La Gaceta Jurídica

En la justicia y en otros

…en las instituciones judiciales la cosa es más publicitada, lo que también debería ocurrir con otros hechos, pues la ciudadanía tiene el derecho de conocer lo que sucede, además de que debemos asumir una cultura de denuncia que no se convierta en un peligro…

Editorial

00:00 / 29 de noviembre de 2015

Un tema que reiteradamente “merece” un espacio para ser observado es el de la corrupción, actitud que no solo se encuentra enraizada en el Órgano Judicial, conjunto de instituciones que esta semana fue nuevamente blanco de críticas y opiniones que insisten sobre su crisis.

En el entorno más amplio de irregularidades, en pasados días fue detenida la exministra de Justicia y Desarrollo Rural Julia Ramos, debido a presuntos delitos cometidos con nueve proyectos del extinto Fondo Indígena, caso que involucra a otros funcionarios de gobierno y de organizaciones sociales por planes no ejecutados pero financiados con millones de bolivianos.

Ella fue dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y ahora se encuentra imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y legitimación de ganancias con afectación al Estado.

Además de éste, existen otros casos que son ventilados de diverso modo a partir del Órgano Ejecutivo en niveles judiciales. Otra de las entidades con permanentes denuncias es la Policía nacional, cuyos presuntos y otros comprobados actos se mueven en los linderos del soborno y abusos.

Asimismo, algunos organismos estatales, regionales y locales, como gobernaciones, alcaldías, etc., son aprovechadas por sus funcionarios para enriquecimientos ilícitos y beneficios personales y de terceros.

Sin embargo, de retorno a las instituciones judiciales, la cosa es más publicitada, lo que también debería ocurrir con los hechos apuntados más arriba, pues la ciudadanía tiene el derecho de conocer lo que sucede, además de que debemos asumir una cultura de denuncia que no se convierta en un peligro para la integridad personal y se tenga la protección estatal que garantiza la Constitución Política del Estado.

En cuanto a la difícil situación institucional de la justicia, se viola con especial frecuencia el artículo 115 de la Constitución, que establece que “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Esta vulneración fue evidenciada con el intento de soborno a la madre de un inculpado por delito de violación, lo que derivo en destituciones y querellas contra tres jueces y otros funcionarios.

La situación motivó a que en pasados días las máximas autoridades judiciales reactiven el Consejo Nacional de Desarrollo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano, una colectividad con el objetivo de superar la crisis judicial que fue empeorada por el viaje por un mes de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, actividad que dejó sin quórum al tcp. Con el Consejo presentado en Sucre, los presidentes de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura y el Fiscal General del Estado acordaron trabajar frente a los hechos de corrupción y replantear el actual sistema judicial con miras de sacarlo de la crisis.

Además de este empeño de los magistrados, se encuentra en preparación otro, el de la Cumbre Judicial, que tendrá que ofrecer verdaderas soluciones, pues, como dice el analista Gabriel Peláez, el de la justicia es un problema en varios niveles que requieren análisis pormenorizado.

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