La Gaceta Jurídica

De la independencia y del separatismo

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 03 de octubre de 2014

Los recientes sucesos acaecidos en Escocia y los que se han producido en Cataluña, España, han puesto en tela de juicio todo lo relativo a lo que podría considerarse el derecho de los pueblos a plantearse en cualquier momento de su historia la posibilidad de lograr su “independencia”.

En el primer caso, el referido a Escocia como territorio que forma parte de la Gran Bretaña, el tema quedó finalmente resuelto con un referéndum que acabó rechazando la independencia con un porcentaje algo superior al 55 por ciento. El otro tema parecido, referido a Cataluña en España, aún no está resuelto, pero existe un esquema que tiene como objetivo principal la independencia de esa región española.

¿Por qué estamos trayendo a colación estos temas? Un poco para recordar lo ocurrido en nuestro país con motivo de la autonomía. Evidentemen- te, no es el mismo caso o no es la misma figura legal, pero tendríamos que preguntarnos en qué derivó la temática referida a la autonomía cuando al principio el propio Gobierno no fue precisamente partidario de ella.

Quedó en evidencia que determinados departamentos del país (sobre todo los del oriente) encabezaron un movimiento destinado a hacer realidad la autonomía a nivel regional. Todo ello en medio de esquemas claramente centralizadores.

Este es un panorama que acabó encabezado en cuanto a su ejecución por el departamento de Santa Cruz. Finalizó con aquella actuación que recibió el nombre de “El Cabildo del Millón”.

Aquella cúspide del movimiento autonomista acabó molestando aún más a sus opositores, entre ellos muchos de los propios gobernantes y, entonces, apareció el fenómeno acusatorio con la denominación de “separatismo”. O sea, la utilización de esta terminología acabó colocando a los “autonomistas” en la postura de “separatistas”.

Con los alcances de tal denominación, los inicialmente autonomistas acabaron apareciendo como partidarios no solo de la “separación” de Santa Cruz de Bolivia, sino partidarios de la “independencia” cruceña. Hubo incluso calificativos de “traidores” a la patria.

Luego, cuando los detalles acabaron aclarándose en la Ley Marco de Autonomía y Descentralización de 19 de julio del 2010, se supo que habíamos estado viendo fantasmas por todos lados y, por razones políticas, inventando propósitos separatistas con relación al Estado en lugar de lo que deberían ser las auténticas autonomías departamentales como parte de la estructura institucional del nuevo Estado Plurinacional.

En fin, habíamos acabado trastocando todo el esquema de aquella estructura.

El artículo 1 de la ley nombrada señala: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”

Es evidente –lo reiteramos– que existen entre los procesos de los territorios europeos citados y el referido a la autonomía en Bolivia evidentes diferencias, comenzando que en ambos casos se trata de figuras y objetivos diferentes.

A pesar de todo lo que se ha dicho respecto del proceso autonomista, aumentado y corregido, éste nunca enarboló la bandera de la independencia y se intentó confundir con el separatismo, como si Santa Cruz estaría pretendiendo, incluso con otros departamentos, conformar otro país.

El Capítulo II del Código Penal, a partir del artículo 121, habla de los delitos contra la seguridad del Estado. No creemos que los sucesos acaecidos en Santa Cruz y otros distritos caigan dentro de la tipicidad destacada por ese Código, cuando habla de “Alzamientos armados”; concesión de facultades extraordinarias; sedición; atribuirse los derechos del pueblo; conspiración; seducción de tropas; atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado y ultraje a los símbolos nacionales.

Al respecto, nos parece que fueron excesivas las reacciones de las autoridades del Gobierno central. Lo curioso es que la obtención final de la autonomía departamental estuvo algo lejos de tener los alcances que se le atribuyeron originalmente.

Pero lo que nos ha parecido totalmente excesivo es la forma en que calificó de ser un proceso independentista, mientras que se trataba de un accionar autonomista.

En el otro hemisferio, durante el acto eleccionario en Escocia, por ejemplo, quienes eran partidarios del voto afirmativo favoreciendo la independencia del Reino Unido asistieron a la campaña electoral correspondiente y luego al mismo referéndum con el atuendo que los identificaba favoreciendo la independencia o portando carteles y pancartas públicas de apoyo a esa postura.

En la región española de Cataluña hay grupos políticos que abiertamente expresan sin tapujos su apoyo a la postura independentista. También se suceden actos públicos con el mismo fin.

En ninguno de esos casos hay intervención torpe de la policía ni prohibiciones legales reglamentarias con sanciones a quienes apoyan la independencia o separación del territorio. En Bolivia parece inconcebible que el Gobierno hubiera permitido que se expresara públicamente una postura contraria a la de “arriba”.

Imagínense si alguien solo de paso hubiese hablado de “independencia”, por lo menos se hubiese pedido su declaratoria de traidor a la patria y de inmediato su público fusilamiento. Y eso que aquí únicamente se estaba hablando de autonomía. De comienzo, este solo hecho fue catalogado como una especie de “pecado mortal” con pena de infierno de por vida.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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