La Gaceta Jurídica

Una introducción a la sociología del Derecho

El primero cuando se usa a la sociología como ciencia auxiliar de los operadores jurídicos. Por ejemplo, en criminología la sociología aporta hipótesis sobre los determinantes del comportamiento delictivo, que pueden resultar útiles para el Derecho penal.

Foto: rnz.de

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Henry Trujillo

00:00 / 11 de octubre de 2015

Principales temas

Los clásicos de la sociología prestaron especial atención a los fenómenos jurídicos cuando trazaron sus concepciones teóricas. El análisis del Derecho resultaba una temática recurrente. En cierta medida, eso se explica por cuanto la formación básica de la que solían provenir era los estudios jurídicos.

Marx, Durkheim y Weber realizaron sus estudios de grado en Derecho y derivaron hacia una disciplina que tuvieron que contribuir a desarrollar. Pero, solo Weber desarrolló una conceptualización específica para el Derecho, es decir, fue el único que propiamente creó una “sociología del Derecho”. Por tanto, nos basaremos principalmente en él para describir las primordiales características de esta subdisciplina.

¿De qué trata esta disciplina? ¿Qué tipo de fenómeno constituye su interés? Conviene distinguir dos enfoques que suelen ser confundidos bajo la expresión “sociología del derecho”.

El primero cuando se usa a la sociología como ciencia auxiliar de los operadores jurídicos. Por ejemplo, en criminología la sociología aporta hipótesis sobre los determinantes del comportamiento delictivo, que pueden resultar útiles para el Derecho penal.

El otro se refiere a la sociología cuando toma al Derecho (al conjunto de fenómenos que pueden designarse bajo este término) como su objeto de estudio. En este texto, nos centraremos en esta segunda concepción.

Así, entendemos la sociología del Derecho como la rama de la sociología que estudia los fenómenos jurídicos. Dentro de este conjunto de “fenómenos jurídicos” encontramos el estudio de la cultura jurídica, de los procesos de juridificación social, de las relaciones entre Derecho y desarrollo, entre Derecho y política o el análisis de la carrera de abogado, de la organización interna del sistema judicial y muchos temas.

Para delimitar el tema, comencemos por una definición sociológica de lo que significa Derecho. Para Weber existía Derecho cuando estábamos frente a una regularidad de conducta (una acción social con probabilidades de repetirse regularmente) cuyo incumplimiento contaba con una sanción definida y un “cuadro administrativo” encargado de aplicarla. Es decir, para que estemos frente a un fenómeno jurídico, debe existir alguna forma de organización social encargada de hacer cumplir cierto tipo de normas.

Dicho de otra manera, el Derecho se manifiesta toda vez que se usan, interpretan, crean o aplican normas sociales con un cierto tipo de validez, la asegurada por la sociedad políticamente organizada, según dice el sociólogo norteamericano León Mayhew. De la definición weberiana se deduce que debe existir una sociedad “políticamente organizada”.

Por otra parte, es importante observar que la presencia de un texto legal, código, ley o similar es consecuencia de lo anterior, puesto que si existe un cuerpo administrativo con la potestad y la obligación de aplicar sanciones, es comprensible que estas sanciones (y los comportamientos sancionados) estén escritos.

Pero lo importante es la organización social que respalda la regularidad de acción y no el texto legal (que de hecho no siempre existe). Esto advierte que un abordaje sociológico del Derecho jamás se centra en el texto: lo que interesa son los comportamientos sociales.

De la definición se deduce que la sociología del Derecho parte de la premisa de que el Derecho se manifiesta en un contexto social y no tiene sentido sin él. Por tanto, hay un tema recurrente: ¿cuáles son las relaciones entre sociedad y Derecho? Y, en consecuencia, ¿cuáles son las relaciones entre sociología del Derecho y “ciencia jurídica”? Casi podría responderse que las relaciones son innumerables, pero, para acercarse al tema, siguiendo a Mayhew se puede destacar tres puntos importantes y habitualmente polémicos.

¿El Derecho puede imponer o producir cambios por sí solo?, ¿puede servir para imponer principios morales?

¿El Derecho puede ser concebido como un sistema de reglas y principios relacionados lógicamente? o ¿es algo más?

