La Gaceta Jurídica

La importancia y significado de la Cumbre Judicial

Justicia

Justicia FOTO: gatopardo.blogia.com

La Razón (Edición Impresa) / Ernesto Zanca Valencia*

00:00 / 07 de febrero de 2016

(Parte final)

Otro aspecto que contribuye al caos en el sistema judicial está relacionado con las vacaciones judiciales. Las instituciones son producto de la evolución social, experiencias y necesidades de la colectividad o la sociedad, por eso las vacaciones judiciales de carácter colectivo fueron producto de las actividades propias y peculiares del sistema de administración de justicia.

La ausencia de un operador titular por diversas causas como excusas y recusaciones y otras establecidas en los códigos y la Ley del Órgano Judicial (loj), que también comprende a los funcionarios subalternos, era llenada con las suplencias de otra sala o juzgado de la misma jerarquía, por lo que en el trabajo y la tramitación de las causas había continuidad sin interrupciones.

Pero, ¿qué sucede con la nueva modalidad de vacaciones? Los juzgados y tribunales son un verdadero caos, el juez o vocal y los funcionarios subalternos cualquier rato están de vacaciones, por lo que, a mi modesto entender y opinión, se debe volver a la anterior modalidad de receso judicial colectivo, pero por una sola vez al año.

Este descanso debe comprender diciembre, por el hecho de que a fin de año, de alguna manera, disminuyen las actividades en los juzgados por causas de conocimiento general.

Falta de eficiencia y control a los funcionarios subalternos

La loj tiene las directivas fundamentales de la estructura y funcionamiento de los juzgados y tribunales del país, lo que falla en esencia es la calidad y eficiencia del elemento humano que, al no aplicarse correctamente esta norma y otras conexas, la administración de justicia se convierte en una actividad detestable para la población.

Prácticamente, la población usuaria de los servicios judiciales está librada a su suerte, arbitrio y discrecionalidad, por lo que corresponde analizar el funcionamiento del régimen disciplinario en relación a los funcionarios subalternos de los juzgados y tribunales, que es absolutamente deficiente y existe total inoperancia.

El descabezamiento del Consejo de la Judicatura y, en su lugar, la creación del Concejo de la Magistratura ha tenido repercusiones enormes y negativas para el sistema judicial, ante la conducta negligente o dolosa de los funcionarios judiciales, quienes, muchas veces, cometen exacciones y extorsiones a los litigantes sin dar un tratamiento adecuado.

El régimen disciplinario debía funcionar de la forma más idónea y eficiente posible, pero no ocurre así; en los últimos años el sistema judicial ha caído en la peor inercia y caos, no hay a quién quejarse de los abusos y atropellos de los funcionarios judiciales subalternos.

El órgano administrativo y disciplinario del Órgano Judicial se ha convertido en un ente burocrático e ineficiente; sabemos por el argot popular que muchos secretarios/actuarios de los juzgados y los notificadores, estos últimos más conocidos como “oficiales de diligencias”, son los más delincuentes del Órgano Judicial, pues extorsionan, hacen cobros ilegales, cometen abusos y atropellos con los litigantes, entonces, ¿cómo podemos confiar en gente de esa calaña?

En la mencionada ley no hay una clara definición de roles de los funcionarios subalternos de los juzgados y tribunales, no se plantea medidas específicas y concretas de cómo se va a combatir las conductas anómalas e ilícitas.

Los secretarios/secretarias cobran por las legalizaciones de las piezas procesales o testimonios a su arbitrio y discrecionalidad, lo mismo pasa con los notificadores/oficiales de diligencias que siguen cobrando en función de las distancias donde deben practicar las citaciones y notificaciones, aquello de que las citaciones y notificaciones son gratuitas es simplemente un saludo a la bandera.

Fortalecer  el sistema disciplinario con la incorporación  de normas drásticas y sanciones severas

Efectivamente, como mencionamos en acápites anteriores, tanto las normas procesales y la loj, además de otras conexas, establecen reglas disciplinarias para el correcto ejercicio y desenvolvimiento de la función judicial, tendientes a normar la administración del sistema judicial de la manera más eficiente y eficaz en procura de acceso a la justicia por los componentes de la sociedad.

