La Gaceta Jurídica

El indulto dentro de la problemática penal

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 04 de octubre de 2013

A raíz de los ya conocidos y graves acontecimientos sucedidos en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, otra vez aparecieron los fantasmas referidos al problema agudo de las sanciones contra el delito, la retardación de justicia, al hacinamiento de las cárceles y otros que forman parte del mismo panorama.

Empero, hasta el presente, ninguno de esos problemas ha encontrado al menos una solución parcial. Menos siquiera se ha comenzado a encarar el tema referido a la responsabilidad derivada de los muy graves hechos de Palmasola. El único tema que acaba de aparecer y que todavía tardará en su aplicación es el referido al indulto y la amnistía. Ambas figuras están señaladas en el inciso 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado (cpe), que, entre las atribuciones del Presidente del Estado Plurinacional, indica: “Declarar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Inicialmente nos preguntamos el ¿por qué de esa aprobación de la Asamblea Legislativa? ¿Es que el Ejecutivo debe esperar una especie de visto bueno del Legislativo para uno de sus actos? No bastaba decir “mediante el respectivo Decreto Supremo”? ¿Tiene acaso la suficiente lógica asignar toda una capacidad de aprobación (previo análisis del detalle, se supone) a un ente tan amplio y complejo como una Asamblea Nacional Legislativa?En su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio define la amnistía como la figura que extingue la acción penal y hace cesar la condena y todos sus efectos.

Sobre el indulto, el mismo diccionario lo define como “la remisión o perdón total o parcial de las penas judicialmente impuestas”. Se añade que “se trata, en definitiva, de una de las formas de extinción de la pena…”

Como era de esperar, el Órgano Legislativo no se atrevió a modificar alguna pequeña cosita en el texto de la norma enviada por el Ejecutivo.

El primer enredo del que se ha librado el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) se hubiera originado si a alguien se le ocurría plantear una “consulta de un proyecto de ley”.

Acabamos de ver, que el texto constitucional, como atribución del Presidente del Estado, señala la de declarar amnistía o indulto. Nos preguntamos, ¿en qué debería consistir esa tan singular declaración? En los hechos, aquella se concreta mediante un decreto emanado de la Presidencia, pero que debe ser aprobado para su aplicación legal por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, a partir de que el documento sale expedido por el Presidente del Estado ya no puede hablarse de ningún proyecto, porque no ha de ser remitido al Congreso en esa calidad, sino pidiendo la APROBACIÓN.

El nomen juria del Capítulo III, Título V, de la ley del Tribunal Constitucional dice: “Consultas sobre la Constitu- cionalidad de los Proyectos de Ley”.Las figuras que estamos analizando han quedado, por lo tanto, quizás no mucho en los detalles conceptuales, sino en su forma de ser presentadas y en sus detalles de aplicación, con muchos vacíos e incluso con varios errores cuando se trata de aplicarlas.

Si dejamos de lado los aspectos conceptuales que nunca han sido fáciles de precisar en relación a temas jurídicos, el problema visto desde su punto de vista en un interno mayor, obviamente, es mucho más complejo.

Y es que, en un último análisis, tratar siquiera de insinuar que las figuras de la amnistía y el indulto habrían de contribuir en forma por demás notoria a la solución de los diversos problemas del país en materia penal es una ingenuidad notoria y simplista. En definitiva, aquella problemática es altamente compleja y, además, tiene innúmeras facetas.

No se trata, por lo tanto, de intentar curar la tuberculosis con aspirina. Aunque tomemos centenares de aquellas, el resultado seguirá siendo ridículo.

En un reciente trabajo, el ex presidente de la República Eduardo Rodríguez Beltzé destaca dos temas que quisiéramos resaltarlos: uno es el referido a la necesidad de acabar con el hacinamiento carcelario, dejando de aplicar, como hasta hoy, las “penas de cárcel” y con imaginación sustituyendo las mismas, como hay casos en la justicia comunitaria.

El otro, que nos parece fundamental, es el referido a la figura de la “detención preventiva”, una de las frecuentes formas de resolución después de las tan temidas “audiencias cautelares”.

Finalmente, aquellas medidas, si bien podrían estar ajustadas a derecho en muchos casos, sólo complican al ya agravado fenómeno carcelario. A los recintos penitenciarios van todos por igual, “preventivos y condenados” e, incluso, entre éstos últimos ni siquiera condenados mediante sentencia ejecutoriada (con todas las instancias y recursos vencidos, sino que, de nuevo, todos en la misma bolsa.

Son, por lo tanto, aquellas que citamos sólo como ejemplo las que tienen que comenzar a estudiarse muy en serio.

Hasta el momento, pensamos que se siguen provocando los mayores debates en detalles que, en el campo penal, no son tan sustanciales o que, en todo caso, requerirán medidas menos urgentes.

Creemos de mayor prioridad encarar ahora la reforma del Procedimiento Penal y la reforma del sistema penitenciario. Esto último sin que signifique descuidar de alguna manera otro tema de primordial importancia que es el referido a la retardación de justicia. No se debe olvidar que parte de esa temática ya habrá debido ser abordada entre las varias reformas a introducirse en el texto del Código de Procedimiento Penal.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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