La Gaceta Jurídica

La inconstitucionalidad del proceso monitorio en el nuevo CPC

Independientemente de la categoría procesal de que se trate, ningún proceso puede empezar con una sentencia como dispone el artículo 375 del nuevo CPC. Lo que es peor, ¿el demandado es “citado” con la sentencia?

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 14 de febrero de 2016

La pasada semana fui abordado por Fabián Toro Ortega y me dijo que leía nuestra columna y que asistió a los cursos de capacitación para la aplicación del nuevo Código Procesal Civil (cpc). Me contó que es compañero de Jorge Omar Mostajo y me informó que los capacitadores, en lugar de manejar argumentos sobre mis escritos, me insultan.

Mi eventual interlocutor me dijo que el Proceso Monitorio es inconstitucional (en efecto, asentí porque tenía razón), pero que ni César Villarroel y mucho menos Mostajo le absolverían la duda. ¿Por qué? Porque esta institución fue copiada del anteproyecto de Código Procesal de René Blattmann de 1997.

En todo caso, si quería una respuesta, debía buscar a los proyectistas de ese entonces, es decir, Mario Cordero Miranda y Enrique Díaz Romero. Si quiere ir más al fondo, tendría que pedir una explicación a los proyectistas del Código Modelo para Iberoamérica, los uruguayos Jorge Vescovi y Gelsi Bidart.

“¿Acaso Villarroel no escribió el proyecto?”, preguntó Toro. “¡No!, lo copió del anteproyecto de Goni”, le respondí categóricamente. Como Fabián, muchos ciudadanos ignoran la matriz del nuevo sistema procesal. En un artículo anterior escribí sobre los procesos monitorios y concluimos que son copia del anteproyecto de Blattmann. Esta vez analizaré el fondo del mismo.

La hipótesis de Fabián Toro es co- rrecta, el Proceso Monitorio es inconstitucional de acuerdo al nuevo diseño preceptivo. Veamos.

Empecemos por sostener que el nuevo cpc trata el Proceso Monitorio desde el artículo 375 hasta el 396 y fue copiado del anteproyecto de Blattmann del artículo 431 al 451. Si usted coteja, amable lector, encontrará que Villarroel terminó copiando a Mario Cordero (que fue su Maestro en Derecho Civil).

A manera de ejemplo cito literalmente dos textos: a) El cpc de Evo dice: “(Principio) I. El proceso monitorio es el régimen conforme al cual, presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso que se pretende, acoge la demanda mediante una sentencia inicial.

II. Con la demanda y la sentencia será citada la parte demandada para que pueda oponer excepciones en el plazo de diez días.

III. Si no se opusieren excepciones en el plazo señalado, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, entrando en la fase de la ejecución”.

Pues bien, ¿de dónde copiaron el texto? Del artículo 431 del anteproyecto de cpc de Blattman.

b) El Código Goni dice lo mismo: “Artículo 431 (PRINCIPIO). El proceso monitorio es el régimen conforme al cual, presentado el documentos o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, el juez, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad y legitimación, así como las específicos que se pretende, acoge la demanda mediante una sentencia.

II. La sentencia será citada al demandado para que pueda oponer excepciones en el plazo de diez días.

III. Si no se opusieren excepciones en el plazo señalado, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, entrando en la fase de ejecución de sentencia”.

¿Cuáles son las diferencias? El Código Villarroel agrega la palabra “inicial” y punto. Con inteligencia, Villarroel agrega en el parágrafo III “...de sentencia” y nada más.

Así, el Proceso Monitorio es inconstitucional, como afirma Fabián Toro Ortega; pero, ¿dónde radica la inconstitucionalidad? Inevitablemente, debemos citar la fuente más remota, el Código Modelo para Iberoamérica, proyecto publicado en 1980 y utilizado por Cordero Miranda, quien, por supuesto, citó la fuente, lo que revela honestidad intelectual; aunque no ocurrió lo mismo con Villarroel y Andrés Valdivia, quienes presentaron su proyecto como producto “original”.