¿De qué forma el Derecho puede proteger a los ciudadanos del poder del Estado?

El primero se refiere a la cuestión de si podemos usar el Derecho como instrumento para cambiar (total o parcialmente) la sociedad o un aspecto de ella. O, más en concreto, si el Derecho puede ser usado para orientar las conductas de los seres humanos. Aunque no se lo dice explícitamente, se responde afirmativamente a esta pregunta cuando se promulga disposiciones normativas, por ejemplo leyes, esperando que la gente se comporte de acuerdo con lo que prohíbe o prescribe el texto.

Así, hace unos años se prohibió fumar en lugares públicos. Como la mayor parte de los que fumaban en lugares públicos dejó de hacerlo, parecería que el Derecho puede orientar la conducta humana.

Pero cuidado. Así como hay ejemplos de textos legales que consiguen orientar las conductas, existen miles que no logran nada.

Por ejemplo, la obligación para los conductores o pasajeros de motocicletas de usar casco o la de usar el cinturón de seguridad en el asiento trasero de los coches, para no mencionar más polémicas como la prohibición del aborto.

Si bastara con promulgar una norma para que las conductas cambiaran, el Derecho podría cambiar la sociedad. Parece que a veces sí y a veces no. Entonces, la pregunta debería ser en ¿qué circunstancias, de qué forma se puede orientar la conducta humana por medio de normas jurídicas? Esto remite a las condiciones que hacen eficaz una disposición legal. Sin embargo, aunque las leyes o decretos sean eficaces (consigan orientar las conductas) hablar de un “cambio social” producido por éstas puede ser exagerado. Pensemos: ¿qué diría Marx sobre esto?

El segundo punto parece independiente del primero, pero se vincula estrechamente. Si el Derecho puede ser concebido como un sistema de principios y reglas relacionados lógicamente y nada más que como ese sistema, suele denominarse formalismo.

En su versión más radical, el formalismo piensa que el Derecho tiene el mismo estatuto que las disciplinas formales como la lógica y la matemática. Obviamente eso no es correcto. Los términos lógicos o matemáticos están formulados en un lenguaje artificial, por lo tanto, no significan nada concreto. Por eso pueden deducirse unos de otros (el teorema de Tales se deduce de los axiomas enunciados por Euclides, por ejemplo, que entre dos puntos solo pasa una recta y nada más que una).

Variando los enunciados se puede generar tantos sistemas lógicos y matemáticos como quiera (por ejemplo, las geometrías no euclidianas). La situación con el Derecho es totalmente distinta: los términos jurídicos, por técnicos que sean en su definición, remiten siempre a un lenguaje natural y exigen ser asignados a un significado concreto. Así, por más vueltas que demos para definir “formalmente” términos como contrato o propiedad, éstos siempre remiten a un objeto o acción de los que afirmamos algo, siempre referido a humanos de carne y hueso.

Esto tiene una consecuencia inmediata: los términos jurídicos están sujetos a interpretación. Por ejemplo, el delito conocido como “abuso innominado de funciones” requiere ser interpretado para identificar qué tipo de acciones caen dentro de esa definición. Y hay polémica cuando los jueces deciden que alguien ha cometido ese delito (1).

Pero una posición formalista “moderada” dirá que, aunque esto sea así, la necesidad de interpretación solo aparece cuando la “norma” no es clara. El texto que define el abuso de funciones es un ejemplo de texto legal no claro. Evidentemente, hay muchas situaciones de ese tipo, algunas producidas porque los legisladores no supieron redactar bien, y otras por necesidad de funcionamiento del sistema (por ejemplo, conceptos generales como “orden público”, “interés superior del menor”, etc. (2)).

Se sostiene esta posición formalista moderada cuando nos enfrentamos a un texto cuyo “tenor literal” no es claro, se producirá un debate jurídico, pero esto no altera el que, en general, las normas tengan un significado preciso.

Esta frase, así como está escrita, implica un error importante. Las normas no pueden tener un significado porque ellas son un significado. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que en tanto texto las “normas” no “tienen” un significado porque solo son una cosa: tinta sobre papel (o algo similar). Las cosas no tienen significados, sino que les atribuimos significados. Un billete de mil pesos, como cosa, no es más que un papel pintado. Se transforma en valioso porque le asignamos, colectivamente, significado.