No obstante, en los hechos no se cumple ni se respeta dichas normas, hay total ineficacia e inoperancia para hacer prevalecer las disposiciones. A la sazón, ¿qué es lo que está fallando?, ¿las leyes o los que las aplican?

Para responder a estas interrogantes es necesario concentrar nuestra atención en los artículos 179 y 183 de la actual Constitución Política del Estado (cpe) que modifican el artículo 116, parágrafos VI y VII de la Constitución de 1967.

Esta contenía una disposición arcaica y colonial que establecía la inamovilidad de los jueces y magistrados,  quienes solo podían ser suspendidos y destituidos en casos graves pero supeditados a la existencia previa de una sentencia ejecutoriada, lo cual generaba verdadero relajo en la administración de justicia con las secuelas de retardación y corrupción.

Con esta norma los jueces y magistrados eran intocables, verdaderos semidioses o mini reyes de sus juzgados, y no había y no hay posibilidad de efectuar siquiera algún reclamo o queja, porque, en reacción, el ciudadano o el abogado patrocinante podían ser objeto de represalias de toda índole; así, este precepto constitucional establecía la inamovilidad de los jueces y magistrados, o sea que no se los podía suspender ni mucho menos destituir contar con una sentencia ejecutoriada.

Pero, por las razones anotadas y la situación en que se encuentra el sistema judicial, sabemos que en nuestro país es una verdadera odisea llegar hasta que una sentencia adquiera la calidad de ejecutoriada o con autoridad de cosa juzgada, por eso parecía que esta disposición constitucional tenía por finalidad constituirse en una coraza para proteger a los jueces venales e inoperantes.

Con todo, aunque ya nos hemos referido a ello líneas arriba, para tener un concepto cabal de dicha norma, es necesario hacer una reminiscencia del origen histórico de esta medida constitucional.

En efecto, esta regla tiene origen en los primeros tiempos de la república, en el siglo XIX, con ella se establecía que los jueces no pueden ser molestados ni destituidos de sus cargos sin que hayan sido sometidos a un proceso previo y cuenten con una sentencia ejecutoriada.

Al respecto, es pertinente hacer las siguientes puntualizaciones, la realidad social del siglo XIX en nuestro país era completamente diferente a la actual; en esa época la sociedad tenía códigos morales y normas sociales muy rígidos y que estaban fuertemente arraigados en todos los estratos sociales.

Por otro lado, la influencia religiosa tenía también un rol moralizador, por ende, existía un profundo respeto hacia las reglas y normas de conducta de parte de las personas que desempeñaban funciones en la administración pública y en la administración de justicia, por lo que los jueces y otros servidores públicos cuidaban su imagen ante la sociedad y muy pocas veces daba alguna conducta venal en el ejercicio de funciones judiciales, lo que hoy en día es noticia casi de todos los días, por eso esta norma podía ser considerada plenamente válida y justificada para esa época.

Sin embargo, en la actualidad la conducta moral ha sufrido un cambio de ciento ochenta grados debido a muchos factores, entre ellos por el fenómeno de la globalización, por lo que dicha norma solo sirve para encubrir y socapar a los jueces y funcionarios  inmorales y corruptos; claro, se debe tener presente que también hay casos excepcionales de jueces y funcionarios que cumplen a cabalidad con su actividad en forma eficiente, idónea e imparcial.

Pero, en la generalidad de los casos, la función judicial es vista como un medio de enriquecimiento fácil y rápido, por eso en los tribunales se comete las peores atrocidades y delitos en perjuicio y a costa de los litigantes, porque muchas veces los fallos son negociados y tienen un costo, esto en relación a los jueces, vocales y ministros del tribunal supremo, pero otro tanto de distorsiones se dan en el nivel de los funcionarios subalternos, quienes han puesto su precio y un costo adicional a la función judicial en detrimento de las personas que realizan los trámites en los juzgados y tribunales.

Repetimos, el Concejo de la Magistratura es la instancia constitucional competente para controlar y sancionar las conductas venales y delictivas de los funcionarios judiciales, para aplicar y ejercer control disciplinario sobre todos los funcionarios judiciales, desde el notificador hasta el presidente del Tribunal Supremo, pero aquello no se cumple a cabalidad por diversos factores.

