La Gaceta Jurídica

El “informe final” sobre la Consulta Previa en el Tipnis

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 23 de abril de 2013

Hemos iniciado abril sorprendidos con la noticia de que el Ministerio de Obras Públicas presentó el Informe final del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Moxeño-Trinitario, Yuracaré y Chimán del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), editado en un texto que incluye algunos antecedentes sobre la consulta, sus bases legales, la etapa preparatoria del proceso, el registro –comunidad por comunidad– de la visita de los brigadistas, los cuadros con resultados de los cabildos y las necesidades expresadas por los pobladores, con datos de fechas y aportes de los pobladores de cada comunidad sobre el tema de carretera, intangibilidad y salvaguardas.

Todo lo anterior respaldado con 24 anexos de actas con notificaciones, invitaciones, solicitudes, informes, etc.; todo lo cual se ha entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dando así por concluido el proceso iniciado el 29 de julio de 2012.

El informe, plasmado en un libro que describe la participación de las 69 comunidades del Tipnis, describe la aceptación de 58 comunidades a la Consulta en sus cabildos y asambleas, concluyendo que de todas, 55 –cerca del 80 por ciento– dijeron “sí” a la construcción de la carretera que unirá Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y 57 –82 por ciento– rechazaron que el territorio sea intangible.

Este es un dato impresionante, que llama la atención porque contrasta con las conclusiones del informe elaborado el pasado año por la Comisión Interinstitucional de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (apdhb), que visitó 36 comunidades y un centro de gestión (aldea que concentra a varias comunidades) desde el 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2012, estableciendo que la consulta para construir una carretera no fue libre ni de buena fe, es decir, que no se ajustó a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales.

Cabe hacer notar que, de acuerdo al informe del pasado año, 30 de las 36 comunidades visitadas habrían expresado su rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del Tipnis, a la que “históricamente” se opusieron los pueblos indígenas desde la década de 1990 y así lo manifestaron en la viii y ix marcha y que, por cierto, es diametralmente opuesto al dato ofrecido por el Minis- terio de Obras Públicas sobre el tema.

Ahora bien, es notable el esfuerzo desarrollado  por el Gobierno para sistematizar en un solo informe el desarrollo y las incidencias del proceso de consulta; sin embargo, en esta oportunidad considero importante detenerme en las lecciones importantes que nos deja este histórico y polémico proceso, que si bien fue denominado de “consulta previa”, en realidad fue “posterior” a todas las gestiones gubernamentales realizadas de forma inconsulta para la construcción de la carretera.

En este sentido, la “Consulta Previa, Libre e Informada” se activó en un contexto de crisis en la relación entre el Estado y los indígenas del Tipnis, lo que no implica una crisis al interior de los propios pueblos y comunidades que habitan ese territorio indígena y parque nacional, que antes de mostrarse divididos, arribaron hasta la sede de gobierno en dos marchas multitudinarias.

En todo caso, este mecanismo democrático de resolución pacífica de desencuentros entre el Estado y los pueblos indígenas le permitió al Gobierno ampliar sus conocimientos de esa parte importante del país que fue invisibilizada y excluida por el Estado monocultural del pasado y, paradójicamente, al denominado “Estado Plurina- cional” (aún en construcción) le permitió profundizar sus conocimientos sobre las concepciones de territorialidad y de reproducción de la vida de los pueblos y comunidades indígenas de esa zona.

Así, por ejemplo, el desarrollo (aunque irregular) de la consulta aportó grandes lecciones sobre las condiciones desfavorables en que viven los pueblos y comunidades indígenas en la Amazonía: altos índices de desnutrición, mala salud y mala escolaridad; bastantes limitaciones en seguridad alimentaria, problemas de comunicación vial y fluvial que se incrementan en los periodos de lluvia, entre otros.

Por otro lado, la Consulta Previa también ha dado lugar a un diálogo intercultural Estado-comunidades indígenas, así como entre los tres pueblos indígenas directamente interesados en la consulta, posibilitando así un profundo diálogo al interior de las propias comunidades indígenas. Sin embargo, tanto en ese diálogo con el Estado como en el diálogo interintracultural al interior de los pueblos indígenas titulares de la consulta, no se ha empleado las instituciones y procedimientos propios, con la oportunidad y eficacia a que hacen referencia la Constitución Política del Estado (cpe), los tratados internacionales, así como las leyes vigentes en el país, lo que ha derivado a cuestionamientos constante por parte de la población en general, en un clima de incredulidad y desconfianza.

Asimismo, la Consulta Previa desarrollada en medio de muchas tensiones, conflictos y contradicciones dentro del “proceso de cambio” y muy lejos de ser un “hecho político democrático sin precedentes en nuestra historia”, culminó poniendo en evidencia que el régimen actual entiende que si bien el pueblo vota y elige, ello no implica que deba ser considerado sujeto válido para participar en la toma de decisiones, lo cual es un retroceso a un régimen de democracia restringida y excluyente que creíamos superado y al cual se nos conduce al desconocer el carácter “previo” de la consulta, lo que en los hechos se tradujo en una imposición directa de los pueblos indígenas, hacia el Presidente de turno, recordándole la vigencia de la Consti- tución y sus derechos, cuyo respeto y observancia se ha tenido que exigir antes que doblegarse a decisiones gubernamentales apresuradas e inconsultas.

Finalmente, si bien se trata de la primera Consulta Previa, Libre e Informada en Bolivia, se ha constituido en el mecanismo idóneo de reivindicación para que el Estado (como gobierno) garantice realmente el ejercicio de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, establecidos en la cpe y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, logrando que el gobierno actual, admita la plena incorporación de los pueblos indígenas del Tipnis al proceso de construcción del nuevo Estado Plurinacional.

Todo debiendo empezar a reconocer la existencia de un paisaje inmenso de naciones y pueblos indígenas preexistentes a la fundación de la República y tomándolos en cuenta en todo tiempo para la toma de decisiones que pudieren afectarles directamente, como manda la propia Constitución, a fin de hacer efectiva la democracia intercultural, que todavía constituye la aspiración común de todos(as) los(las) bolivianos(as).

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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