Este hecho se vincula a la noción de construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1972): la realidad en la que vivimos está basada en aceptar como dados o acordar, convencionalmente, el significado que como sociedad le atribuimos a las cosas.

Así, la realidad de las instituciones como la propiedad o la paternidad son, bien miradas, construcciones colectivas cuya estabilidad radica en buena parte en su carácter no problemático, dado por sentado. Que X tenga la propiedad de un bien significa, socialmente hablando, que se acepta que solo X puede decidir quién puede hacer uso de ese bien y esta aceptación es dada por obvia.

La existencia de una sanción jurídica es solo un respaldo adicional, inoperante cuando se generaliza el desconocimiento de la “propiedad” (como ocurre cuando, en el contexto de crisis repentinas, se producen “saqueos” de comercios).

Volvamos a las normas. Si la norma no es el texto, entonces, ¿qué es? Siguiendo una corriente importante (3) en filosofía del Derecho llamaremos al texto legal (o su equivalente) “disposición legal” si se trata de un mandato producido por un organismo con autoridad legítima. Ejemplo de disposición legal son las leyes, decretos, etc. Reservaremos el término “norma” para referirnos a la interpretación que se ha acordado o impuesto de la disposición legal. Interpretación significa: asignar un significado.

Aquí se nota el carácter eminentemente social del Derecho, porque el proceso de asignar significado a las disposiciones legales es siempre, inevitablemente, colectivo. Un individuo aislado no puede fijar el significado de una disposición. La norma es resultante de la interpretación de la disposición. Y, como toda interpretación sobre aspectos conflictivos de la vida social, es el producto de algún tipo de lucha.

Un ejemplo claro de las tensiones que surgen al procurar establecer el significado o interpretar una norma puede verse en la investigación de Howard Becker sobre los consumidores de marihuana.

Según Becker, alguien es un “desviado” no tanto cuando transgrede una norma, sino cuando es definido como tal por un grupo con capacidad de imponer tal definición. Para referirse a esto, Becker habla de “etiquetamiento”.

La aplicación de normas sociales es la resultante de un proceso entre un grupo social con poder para definir socialmente a alguien como desviado y uno o más sujetos que son los destinatarios de esa definición (Becker, 1971).

Los ejemplos de este autor se refieren más bien a normas culturales, pero no hay ningún problema en aplicar el concepto a la interpretación de una disposición legal. Por ejemplo, un menor entra un supermercado y “roba” un caramelo. ¿Se trata de un robo, realmente? o ¿es solo una travesura? Habitualmente se considera que es lo segundo, pero en un caso que nos contó una defensora de oficio, el chico terminó internado en un centro para menores infractores.

Algunos argumentan que lo que suele ser objeto de interpretación es la forma de aplicar la norma, pero no la norma misma, que es generalmente “clara”. En realidad, siempre se interpreta todo. Las disposiciones sobre el desalojo de arrendatarios, los términos contractuales, las reglas de tránsito y las disposiciones constitucionales.

Lo que lleva a confundir disposición con norma es que habitualmente no hay discusión sobre la interpretación de la mayoría de las disposiciones, lo que puede dar la ilusión de que el significado es una propiedad del texto legal, al que va unido intrínsecamente. Más bien, lo que hace el texto legal es limitar las posibilidades del intérprete.

Así, decir que las disposiciones nunca tienen un único significado no es igual a afirmar que pueden tener cualquier significado. En cualquier sociedad, el significado de las disposiciones solo puede variar dentro de un abanico restringido de posibilidades. Pero esa restricción no viene dada exclusivamente por el texto, sino que se le suman dispositivos institucionales específicos que aseguran que las interpretaciones de los textos se mueven dentro de cierto espacio.

Los sistemas judiciales son los que cumplen esta función. Así, en sociedades complejas asignamos a ciertos roles altamente institucionalizados el papel de definir en última instancia cuál es la interpretación “correcta” de una disposición. Nos referimos a los jueces (no como individuos, sino como detentadores de ese rol limitado por mecanismos de revisión también institucionalizados). Por eso, a veces se dice que el Derecho es lo que los jueces dicen que es.

