La Gaceta Jurídica

La impunidad de Chaparina

Al presente, el Gobierno acuñó la idea de la “ruptura de la cadena de mando” para deslindar responsabilidad de su cúpula en la represión a los indígenas en Chaparina, dando a entender que en esa intervención no habría existido responsabilidad alguna por parte del Órgano Ejecutivo por la represión

En septiembre de 2012 la Policía detuvo la marcha indígena, esto derivó en violencia.

En septiembre de 2012 la Policía detuvo la marcha indígena, esto derivó en violencia. FOTO: Archivo La Razón

La Razón (Edición Impresa) / Henry A. Pinto Dávalos*

00:00 / 16 de enero de 2015

La política en Bolivia está repleta de anécdotas. Una de ellas cuenta que el presidente Mariano Melgarejo caminaba con “la Constitución en el bolsillo” en un afán de mostrar quién era el que mandaba en el país; otra se debe al exmandatario Jaime Paz Zamora, quien, con su elocuencia verbal, acuñó la frase “cometimos errores y no delitos” a fin de desacreditar las críticas que se hicieron contra su gobierno acusándolo de la comisión de delitos vinculados al narcotráfico.

Al presente, el Gobierno acuñó la idea de la “ruptura de la cadena de mando” para deslindar responsabilidad de su cúpula en la represión a los indígenas en Chaparina, dando a entender que en esa intervención no habría existido responsabilidad alguna por parte del Órgano Ejecutivo por la represión y que la misma se habría debido a alguna disfunción o desvarío de los mandos bajos, situación poco creíble y que amerita las siguientes consideraciones.

En efecto, de la adecuada compresión de los roles y funciones que ejerce cada ministro en su cartera, se tiene que el Ministro de Gobierno, según la “Ley lope” (Ley de Organización del Poder Ejecutivo), DS 29894, establece entre sus principios el de la gestión por resultados, según el cual son los “productos obtenidos en el desempeño de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de la población” los que deben medirse y evaluarse.

Más aún, entre sus atribuciones se encuentra la prevista en el articulo 34 inciso c) que señala “dirigir a la Policía Boliviana garantizando su accionar efectivo en la preservación de la seguridad pública y la defensa de la sociedad, priorizando su acción preventiva y de auxilio, el control del orden público y el cumplimiento de las leyes de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado”, vale decir que el Ministro de Gobierno tiene la obligación legal de responder por los resultados que se susciten en sus funciones, garantizando el “accionar efectivo” de la Policía Nacional.

Al presente, el Ministerio Público, lejos de responder al clamor social y actuar en justicia, desestimó cualquier acción penal contra Sacha Llorenti, quien debió ser el principal implicado en la investigación, no solo porque en ese momento fungía como Ministro de Gobierno –por tanto, responsable directo de los mandos a su cargo–, sino también porque hasta la fecha no se ha logrado establecer quién o dónde se habría dado la ruptura de la famosa “cadena de mando”.

Con ello se fomenta esa vieja y siniestra cultura de impunidad, propia de regímenes de facto de los años 70, cuando se hacía de todo pero no se hallaba a los responsables, tal como ahora parece suceder, porque no es la justicia la que reina, sino la impunidad y el contubernio para encubrir la represión contra los indígenas.

La historia de Bolivia, lamentablemente, a pesar de los cambios y grandes transformaciones que se ha impulsado en estos 32 años de democracia, oscila pendularmente entre la consolidación de una cultura democrática moderna, racional, sujeta a valores y principios y la cultura del más fuerte, donde no prevalecen los principios, los valores ni el respeto institucional a los Derechos Humanos, sino la cultura del más vivo, del más fuerte, del todopoderoso.

El punto es tal que existen hechos realmente cuestionables como el secuestro y la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz o la masacre de la calle Harrington que han quedado en el olvido y en la impunidad, es decir, sin sancionar a los responsables quienes, seguramente, aún gozan de poder, dinero y prestigio.

En el caso de la represión en Chaparina resulta poco creíble y ajeno a la sana crítica, a la razonabilidad y a la proporcionalidad que debe tener en todo jurista el hecho de que un operativo de la magnitud, trascendencia e importancia como el realizado (donde se ha desplegado centenares de policías para reprimir una marcha indígena en un momento en que todo el país seguía la tensión allí generada) se haya cumplido a espaldas de los jerarcas del Gobierno, en particular del entonces ministro Llorenti.

Se pretende hacer creer que se “rompió la cadena de mando”, que no se sabía de lo acaecido, hecho que, en caso de ser así, debió haber motivado a que ellos sean los primeros en identificar, procesar y sancionar penalmente a los responsables, extremo que tampoco aconteció, haciéndose como si nada hubiera pasado, actitud de por sí sospechosa, que levanta dudas no solo sobre la teoría expuesta, sino también sobre la calidad moral, credibilidad y honestidad de sus locutores.

*    Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional (UMSS).

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