Esta entidad, lamentablemente, no encara con absoluta seriedad y responsabilidad ni genera verdaderas políticas públicas sobre la materia; no es suficiente que algunos funcionarios del Concejo de la Magistratura de La Paz, por ejemplo, se den la tarea de visitar algunos juzgados y hacer un show dando a entender que están controlando a los funcionarios judiciales, esto está limitado a casos aislados y particulares y no a la administración de justicia en su conjunto.

Por último, vamos a recalcar que hoy en día la administración de justicia se ha transformado y convertido en una institución tremendamente prebendal y venal, lo cual hace necesaria la aplicación de sanciones correspondientes al régimen disciplinario, incluida la suspensión y destitución inmediata del funcionario judicial, cualquiera sea su rango y  jerarquía dentro el sistema.

En caso de que un juez, secretario, vocal o ministro tenga o pese sobre él o ella denuncia expresa sobre conducta ilícita y venal en el ejercicio de sus funciones, debe ser suficiente la existencia de la imputación formal por el Ministerio Público, es decir de un fiscal, y se debe proceder a la suspensión o destitución inmediata según los casos, de lo contrario seguirá campeando incólume la corrupción y la retardación dentro de nuestro sistema de justicia.

Conclusiones

Como corolario de este análisis, considero pertinente emitir algunas sugerencias tendientes a encarar el tema de la  justicia en los ámbitos que considero están las fallas, aunque no son las únicas porque existe diversidad de causas y medidas que pueden contribuir a mejorar y corregir los males del sistema de administración de justicia del nuevo Estado Plurinacional.

a) En definitiva, el verdadero trasfondo de la Cumbre Judicial, al parecer, será como el de otros eventos de este tipo que se realizaron en el pasado, sin mayores repercusiones o que, simplemente, quedan como saludo a la bandera.

Su objetivo fundamental debía ser cambiar y mejorar  realmente la administración de justicia en su conjunto, aparte de los jueces y juzgados donde se centra el debate principal; también debía comprender al Ministerio Público y  a los órganos operadores de la administración de justicia, como es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde la retardación y la corrupción es mucho mayor que en los juzgados, por no decir que son verdaderos antros en el sistema de administración de justicia.

b) En lo referente al tema correctivo, el complemento necesario al proceso disciplinario es la remisión al Ministerio Público para un proceso en caso de existir responsabilidad penal; una vez radicado en este instancia y realizados los trámites preliminares, cuando apenas se emita la resolución de imputación formal se debe ejecutar la inmediata suspensión o destitución del cargo para efectos de que la persona asuma defensa en la causa penal instaurado.

No debe continuar como sucede actualmente, que para suspender o destituir a un juez o magistrado se requiere la existencia de una sentencia ejecutoriada, lo cual significa esperar hasta las calendas griegas, así no se puede combatir o dar una lucha frontal contra la retardación y la corrupción.

El planteamiento anterior abrevia enormemente los pasos o etapas innecesarias en el procesamiento y sanción disciplinaria de los funcionarios judiciales y se constituirá en un arma eficaz para luchar contra los actos de corrupción y el fenómeno de la retardación en los servicios judiciales.

Resulta sumamente anacrónico, arcaico, mañoso y temerario que nuestras leyes exijan o supediten una sanción a la condición de una sentencia  ejecutoriada y recién sancionen y destituyan de su cargo a un juez, vocal o ministro del Tribunal Supremo que esté acusado o sindicado de cometer actos de corrupción y ocasionar retardación.

Tal como manifestamos antes, una sentencia ejecutoriada será esperada hasta las calendas griegas, es decir, nunca se sancionará a los jueces o funcionarios venales y corruptos.

c) Por otro lado, considero necesario crear e implementar un estricto control de los órganos de administración de justicia sobre el cumplimiento de los plazos procesales, creando mecanismos de revisión para que las sentencias, autos de vista, autos supremos, proveídos o cualquier otro género de resolución que emane de estas instancias sea despachado dentro el plazo legal, bajo alternativa de aplicarse las sanciones y responsabilidades consiguientes.

Para ello, es necesario normar el inicio del cómputo del plazo de la manera más razonable y equitativa, como en el caso del artículo 204.III del actual Código de Procedimiento Civil (cpc), que señala que el plazo para dictar el auto de vista o auto supremo empieza en el momento del sorteo de la causa, pero la coartada radica en esta parte, ese sorteo dentro la sala puede ser en un mes, seis meses, un año, etc.