El último punto refiere al papel del Derecho para proteger a los ciudadanos del poder del Estado. Lo formulamos así porque esa fue la aspiración de muchos teóricos del Derecho en los albores de la modernidad. Los jueces debían limitar el poder del soberano. Eso estaba asociado a la promulgación o positivización de los llamados derechos fundamentales.

Aunque en principio uno no puede más que estar de acuerdo con esto, hay momentos en que esta defensa puede entrar en conflicto con otro principio muy caro para la concepción democrática del gobierno: el predominio de las mayorías. ¿Se debe defender a ultranza los derechos individuales aun cuando las mayorías establezcan excepciones?

Por ejemplo, en Uruguay, sobre las investigaciones y eventuales procesamientos de delitos cometidos durante la dictadura militar (1973-1985), hubo una ley que dispuso el cese de la persecución judicial de tales delitos y concentró en el Poder Ejecutivo la facultad de investigar el destino de las personas desaparecidas.

Esta ley fue mantenida por una mayoría de los ciudadanos en un referéndum. Eso implicaba que algunos derechos fundamentales quedaban sin protección por una decisión mayoritaria. ¿Qué se puede decir sobre eso? En este texto solo se puede subrayar el carácter altamente problemático de estas discusiones, que hacen a la esencia de la política bien entendida.

Hoy conviene ampliar la pregunta: ¿el Derecho puede proteger a los ciudadanos, no solo del poder del estado, sino de los poderes fácticos del mundo, como las corporaciones financieras, las empresas multinacionales, el crimen organizado y otros grupos poderosos? Quizás a comienzos del siglo XXI sea una cuestión de mayor interés. Véase lo que pasa con los ciudadanos de países europeos en medio de la crisis económica.

Estos son, entonces, algunos de los principales debates donde la sociología puede (y debe) enlazarse con el Derecho. Tanto con la práctica del Derecho (que no se reduce a los litigios, dicho sea de paso) como con el estudio del Derecho desde la “ciencia jurídica”.

Al tratar de decir algo sobre estos debates, nos encontramos con cuatro tipos de temas, que de algún modo resumen los focos de interés de la sociología del derecho.

Estudio del funcionamiento de los operadores y organizaciones del Derecho. Desarrollo del orden legal dentro de distintas esferas de la vida social. Influencia del Derecho sobre la conducta. Funcionalidad del sistema jurídico frente a otros sistemas.

Tipología de formas de derecho

Una vez establecidas las temáticas y debates básicos sobre los que habitualmente se expide la sociología del Derecho, avanzaremos mostrando cómo pueden ser entendidos los sistemas jurídicos y su relación con otras esferas de la vida social, por ejemplo la economía.

Ya habíamos tocado el tema cuando veíamos los tipos ideales de dominación propuestas por Weber. Continuaremos con este autor que también propuso tipos ideales de derecho que pueden ser puestos en relación con las formas de dominación.

Weber caracteriza las distintas formas históricas del Derecho combinando dos aspectos:

1. La racionalidad o irracionalidad del Derecho: el Derecho es racional cuando se apoya en principios generales y sus elementos están organizados sistemáticamente (irracional no debe entenderse como ilógico).

2. La característica de formal por oposición a material: el Derecho es formal cuando los principios y criterios son específicamente jurídicos. Es material cuando estos principios son extrajurídicos (éticos, políticos, religiosos).

Si combinamos estas dos dimensiones, se obtiene cuatro tipos ideales de derecho:

Continuará

Notas

1. ARTÍCULO 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley). El funcionario público que con abuso de su cargo y con el fin de lograr para sí o para un tercero un provecho económico, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años".

2. Algunos de estos conceptos se formulan sin precisión por necesidades de funcionamiento del sistema. Por ejemplo, lo que hacen estas disposiciones es proveer de criterios generales para enfrentar situaciones que no pueden ser determinadas de antemano.

3. Entre otros, representada por Riccardo Guastini y Giovanni Tarello. Pero distinciones similares pueden encontrarse en autores que se mantienen dentro de la llamada concepción realista del derecho.

*    Es escritor, sociólogo y profesor uruguayo, hoy está considerado uno de los mayores exponentes de la novela policial y la novela negra de la literatura rioplatense.

Tomado de: fder.edu.uy

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