La Gaceta Jurídica

Una inopinada sentencia constitucional

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 13 de julio de 2012

Queremos de entrada, indicar que todo lo que señalaremos en este trabajo no significa de ninguna manera que estamos haciendo un “llamado” a la desobediencia o el incumplimiento de la Sentencia Constitucional 300/2012 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esos extremos no caben. Al tenor del artículo 203 de la Constitución Política del Estado (cpe) sus fallos son últimos e irrevisables.

Lo anteriormente destacado no nos quita el derecho de efectuar comentarios y/o críticas al contenido de aquella Sentencia, más aún si la misma está referida a un tema muy polémico que ha constituido, además, motivo de permanente preocupación y debate a nivel no sólo nacional, sino incluso fuera del país.

En criterio nuestro, las dos leyes demandadas, la Nº 180, que declaró la “intangibilidad del Tipnis, y la Nº 222 que acabó contradiciendo a la anterior y dispuso la realización de una “consulta previa” en el tema de la construcción de una carretera por aquél territorio, son claramente INCONSTITUCIONALES, por la sencilla y simple razón de que ambas no han cumplido lo que dispone el artículo 30 (15) de la cpe en relación, fundamentalmente, a la efectivización de una consulta con el carácter de “previa”.

A partir de lo que se ha avanzado hasta hoy en torno a aquella problemática, no es admisible, así se rebusquen argumentos, una consulta con el añadido de “previa”. Además aquella, debería ser de “buena fe y concertada”, elementos también señalados en la misma disposición constitucional. Empero, la citada Sentencia Constitucional Nº 300/2012 lo único que ha conseguido es dejar otras dudas y crear evidentes vacíos legales.

Estamos hablando de acciones abstractas de inconstitucionalidad, previstas en el artículo 202 (1) de la cpe en vigencia y los artículos 103 al 108 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) de 6 de julio de 2010.

Luego de determinar la conexitud de las causas, el fallo comienza declarando la IMPROCEDENCIA de una de esas acciones (la interpuesta contra la Ley 180) en relación a sus artículos I (III), 3 y 4. Respecto de las “formas de resolución” del TCP en este caso o acción, el artículo 107 de la Ley del tcp sólo admite dos: se declara la CONSTITUCIONALIDAD en todo o en parte de la norma impugnada o se dispone la INCONSTITUCIONALIDAD, también en todo o en parte de aquella. No existe otra forma. Por lo tanto la IMPROCEDENCIA es ajena a las resoluciones del TCP. No existe para el caso.

Todos los detalles referidos a las “FORMALIDADES” de cualquier acción ante ese Tribunal se deciden en la COMISIÓN DE ADMISIÓN (artículo 54 de la Ley del TCP), o sea, cualquier decisión PREVIA sobre detalles de forma no es competencia del PLENO DEL TRIBUNAL. Por tanto, lo de improcedente es un mal invento en el caso.

Pero existen otros detalles más. Respecto a la otra Ley, la 222, el TCP declaró una CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del artículo 101 y se dispone a dictar una especie de “Reglamento” normativo que haga posible y facilite la realización de la consulta previa. Ni siquiera el Tribunal se ha detenido a analizar lo básico: es decir, si esa CONSULTA, a la que se refiere la Ley 222, realmente es o no PREVIA.

Esto hubiera implicado pronunciarse sobre el tema fundamental, o sea, si aquella estaba o no cumpliendo el texto del artículo 30 de la cpe, más el que corresponde a los artículos 343 y 358 de la misma Constitución. Esa es la tarea asignada al tcp. Así lo establece el artículo 196 (I) de la cpe y el artículo 2 de la Ley del tcp. Por lo tanto, esa tarea básica y elemental ha quedado incumplida.

Y seguimos. En aquel afán de “ayudar a la consulta”, el tcp “insta a los pueblos indígenas originario campesinos, habitantes del Tipnis, a que COADYUVEN con su participación a entablar un diálogo con el Estado…”. Se utiliza en forma impropia el concepto del Estado y se lo confunde con el GOBIERNO. Pero, lo importante es que el tcp no tiene por qué instar a terceros respecto de la acción jurisdiccional, en la cual aquello no tiene arte ni parte. Es decir, no es parte del fallo ni es parte de las funciones encomendadas al Tribunal.

Y sigue. El fallo EXHORTA a “la Asamblea Legislativa Plurinacional, a ser COADYUVANTE (otra vez) de la facilitación de la CONCERTACIÓN y en la configuración posterior de los acuerdos asumidos (sic)”.

¿A qué?, ¿bajo qué razones o motivos el tcp acaba exhortando a uno de los órganos del Estado a cualquier cosa? No tenía por qué hacerlo. Lo que hubiese sido deseable, pero no era posible, es que el Tribunal hubiese “exhortado” a la Asamblea a no enredar su principal función que es la de legislar. Así ha sucedido al dictar primero la Ley 180 y luego la 222, que ni siquiera la Asamblea se tomó el trabajo de abrogar la primera, porque entre ambas no se parecen en nada. El tema referido a cuál de las dos leyes quedaba finalmente vigente nunca ha sido siquiera abordado y, en consecuencia, jamás ha sido aclarado.

Pero el fallo continúa en ese su afán de “relacionarse” con todos los órganos del Estado. En efecto, se dice: “El Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y en resguardo de los derechos de los pueblos indígena, originario, campesinos, DEBE PROPICIAR Y FACILITAR EL DIÁLOGO NECESARIO CON DICHOS PUEBLOS…” ¿Con cuáles en específico, en qué forma, mediante qué instrumentos legales?, el Ejecutivo que se la arregle.

Nos preguntamos simplemente: ¿Qué pasaría si aquellas buenas intenciones y directivas del Tribunal NO SE CUMPLEN? La Constitucionalidad CONDICIONADA, al haberse incumplido las CONDICIONES, ¿se convierte en INCONSTITUCIONALIDAD? Quién lo decide? O sea, ¿quién inicialmente decide si las condiciones se cumplieron o no? Este es un vacío y una interrogante fundamentales que deja el fallo que hemos comentado.

Espere…

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