Esto es demasiado ambiguo y permisivo, por eso en este caso el plazo debía computarse desde el momento que el expediente ingresa al juzgado o sala o desde la emisión del decreto de radicatoria que no puede ser más allá de las 24 o 48 horas.

d) Es necesario establecer un sistema de control efectivo sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo de los jueces, vocales y ministros del Tribunal Supremo y otros; quienes también deben estar sujetos al control de asistencia, igual que los demás funcionarios, en razón de que estos señores, por el hecho de ser jueces o magistrados, van a su fuente de trabajo la hora que quieren.

En lo cotidiano se observa que no hay control de ingreso y salida de estos funcionarios, han reducido su horario de trabajo por el tiempo que se les ocurre, ni qué decir cuando hay audiencias. Prácticamente estos funcionarios están sin control de nadie, por eso las sentencias, autos de vista y los autos supremos tienen demoras hasta extremos aberrantes más allá de los plazos en que estos documentos debían expedirse.

El artículo 204.I del cpc establece plazos de 30 y 40 días para la emisión de las resoluciones correspondientes, pero por la coartada del numeral III del mismo artículo, lamentablemente, su emisión puede durar meses, hasta años.

e) Eliminar el control policial dentro el juzgado en relación al cumplimiento del horario de trabajo por los funcionarios judiciales. En efecto, el cumplimiento de trabajo de los funcionarios judiciales se ve entorpecido e interferido por los policías que cumplen funciones de seguridad en los edificios judiciales.

No dejan ni respirar a los funcionarios judiciales, inmediatamente llega el mediodía o las seis de la tarde los guardias empiezan a compeler u obligan a abandonar el juzgado; así, la interferencia en el desenvolvimiento laboral por parte de los policías es un contrasentido, algo ilógico, un verdadero absurdo.

Los funcionarios judiciales deben tener libertad de entrada y salida a su fuente de trabajo, no en el sentido de que abandonen su fuente de trabajo o lleguen a la hora que se les ocurra. No se trata de que no cumplan con el marcado o registro diario de asistencia, sino que, al igual que la costumbre o regla vigente en toda administración pública, ministerios, alcaldías, gobernaciones, etc., la hora de salida no debe tener ningún control.

Si el funcionario responsable y consciente de su deber tiene trabajo pendiente, puede quedarse hasta la hora que sea necesario para completar su labor del día y no ser azuzado a abandonar su fuente de trabajo por policías apenas llega la hora de salida. Con esta forma, de alguna manera, se puede combatir y disminuir la retardación, claro que la atención al público litigante debe mantenerse dentro de los horarios y parámetros actuales.

f) Finalmente, considero necesario establecer una oficina de quejas y reclamos para los litigantes en cada piso de los edificios donde funcionan los juzgados y en las provincias en lugares visibles, una especie de “odeco” (oficina del consumidor) como las que existen para la regulación de los servicios públicos como electricidad, agua y otros.

Con ello, el ciudadano litigante o los abogados patrocinantes tendrían a su disposición una vía rápida y expedita para hacer conocer su queja o reclamo por el mal servicio o cobros indebidos y otras irregularidades que se pudieran cometer dentro del juzgado; con esto, implícitamente, de parte de la ciudadanía, en especial del ciudadano usuario de los servicios judiciales, quedaría establecida una forma directa de control y fiscalización sobre los actos de los órganos de administración de justicia.

Bibliografía

1. Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley  de 7 de febrero de 2009.

2. Gaceta Oficial, Ley Nº 439, Nuevo Código Procesal Civil.

3. Gaceta Oficial, Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial.

4. Ministerio de Justicia, Ley Nº 1970, Código de Procedimiento Penal.

5. Decreto Ley Nº 12760, Código de Procedimiento Civil.

6. Periódico Nueva Crónica y el Buen Gobierno, septiembre de 2014.

7. Gaceta Oficial, Ley Nº 004, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

8. Gaceta Oficial, Ley Nº 07, Ley de Modificación al Sistema Normativo Penal.

9. Gaceta Oficial, Ley Nº 586, Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal.

*    Es abogado. Correo electrónico: [email protected]

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