El Anteproyecto para Iberoamérica regula el Proceso Monitorio a partir del artículo 311 hasta el 316. En ninguna parte se escribe sobre una “sentencia inicial” y otra “sentencia definitiva”. Entonces, ¿quién introdujo el concepto de “sentencia”?. Fueron Cor- dero y Díaz Romero y el alumno, José César Villarroel, agregó el vocablo “inicial”, dando a entender que existe la sentencia definitiva.

Cuando el estudio le fue confiado a Cordero Miranda regía la Constitución de 1967. Si algo de positivo tiene el nuevo sistema político es que creó una Cons-titución que, a todas luces, es revolucionaria en el campo de los derechos; v. gr, incorporó derechos del consumidor, de la vejez, del medio ambiente, etc.

El artículo 117 dice: “I. Ninguna persona puede ser condenada SIN HABER SIDO OÍDA Y JUZGADA PREVIAMENTE EN UN DEBIDO PROCESO” (sic).Independientemente de la categoría procesal de que se trate (por ejemplo, el proceso penal es aplicable al proceso civil y en este caso al Proceso Moni-torio), ningún proceso puede empezar CON UNA SENTENCIA como dispone el artículo 375 del nuevo cpc. Lo que es peor, ¿el demandado es “citado” con la sentencia?, ¿qué es eso?

Es más, ¿de dónde sacaron la “sentencia inicial?” Esto no está en el Código Modelo para Iberoamérica, entiendo que fue creada por Cordero Miranda y Díaz Romero y Villarroel, ingenuo (como copió de su maestro de manera acrítica), incorporó el vocablo “inicial”.

En términos generales, al actual cpc no está encuadrado, no consulta al nuevo Sistema Constitucional. Entonces, Villa- rroel y compañía debían saber que en el país rige un nuevo sistema constitucional desde febrero de 2009, que fue aprobado médiate referéndum. Una de las garantías constitucionales es el PREVIO Y DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo 117 de la Nueva Constitución Política del Estado (cpe).

En otros términos, cualquier sentencia debe estar precedida de un proceso previo y, además, debido proceso. Esto último es que, en cualquier proceso, el demandado se debe defender con toda amplitud, lo que, además, es una garantía de carácter universal de DERECHOS HUMANOS (en el caso de nuestro continente, estipulado por el Pacto de San José de Costa Rica en 1969). Para este fin, es menester citar el artículo 410 de la cpe, porque todos, gobernantes y gobernados, debemos sujetar nuestros actos a lo mandado por la cpe. Eso no es todo, el concepto de “bloque de constitucionalidad”, previsto en el parágrafo II del mismo dispositivo constitucional dispone que los derechos humanos son parte de la normativa interna en congruencia con la Constitución.

Si esto es así, el Proceso Monitorio, que fue desnaturalizado por los proyectistas autóctonos, es abiertamente inconstitucional. La palabra “monitorio” suena bonito, pero no se trata de la estética de las normas, el ciudadano intercultural tiene el derecho a un JUICIO previo y, por supuesto, al DEBIDO PROCESO: no puede existir “sentencia Inicial” y después una “sentencia definitiva”, NO. La sentencia debe ser el producto de un proceso previo.

Este vicio proviene del gobierno de Goni, es decir del neoliberalismo. Ocurre que su ministro de Justicia, René Blattmann, nos legó la Ley 1770 de 10 de marzo de 1997, más conocida como Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, que incorporó el Proceso Coactivo en el artículo 48.

En el parágrafo II, dice: “... (el Juez) dictará sentencia (...) En uno y otro caso, se pronunciará sin noticia de deudor”. ¿Qué tal? Era el neoliberalismo que favorecía a los capitalistas.

El nuevo cpc reproduce el vicio, ¡no puede ser!, y esto pasa porque sus proyectistas copiaron acríticamente el anteproyecto de Goni.

¿Pueden decirnos que el actual Código es original? ¡No lo es! Es copia hasta la exposición de motivos. Los proyectistas ni siquiera tendrían la capacidad intelectual de responder a la interrogante: ¿qué entienden por interculturalidad?

*    Es experto en Derecho Privado.

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