La Gaceta Jurídica

La improvisación en la aplicación de los nuevos “Códigos Morales”

…se requiere el concurso inexcusable de los protagonistas principales: litigantes, jueces y abogados, debiendo limitarse la función del abogado a mediar o canalizar de la mejor manera esa relación jurídico procesal, dejando de lado de una vez por todas las malas prácticas de corrupción…

Trabajo legislativo

Trabajo legislativo FOTO: tjsantacruz.gob.bo

La Razón (Edición Impresa) / Alan Vargas Lima*

00:00 / 17 de febrero de 2016

En ocasión de la puesta en vigencia de los nuevos “Códigos Morales”, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia destacó que los denominados Códigos Morales fueron hechos por bolivianos y que “con ellos empezamos un nuevo sistema procesal que no solo rediseña la antigua estructura del sistema de justicia en Bolivia, sino que materializa los derechos y principios procesales que la Constitución Política del Estado (cpe) establece”.

Sin embargo, también puso de relieve uno de los principales problemas que afectan el desenvolvimiento de los tribunales, la falta de jueces y presupuesto para el Órgano Judicial, siendo por demás ilógico que se cuente con 1.000 jueces para una población de más de 10 millones de habitantes, cifra que es insuficiente.

Realmente, es muy aventurado pretender atender las demandas de justicia de la población boliviana con una cantidad tan mínima de operadores de justicia, porque eso, precisamente, genera retardación en razón de que no se puede atender todos los procesos en los plazos establecidos, es decir que existe sobrecarga procesal generada por las muchas demandas en pocos juzgados.

Por su parte, el presidente Morales dijo que existe “mucha voluntad para hacer una profunda revolución dentro la justicia boliviana” mediante la Cumbre Judicial convocada para el 16 y 17 de abril, en Sucre. “Hemos decidido hacer una gran cumbre de la justicia boliviana, esa gran cumbre se va a realizar acá, en Sucre, en abril. Sucre es capital de la justicia boliviana y la participación de ustedes, que están ejerciendo una responsabilidad en la justicia boliviana, va a ser muy importante. Mucho dependerá de la participación de ustedes como también de las organizaciones sociales, colegios de abogados (e) instituciones”, señaló.

En particular, considero bastante peligroso que se pretenda hacer creer a la población que la famosa Cumbre de Justicia es sinónimo de “revolución dentro de la justicia boliviana” y que, con ella, desaparecerán y se acabarán al instante (como por arte de magia) los problemas y crisis que durante tanto tiempo atraviesa la administración de justicia en Bolivia.

Antes debiera comprenderse que ello no depende solo de una cumbre, sino de la participación activa y responsable de todos los operadores de justicia y también de los ciudadanos y ciudadanas que acuden diariamente a estrados judiciales, es decir que, en definitiva, se trata de una responsabilidad compartida.

De cualquier forma, resulta curioso que, mientras en Sucre el Presidente del Estado y el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia hablaban acerca de las virtudes y beneficios de los nuevos códigos (el Procesal Civil y el de Familias), en el primer día de su aplicación (lunes 8 de febrero) en algunos juzgados públicos del país (como fue el caso de Cochabamba) predominaron la desorientación y la desinformación entre los litigantes y abogados.

Por otro lado, el representante del Consejo de la Magistratura hizo conocer que hasta ese día solo se había sorteado un caso con el nuevo Código Procesal y, asimismo, que los 30 conciliadores que debían estar trabajando recibieron sus memorandos a última hora.

No obstante, el aspecto que desorientó mucho más fue el cambio de nombres de los juzgados, con el aditamento de que los jueces civiles que deben atender las nuevas causas, además, deben liquidar los procesos antiguos, cuya cantidad también es importante.

Este breve panorama revela una cosa: que nuevamente se improvisa, esta vez para poner en vigencia los nuevos códigos, porque el plazo fijado para ello, inevitablemente, ya se venció; y eso es algo que no debería suceder porque se supone que, si se prorrogaron los plazos y fechas para que entren en vigencia, era precisamente para que se tenga todo listo a nivel de infraestructura y personal que sean necesarios, además de otros aspectos logísticos que no debieron dejarse para ese primer día de entrada en vigencia. Esperemos que en este caso no se cumpla el adagio que dice “lo que mal empieza, mal acaba”.

Lo que deben comprender las autoridades judiciales es que las esperanzas de una justicia mejorada, pronta y oportuna están cifradas ahora en los nuevos “Códigos Morales” y lo mínimo que se espera es que no se tropiece con algún tipo de inconvenientes administrativos ni confusiones legales.

Para ello se requiere amplia difusión de información clara y fidedigna entre la población litigante a fin de que los justiciables puedan comprender las nuevas reglas de los procesos civiles y familiares, lo cual también es responsabilidad de los profesionales abogados, quienes son los directos intermediarios entre el litigante y el juez.

Son importantes las innovaciones que proponen estos nuevos Códigos; por ejemplo, el Código de las Familias elimina la figura del concubinato para dar paso a la unión libre o matrimonio de hecho, la despatriarcalización se refleja en la elección en el orden y apellido del hijo o hija; en el tema del divorcio, establece como requisito la aceptación al proyecto de vida en común, la asistencia familiar puede ser pedida hasta los 25 años en razón de los estudios superiores para tener un oficio; la afiliación se realizará en vientre y, en los casos en los que un progenitor niegue la paternidad, será éste quien pague los gastos de adn.

Por su parte, el Código Procesal Civil establece la conciliación como un medio de solución inmediata de conflictos y acceso directo a la justicia como primera actuación procesal; así también, la implementación de la oralidad como medio para tramitar el proceso implica que los juicios en materia civil se desarrollarán en una audiencia oral y los actos escritos solo serán la demanda, la respuesta y la reconvención.

Asimismo, el nuevo Código Procesal Civil otorga al juez la facultad de reprimir los incidentes e, incluso, sancionar actos dilatorios basados en la mala fe, además de establecer la notificación a las partes de manera electrónica.

En definitiva, la aplicación de estos nuevos instrumentos procesales constituye una gran oportunidad para hacer funcionar de nuevo la maquinaria de la administración de justicia y, para ello, se requiere el concurso inexcusable de los protagonistas principales: litigantes, jueces y abogados, debiendo limitarse la función del abogado a mediar o canalizar de la mejor manera esa relación jurídico procesal, dejando de lado de una vez por todas las malas prácticas de corrupción que, por tanto tiempo, han perjudicado a todo el sistema. Es hora de cambiar la justicia, pero también de cambiar nosotros mismos.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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