La Gaceta Jurídica

Los juicios de responsabilidad penal

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 14 de noviembre de 2014

El enjuiciamiento de tres magistrados del Tribunal Consti- tucional Plurinacional (tcp) no solo ha levantado polvareda, sino que, además, ha actualizado un tema generalmente olvidado y sobre el que no es común que se presenten casos concretos como el de ahora.

El antecedente ha sido un fallo de este Tribunal Constitucional o, más en concreto, el que dictaron en el momento en que conformaban una Comisión de Admisión de procesos, precisamente los tres magistrados ahora enjuiciados.

Hasta el momento en que escribimos este trabajo se ha concretado una acusación formal contra esos tres juristas por parte de la Cámara de Diputados y la de Senadores iniciará en días más el proceso propiamente dicho, hasta dictar la correspondiente sentencia.

Esta última, eventualmente pudiera ser condenatoria llegando a imponer penas de privación de libertad. Los delitos que se han citado para justificar la respectiva acusación son, por ejemplo, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

En el caso del delito de prevaricato, el artículo 174 del actual Código Penal señala una pena de reclusión de dos a cuatro años.

Estos juicios de responsabilidad penal contra ciertos funcionarios públicos de jerarquía, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ¿no son relativamente recientes como se los quiere presentar ante la opinión pública?

De ninguna manera. Aquellos han existido con una u otras características, prácticamente desde la primera Constitución Política del Estado (cpe).

Podría decirse, incluso, que en la normativa existente antes de la vigencia de la actual cpe y las leyes especiales sobre el tema, los “sujetos procesales” o autoridades que podrían incluirse dentro de estos procedimientos conformaban un número bastante mayor al actual. Esto significa que tales “procedimientos especiales”, como se los ha llamado, protegen cada vez a un número menor de altos funcionarios de Estado.

Para citar solo un ejemplo, la Constitución Política anterior a la actual, es decir, la de 1967 decía en su artículo 127 (Atribuciones de la Corte Suprema), en su inciso 7, “Fallar también en única instancia en las CAUSAS DE RESPONSABILIDAD seguidas a denuncia o querella, contra los Agentes Diplomáticos y Consulares, los Comisarios Demarcadores, Prefectos de Departamento y Superintendentes Departamentales de Minas, Rectores de Universidades, Vocales de las Cortes Superiores, Fiscales de Gobierno y de Distrito Y, EN GENERAL, CONTRA LOS ALTOS FUNCIONARIOS CON JURIS- DICCIÓN NACIONAL QUE SEÑALA LA LEY, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Una lista demasiado larga, sin mayores justificativos para un procedimiento denominado ESPECIAL.

La actual Constitución, en este primer caso, en coincidencia con casi todas las anteriores, dice en su artículo 184 (atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia), numeral 4: “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato…”

A su vez, y en este caso en relación directa con el proceso iniciado contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, el artículo 159, numeral 11, de la actual CPE (atribuciones de la Cámara de Diputados) dice: “Acusar ante la Cámara de Senadores a los MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, del Tribunal Supre- mo y del Control Administrativo de Justicia (debería ser Consejo de la Judicatura) por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Aquel detalle es, asimismo, coincidente con el texto del artículo 183, Numeral 2, de la CPE en cuanto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el texto del Art. 200 (En cuanto a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Hacemos concreta referencia a este tema porque los enjuiciados del Tribunal Constitucional han venido insistiendo en forma pública que las Cámaras del Congreso carecen de COMPETENCIA para cumplir el papel de juzgadores y que, por lo tanto, están usurpando funciones. ¿Esto es evidente?

Por supuesto que NO. Terminante- mente, debemos aquí destacar por todas las citas legales anteriores que la Constitución es rotundamente clara y terminante cuando da esa COMPETENCIA a las cámaras de Diputados y Senadores.

Por otra parte, no está de más recordar que aquel esquema no es nuevo ni mucho menos. En efecto, la Constitución Política de 1878, en sus artículos 60 y 63, establecía esa misma competencia a favor de las cámaras de Diputados y de Senadores.

Es muy mal argumento, por lo tanto, el referido a la falta de COMPETENCIA.

Existe un hecho cierto, la competencia ejercida por la Comisión de Admisión conformada en el Tribunal Constitucional creemos que lo fue en exceso y en forma además irregular, fuera del marco de lo que señala el texto del Código Procesal Constitucio- nal, cuando aquél nos habla del trámite a cumplirse dentro de la Comisión de Admisión.

En ningún caso de habla de “medidas cautelares” y de facultades para dejar en suspenso la vigencia de una Ley (en este caso la Ley del Notariado).

Ahora, en estos actos sin duda irregulares, para llegar hasta la calificación de hechos “delictivos” evidentemente existe un trayecto que siempre ha de ser discutible.

Es, precisamente, este último detalle el que esperamos termine siendo aclarado por el juicio de responsabilidades actual.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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