y sancionarlo.

Asimismo, en un proceso disciplinario los nombrados funcionarios pueden recibir solo una llamada de atención o una suspensión por unos cuantos días y no pasa nada, por eso una máxima romana sigue teniendo trascendencia y actualidad, esta dice “ex dura et lex” (ley dura es ley), pues una ley leve y permisiva a nadie asusta, es solo un saludo a la bandera.

Al margen de la preparación de los mejores recursos humanos, para que una medida disciplinaria sea real y la prestación de un servicio sea mejor, las sanciones deben ser drásticas y duras, para ello es necesario diseñar un mecanismo que faculte al Concejo de la Judicatura o de la Magistratura la facultad de suspender de sus funciones o destituir de sus cargos a los jueces en un proceso disciplinario.

Luego, que cuando sea procesado por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, se proceda a la suspensión o destitución en el momento en que el Ministerio Público haya emitido la resolución de imputación formal, conforme se establece en la Sentencia Constitucional N° 0329/2004-R de 10 de marzo, pronunciada por el Tribunal Constitucional para los alcaldes y concejales de los gobiernos municipales; de otra manera, seguiremos dando vueltas sobre lo mismo y nunca se corregirá los males de la justicia.

Continuará

*    Es abogado. Correo electrónico: [email protected]

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